¿Legalidad o desacato en nombramiento de magistrados?

GUADALAJARA, JALISCO (04/SEP/2011).- Representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se enfrascaron en una serie de argumentos con la finalidad de exponer unos, la legalidad de nombramiento de siete magistrados, y otros para contrastar el presunto desacato en la que habrían incurrido los legisladores, cuando el pasado 23 de agosto nombraron a los magistrados.

El legislador del PRI Luis Armando Córdova Díaz, justificó la decisión de lanzar convocatorias para nombrar a magistrados y consejeros del Poder Judicial, y expuso ante el titular del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez, y otros funcionarios estatales y del Poder Judicial, que luego de un diagnóstico llegaron a la conclusión de crecer el número de magistrados.

"En un diálogo constante y permanente con los poderes del estado y la Procuraduría de Justicia para replantear y administrar correctamente la justicia, y sea mucho más eficaz y eficiente, en esta coyuntura, nombramos cuatro nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia", dijo en un programa televisivo.

 En ese foro expuso el presidente de esa comisión legislativa que históricamente el Poder Judicial ha presentado en su presupuesto la necesidad de crear nuevas salas, por lo que espera voluntad del Poder Ejecutivo para la entrega de recursos.

"Estos cuatro nuevos magistrados que pueden formar parte de esas salas unitarias, no forzosamente tienen que integrar las salas de tres en tres, están ya contempladas las salas unitarias", dijo.

Sobre el presunto desacato de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se frenara el proceso de nombramiento de magistrados, Luis Armando Córdova reiteró que los legisladores no han incumplido con la Ley.

 "Aquí no hemos hecho ningún desacato a la ley. Tan es así, que cuando teníamos conocimiento de que había una suspensión, el señor que fue electo como Magistrado del Tribunal de lo Administrativo no tomó protesta. No hay ningún desacato y ya estarán las autoridades resolviendo en ese tema para no entrar a cuestiones subjetivas ni relativas ni con formulismos jurídicos".

 En tanto, el presidente del Supremo Tribunal, Celso Rodríguez González, reconoció que en el Poder Judicial existe una  la sobrecarga de trabajo, a lo que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Raúl Vargas López, indicó que esto les avala el nombramiento de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.

"Me parece importante que el Presidente del Supremo Tribunal reconozca que hay sobrecarga de trabajo y que de alguna manera el Congreso, con la creación, con el nombramiento de cuatro nuevos magistrados, intenta darle desde su perspectiva una alternativa, y no la única, porque también es cierto, como dice bien, que necesita de más recursos para hacer lo que hace, pero también necesita nuevos magistrados y ese es un aspecto que tanto se ha cuestionado al Congreso"

Vargas López lamentó que el Poder Ejecutivo aún no concrete la publicación de la reforma constitucional que pretendía incrementar el número de magistrados y pretendía aumentar en cuatro el número de plazas para ese cargo.

 "Desde que tenía la obligación de publicar la creación de estas nuevas salas, no lo hizo, y no sólo no lo hizo sino que hizo uso de una facultad constitucional que para ese recurso no lo podía hacer, es decir, remitió un veto al Congreso del Estado y no alcanzo a advertir la intencionalidad que no fuera otra que enrarecer el proceso que estaba en marcha el Congreso del Estado", agregó.

El perredista afirmó que las convocatorias no tuvieron cuestionamientos de organismos empresariales hasta el día de la elección, el 23 de agosto. "Esto indicó que no fue el caso de cuando las convocatorias salían un día en la mañana y al mediodía ya se realizaban los nombramientos", dijo.

En el programa de televisión estuvieron también el presidente en Jalisco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Oscar Benavides; Manuel Herrera Vega, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco; José Antonio Pérez Juárez, presidente del Consejo Jalisciense de la Abogacía, y Enrique Villanueva Gómez, consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Los empresarios coincidieron con la postura del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, en el sentido que se incurría en desacato al nombrar magistrados a pesar de la suspensión del procedimiento que ordenó la Suprema Corte.

El titular del Poder Judicial, Celso Rodríguez, estimó que una vez que concluya la revisión del caso en el Órgano Máximo Judicial, la Corte ordenará a los diputados reponer el procedimiento de nombramientos de consejeros.

Por su parte, el procurador de Justicia del Estado, Tomás Coronado Olmos, aprovechó el foro para recriminar a los legisladores la falta de aprobación de leyes en materia de seguridad, muchas de ellas en la congeladora desde hace dos años.

 EL INFORMADOR/ZAIRA YAEL RAMÍREZ