“Las minas son como un cáncer”

GUADALAJARA, JALISCO.- Como espigas, delgados, discretos bajo el sombrero y prendas de tonalidades claras y de piel tiznada por el trabajo en la tierra, los indígenas de Ayotitlán ( Cuautitlán de García Barragán) concuerdan en que las minas son como un cáncer en la Sierra de Manantlán.

“Ni una más. Sólo hay que ver lo que ha hecho el consorcio Peña Colorada en las 30 mil hectáreas que tiene concesionadas desde hace 41 años. Es mentira que tienen proyectos de inversión. Nada. Sólo dejan daños ecológicos”, dijo el comisariado ejidal, Juan Mancilla, en la reunión que tuvieron el jueves las autoridades ejidales de Ayotitlán con las comunales de Chacala, para resolver la última intromisión minera en el predio Las Mojoneras -ubicado en las dos mil 919 hectáreas de El Páramo, zona de conflicto entre ambas poblaciones-.

Representantes de Sergio Páramo Farías, Luis Alejandro Cortés Chavarría y Agustín Páramo (con dirección en avenida Las Primaveras 123 interior 5, del conjunto habitacional Primaveras, en Manzanillo, Colima) se presentaron en la asamblea de Ayotitlán a finales de febrero.

“Vinieron con su solicitud, pero les dijimos que ni tenían la concesión ni los íbamos a dejar entrar. Luego se fueron a Chacala y allá si les aprobaron, son mañosos”, recordó Mancilla con gesto enmuinado y ataviado con playera de Las Chivas, botas y fajo piteado.

La petición tiene sello de la Secretaría de Economía del 28 de julio de 2008 (registro número 04516826) y solicita la exploración minera de oro, plata, plomo, cobre, fierro y toda sustancia concesionable en 300 hectáreas de La Mojonera (al sur de Rancho Viejo, del municipio de Cuautitlán).

Como hormigas llegaron los nahuas uno tras otro a la Casa Ejidal a las 11:00 horas. La cita era para dialogar con los mineros y regresarles el trascabo que les confiscaron el martes, mientras destrozaban la tierra para preparar la exploración. Las autoridades de Chacala sugirieron que el encuentro fuera en el Ayuntamiento de Cuautitlán. Todos se trasladaron en camionetas por un camino rodeado por primaveras, parotas, robles y formaciones serranas, incluido el cerro mordisqueado, carcomido por Peña Colorada. Los empresarios decidieron finalmente no asistir a la reunión.

Antes de comenzar el diálogo, los ejidatarios trataron de reconstruir el rompecabezas afuera de una tienda de abarrotes, tomando refresco y algunas frituras. Memorizaron que durante los últimos meses representantes de la empresa china Gan-Bo, a la cual le detuvieron la maquinaria en enero de 2008 por extraer minerales ilícitamente, han estado rondando la comunidad: “Yo creo que éstos son los mismos, porque donde metieron maquinaria ahora, está a cuatro kilómetros del predio de don Lino (de donde extrajeron alrededor de mil 500 toneladas de materiales)”, expresó Gaudencio Mancilla, hermano del comisario ejidal.

Las irregularidades del incidente de la semana pasada es que exploraron en zona de conflicto entre Chacala y Ayotitlán; que no tienen la concesión de la Secretaría de Economía (sólo presentaron la solicitud); que es un área de amortiguamiento del área natural protegida más importante del Occidente de México: la Reserva de Manantlán, en la que no se permiten actividades de exploración minera; que no existe permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); y que se viola un amparo a favor de Lino Roblada, que ordena la suspensión de cualquier actividad minera en el núcleo agrario de Ayotitlán (el ejido más grande del país).

El despojo de las tierras “es el cuento de nunca acabar”, coinciden los habitantes.

Manuel Martínez Rivera, del Instituto Manantlán de Ecología y Biodiversidad (Imecbio), ha señalado que en la reserva hay al menos 10 mil hectáreas concesionadas –más las que explota Peña Colorada, propiedad de las trasnacionales Ternium y Mittal Steel-y representa una amenaza para los ecosistemas de la región y una violación a las leyes, pues en esas zonas sólo se permiten actividades como el ecoturismo.

En 1997, Juan Catarino Michel y Juan Enrique Michel Arámbula obtuvieron una concesión para explotar 25 hectáreas de don Lino Roblada. Ésta la traspasaron al Consorcio Internacional de Minas y a la empresa china Gan-Bo, las cuales irrumpieron ilegalmente a los terrenos, pues el último requisito para obtener el permiso es que la comunidad la autorice.

“El problema es que la Secretaría de Economía hace todo al revés. Dan todas las concesiones sin revisar en qué tierras son. Es muy común que alguien se dé cuenta dónde hay una mina, la reporta, pide la concesión y con eso creen que ya tienen el derecho”, reflexiona Jaime Hernández, quien asesora legalmente al ejido de Ayotitlán desde hace 15 años.

Lo mismo sucedió en 2005. El Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada quiso ampliarse al paraje Piedra Imán, pero la comunidad logró detenerlos.

Tierra estéril se “traga” poblaciones

Peña Colorada explota la veta de hierro más importante del país. A cambio, entierran poblaciones con material estéril, contaminan las aguas, obtienen mil 500 millones de dólares de ganancia y pagan un centavo al ejido de Ayotitlán por cada tres mil pesos de ganancia.

Poco a poco vertieron sus residuos hasta que se tragaron a Los Potros. Las familias fueron desplazadas y nadie sabe cuál fue su destino.

“Les iban llegando las piedras. Tal vez negociaron con las familias para que se salieran… no lo sabemos. Pero hay otra población: La Astilla, que le puede pasar lo mismo, están detrás del cerro. La cosa es que son treinta y tantas familias pero si los sacan, ¿dónde los van a meter?”, relata el representante legal del Consejo de Mayores.

Ninguna actividad industrial es tan devastadora como la minería a cielo abierto –es la única considerada como insostenible, ya que el recurso se agota-, por las dimensiones del terreno que afecta, por el desmonte de bosque y vegetación en general, por los químicos que utiliza y porque genera millones de toneladas de desecho.

En 1995, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 122 debido a irregularidades de la minera. Documentaron   -entre otras cosas- que la localidad Las Parotas se ubicaba dentro de la zona de explotación y que los mantenían en un régimen de “apartheid” (segregación): sólo les permitían salir una vez por semana para ir al tianguis.

“No se acató lo recomendado. Sólo quitaron el alambre electrificado y la gente armada en la entrada, pero siguen sin poder salir cuando quieren. La empresa tiene mucho poder y mueve sus conexiones”, puntualiza César Díaz Galván, titular de la UACI.

Por otro lado, el Tribunal Latinoamericano del Agua resolvió en 2008 que la empresa contaminaba el río Marabasco, por lo que exigió “censurar a las autoridades mexicanas por desatender los graves impactos ocasionados a esta cuenca hidrológica, a sus comunidades bióticas y a las comunidades nahuas asentadas en la Reserva”.

A pesar de que la exploración minera está prohibida en la zona, ya que está dentro del área natural protegida de Manantlán, Díaz Galván dice que los indígenas de Ayotitlán no pueden demandar a la trasnacional, aunque “tengamos la razón jurídica, no podríamos ganarles. Además, son un sector estratégico para el país”.

De los 70 a la fecha, más de 30 líderes han sido asesinados. Los nahuas ignoran hasta dónde lucharán por la defensa de su tierra, pero el Consejo de Mayores promete resistir en contra de las transnacionales que intenten “robar sus recursos” y pelear por la restitución de sus tierras.

Será porque la identidad del pueblo de Ayotitlán está enmarcada por dos Tepemezquites que, según cuentan los ancianos del lugar y que Margarita Robertson documentó durante los años que trabajó en esta región por parte de la UACI, son árboles que fueron plantados ahí para que la gente no se retirara “y si acaso así fuera, recordaran que esos árboles, nunca dejan de tener una flor, (pues) el que lo troce, se muere”.