Las cárceles municipales podrían desaparecer

GUADALAJARA, JALISCO (30/ENE/2013).- La problemática que representa el funcionamiento de la red de cárceles municipales en Jalisco, cuya población de internos creció en un 69% durante el último sexenio para alcanzar niveles de hacinamiento que rebasan los de los centros penitenciarios estatales, no tiene aún un planteamiento definitivo de solución por parte de la siguiente administración del Gobierno del Estado.
 
Los 22 Gobiernos municipales que cargan, por excepción y con su hacienda propia, con esta responsabilidad penitenciaria en Jalisco, deberán estar a la expectativa de dos posibles salidas que tiene sobre la mesa el equipo de transición del gobernador electo, Aristóteles Sandoval Díaz:
 
La desaparición de estos centros carcelarios municipales mediante la ampliación de la estructura penitenciaria estatal o, por el contrario, su mantenimiento aunque con la creación de un subsidio que subsane las limitadas capacidades económicas de los ayuntamientos para el sostenimiento de los presos.
 
En uno u otro horizonte, se espera un impacto muy positivo con la adopción del sistema penal acusatorio y oral, que traerá una despresurización penitenciaria en general con un uso más racional de la prisión preventiva (el 54.84% de los presos en Jalisco no tiene sentencia; el 87%, en las cárceles municipales), y que comenzará a implementarse en Jalisco en 2014, según lo confirma Ruth Gabriela Gallardo Vega, coordinadora de Seguridad de este equipo de transición, pues está considerado como una prioridad su pleno funcionamiento hacia 2016.
 
El diagnóstico hecho por el equipo sobre las cárceles municipales concluye en la existencia de deficiencias en materia de seguridad derivadas de factores como el personal policial que, sin estar capacitado para ello, se desempeña como custodio, haciéndose cargo, incluso, de internos con perfiles de alta peligrosidad.
 
"También entendemos que la parte de salud está olvidada, la gran mayoría de las cárceles no tienen un médico de planta, se recibe la atención médica a través de los servicios médicos municipales, es tardada en llegar y tardan los medicamentos cuando existen, y si no, los compra el propio interno o su familia. La sociabilización, este contacto social que tiene que existir con la familia y amigos, resulta que no tienen espacios adecuados para llevar a cabo esta parte que es fundamental para el proceso de reinserción de los internos".
 
Por lo pronto, el equipo ya cuenta con el Plan Integral para la adopción de la reforma al sistema penal que elaboró Guillermo Zepeda Lecuona para el órgano implementador de la misma, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, y que determina una inversión necesaria para lograrlo por tres mil 336 millones 657 mil 481 pesos.
 
"Entendemos que va a ser caro pero es una inversión que tendrá que realizarse en un momento determinado, porque se tiene que implementar y se tiene que cumplir con esta reforma constitucional", concluyó la entrevistada.
 
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA