La revisión de recursos previstos para el Santuario seguirá en la ASF

Las buenas intenciones no bastan y el reintegro a las arcas estatales de los 30 millones de pesos que la Fundación Pro Santuario de los Mártires se comprometió a regresar con todo e intereses al Poder Ejecutivo, no será suficiente para detener el proceso que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lleva para fiscalizar el origen y destino de estos recursos, consideró el diputado federal perredista, Tonatiuh Bravo Padilla.

“La auditoría de todas maneras se va a realizar porque ya estaba programada; la ASF es un ente autónomo, decidió hacer la auditoría y la hará en el transcurso de los próximos días, ya está en el programa que presentó la ASF a la Cámara para el 2008 y específicamente ese rubro. Esa auditoría se va a llevar a cabo”, aseveró el legislador.

Bravo Padilla explicó que el auditor deberá determinar con la investigación, que comenzará en las próxima semana, el origen de esos recursos y advirtió que la primera acción que deberá tomar el gobernador Emilio González Márquez es dejar sin efecto el acuerdo con el que autorizó, el pasado 13 de marzo del 2008, a las secretarías de Finanzas y Turismo “para que eroguen la cantidad de 30 millones de pesos con cargo a la partida 4222 Promoción Turística del Estado a favor de la Fundación Pro Santuario de los Mártires para la construcción, desarrollo y posterior conservación de un centro de espiritualidad y una obra de caridad”.

Al respecto, el legislador federal dijo que si el mandatario no toma las medidas necesarias para dejar sin efecto este acuerdo, las irregularidades “saldrán a la luz pública, una vez que concluya la fiscalización”.

Bravo Padilla explicó que los resultados de la auditoría a estos recursos estarán en los primeros meses del 2009, “y eso es uno de los puntos de mayor preocupación porque, como sabemos, es año electoral”.

Por su parte, el legislador federal del Partido Acción Nacional (PAN), Antonio Muñoz Serrano dijo que, luego del anuncio de la devolución del donativo por parte de la fundación, queda automáticamente sin efecto la fiscalización: “Se cancela, como dirían los abogados no ha lugar, no hay materia de revisión porque al no haber acuerdo no hay materia”.

A juicio del diputado panista, el auditor superior, Arturo González de Aragón, deberá “únicamente cerciorarse que ya se regresó el recurso”.