La reforma del Congreso

Desde el comienzo de la actual legislatura estatal se comenzó a hablar de reformar el Congreso, si bien orientándose preponderantemente al tema del número de diputados.

Sin duda una reforma del Congreso urge desde hace ya varios trienios; sabemos bien que ninguna solución es para siempre y que ninguna estructura, por muy buena que sea, permanece impoluta. La natural evolución de la sociedad, el desarrollo del conocimiento y de la conciencia ciudadana, los nuevos escenarios, las nuevas necesidades y el anquilosamiento igualmente normal de las instituciones exigen de periódicas revisiones, adecuaciones, reformas e incluso verdaderas innovaciones siempre, en este caso, para el mejoramiento de la democracia.

De por sí todas las instituciones tienden a endurecerse, a seguir inercias autoprotectoras rápidamente advertidas y sostenidas por sus integrantes, lo cual empeora su situación aumentando su obsolescencia, lo vemos hoy día en todas las estructuras de nuestro país.

Por lo mismo la reforma del Congreso estatal y nacional no puede reducirse al número de sus integrantes, debe dirigirse más bien a las formas en que se integran los congresos. Hasta ahora dicha conformación se establece con base a los partidos, no a las competencias que se requieren en el perfil de un legislador, por lo mismo, aun con la mejor voluntad, el Poder Legislativo acaba siempre en manos de personas que se improvisan cada tres años, tengan o no la capacidad para la función que asumen, con los resultados que todos conocemos.

Habría por lo menos dos caminos posibles para enfrentar la presente caducidad del Poder Legislativo: una, que los partidos políticos actuando con verdadera civilidad dejen de ver en el Congreso un simple trampolín político, un espacio para hacer presión, o una forma de pagar adhesiones, procurando por el contrario solamente proponer para este encargo a personas públicamente calificadas para tal ejercicio.

La segunda solución, desde luego la mejor de todas, sería sacar a los partidos de los congresos, e integrar el Poder Legislativo por medio de candidaturas ciudadanas, previa determinación del perfil requerido y verificación de competencias en los aspirantes, desde las instituciones o consejos electorales, aun si éstos, como sabemos, han caído ya en manos de los partidos. Dentro de esta nueva perspectiva, las mismas instituciones calificadoras evaluarían el desempeño de los legisladores, estableciendo que su salario dependerá únicamente de los resultados que ofrezcan, y puesto que ya no vivimos en un país de privilegios, el fuero tendría que ser suprimido, permitiendo la intervención inmediata de la justicia ante cualquier abuso que lo requiera.

Toda solución exige de un alto grado de honestidad y apuesta a favor de la sociedad, y debieran las legislaturas en turno aceptar el reto de revisar el tema y pasar a la historia por causas mucho más altruistas y efectivas que las que habitualmente se manejan.