La ciudad en disputa

El ámbito urbano está cargado de tensiones diversas. Esto ha sido natural a través de los tiempos. Podría decirse que toda la ciudad no es más que el resultado, más o menos negociado y coherente, del acuerdo o el conflicto entre individuos y grupos, entre intereses particulares y propósitos colectivos. La articulación en el espacio de estas relaciones, junto con la carga simbólica e histórica del pasado, se expresa con una gramática que va de la misma urbanización a las piezas arquitectónicas individuales, de los tianguis a las peregrinaciones, de los movimientos generados por el transporte masivo a las manifestaciones.

En el espacio de la ciudad, en principio anónimo en cuanto público, lo simbólico cobra un efecto con frecuencia determinante. Las grandes y solemnes procesiones que en la colonia se acostumbraban en nuestras principales ciudades respondían a la necesidad de significar y encarnar un cierto orden religioso y social. De esta manera se renovaba su vigencia. Aún hoy, diversos grupos toman con relativa frecuencia el espacio citadino para significar y hacer visible determinada aspiración, determinado reclamo.

El abanico de “intervenciones” que actualmente se observa sobre el espacio público es muy amplio. Desde los reclamos de los maestros hasta los desfiles con motivo de tal o cuál efeméride o ciertas intervenciones propiamente artísticas. En un extremo, sin duda inquietante, se encuentran los “narcobloqueos”: una manipulación de la ciudad, mediante el cierre de múltiples puntos de las vialidades por parte de un sector criminal, para hacer sentir su fuerza y contrastarla con la supuesta debilidad de la autoridad.

En la ciudad democrática, las manifestaciones que se apegan a la ley, que respetan los derechos de otros, no sólo son legítimas, sino saludables. Constituyen una ventana por la que fluye la energía de la urbe, un escenario espacio-temporal en el que se representan conflictos y aspiraciones, una confirmación —a través de la excepción, de lo extraordinario— del orden que requiere el tejido urbano para funcionar.

En estos días, por ejemplo, se anuncia un “bloqueo” a un número considerable de puntos de la mancha urbana de Guadalajara por parte de estudiantes y personal de la Universidad de Guadalajara. Veamos. Hasta donde se sabe, la manifestación de ideas y posiciones por parte de cualquier sector social, realizada de manera pacífica y dentro de la ley —o sea sin afectar el derecho de terceros— es válida. En estos términos, es saludable que un organismo de alta significación social siga promoviendo sus puntos de vista y sus reclamos en el contexto comunitario. La magnitud de la intención presupone un alto impacto social y urbano.

Lo extraordinario respalda lo ordinario; lo puede poner en crisis, pero al final, si el orden tiene sentido, lo puede revitalizar. La ciudad democrática debe seguir siendo el territorio de la discusión civilizada, de la posibilidad y la alternativa. Y, al final, del bienestar de las mayorías.

jpalomar@informador.com.mx