La Vía Express, totalmente concesionada

GUADALAJARA, JALISCO (09/JUN/2010).- El proyecto de la llamada Vía Express será una obra totalmente concesionada a la iniciativa privada y  tendrá un costo para los usuarios, lo que significa que el Gobierno de Jalisco no estará destinando más recursos a una obra para la movilidad motorizada y los jaliscienses no estarán pagando por obras que incentivan el automóvil si no lo utilizan.

Durante dos años y medio, la coordinación de políticas públicas, a cargo de Herbert Taylor Arthur, trabajó en el impulso al proyecto, que consiste en la construcción de un viaducto sobre el paso del tren desde Av. Aviación e Inglaterra hasta el extremo que se bifurca en la carretera a Chapala por un lado y la autopista a Zapotlanejo por otro.  Esa vía comunica el oriente con el poniente de la ciudad y puede aligerar la carga de Lázaro Cárdenas y de algunos trazos de Javier Mina y Vallarta.

En total, la Vía Express tendrá 23 kilómetros de largo y tendrá dos carriles para cada sentido. El flujo vehicular permitirá un desplazamiento de 80 a 90 kilómetros por hora y será posible hacer el recorrido que pasa por Periférico, Patria, López Mateos, Mariano Otero, Independencia y la glorieta del Álamo en sólo 14 minutos.

El viaducto tendrá un costo de 6 mil 500 millones de pesos, aproximadamente, y cada peso estará invertido por la iniciativa privada, que tendrá la concesión de uso del espacio y la posibilidad de cobrar a los automovilistas que quieran usar esa vía. La cuota establecida por las proyecciones financieras es de 1.5 pesos más IVA por kilómetro, pero los detalles de cobro aún no están presentes en el proyecto pues dependerán del concesionario. Lo único que está claro, dijo Taylor Arthur, es que el proceso debe diseñarse de tal forma que no se detenga el flujo vehicular para cobrar.

La licitación está a cargo del despacho del ex subsecretario de Transporte, y ahora consultor Aaron Dichter, con lo que el gobierno de Jalisco busca garantizar que exista viabilidad financiera y garantías de transparencia y rigor técnico tanto para el sector público como para las empresas que concursen.  Los gastos para esta consultoría serán incluidos en la licitación, dijo Taylor Arthur, quien detalló que estos ascienden hasta ahora a un monto cercano a los 10 millones de pesos.

En noviembre se dará a conocer a la empresa o consorcio que gane la licitación y a partir de entonces se estima que el viaducto completo se construirá en un periodo de 24 meses, pero podrá abrirse antes a la circulación, si se hace por partes.

“El concesionario tendrá la posibilidad de abrirlo por tramos operativos y empezar a cobrar”, explicó el coordinador.

La iniciativa privada en obra pública, a debate

En contra
Los servicios públicos son la piedra angular del quehacer gubernamental, señaló Martín Romero Morett el Jefe del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Para el doctor Romero Morett, la clase política actual no está a la altura de las necesidades en términos de desarrollo y modernización. “Esta clase política no tiene una visión de futuro, todas las obras importantes son encargadas a la iniciativa privada, entonces para qué pagamos impuestos, al parecer sólo para mantener burocracias”.

En palabra del doctor en economía global por la Universidad de Nueva York, ante los abusos del sector privado la sociedad debe contemplar la creación de organizaciones que vigilen de cerca la obra. “Los comités ciudadanos son fundamentales, necesitamos como sociedad construir contrapesos que eviten la aparición de abusos en precios y costos que la sociedad se vea obligada a pagar”.

El académico de la UdeG añadió que está historia de intervención privada en los asuntos públicos es añeja y ya ha demostrado sus carencias. “Qué pasó con las carreteras de Carlos Salinas de Gortari, se hicieron y fueron intervenidas financieramente por el Estado y, para rematar, tenemos que seguir pagando las cuotas y tarifas abusivas que reinan en las autopistas”.

El especialista en economía y planeación gubernamental advirtió que las privatizaciones anteriores en todos los ramos de la economía no han sido exitosas, por ello es necesaria una regulación importante del estado y de los comités ciudadanos para impedir que se atropelle el interés privado y los derechos a servicios públicos de calidad que tienen todos los ciudadanos.
 
A favor
Para el investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Pablo Pineda Ortega, la participación de las empresas y de los agentes privados en obras de beneficio público, forma parte de una nueva forma de entender el debate económico, una visión más equilibrada y no dogmática.

El doctor Pineda Ortega sostiene que ante las dudas acerca de la elevación y abuso de los precios, el mercado puede cumplir una función fundamental. “El mercado se regula por opciones, si los precios suben mucho, la gente preferirá tomar otras vías”. Asimismo, señaló que un estado que tiene muchas funciones y abarca demasiado terreno, no es necesariamente un estado más fuerte. “Ya no buscamos el estado máximo que haga todo o el estado mínimo que no haga nada, sino el estado eficiente que regule adecuadamente y que anteponga las condiciones de desarrollo”.

El especialista en temas financieros y de políticas públicas identifica que la participación del estado debe ser mediante el fortalecimiento institucional que permita regular adecuadamente a los operadores del servicio. “Si el estado pone las condiciones elementales y las regulaciones para que el servicio sea operado justamente y sin abusos, yo veo con muy buenos ojos que la iniciativa privada cumpla este rol”.

Como conclusión señaló que si el estado regula bien, el interés de los inversionistas se puede alinear con el interés público y así evitar que este tipo de obras caigan en irresponsabilidad y manejos corruptos.

Crearán observatorio ciudadano

Esperan liberación  del derecho de vía

El Gobierno de Jalisco está a la espera de firmar el convenio con Ferromex y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la liberación del derecho de vía de 23 kilómetros de longitud del viaducto elevado denominado Vía Express.

Eso fue lo que informó el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez: “Están las negociaciones con Ferrocarriles y con Comunicaciones para firmar los convenios correspondientes, y así poder dar curso a esta obra hacia finales de este año con la suscripción de los convenios”.

Detalló que la Vía Express se tiene programada para arrancar el próximo año, en un plazo de ejecución de entre 18 y 24 meses.

Garantizan transparencia

Para evitar cuestionamientos por una mala ejecución y uso de recursos, el proyecto de la Vía Express contará con un observatorio ciudadano que garantice la transparencia de la obra, informó el secretario de Promoción Económica, Alonso Ulloa Vélez.

“Se ha invitado a Transparencia Mexicana y a Transparencia Internacional para que hagan un observatorio ciudadano especial para esta obra”.

El observatorio tendrá la responsabilidad de cuidar todo el proceso, desde la licitación hasta el desarrollo de la obra.

En otro tenor, Ulloa Vélez aplaudió la participación de la Iniciativa Privada, pues dijo que invertir seis mil millones de pesos en un proyecto resulta difícil para el Gobierno del Estado, ya que representa un monto similar al presupuesto que destina el Gobierno a la Universidad de Guadalajara en un año.

Critican reinado del automóvil

La Vía Express ha generado grandes expectativas pero también generó escepticismo. Luis Felipe Cabrales, profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en materia de geografía urbana, y Felipe Reyes, integrante del colectivo Ciudad para todos, se mostraron preocupados por la preeminencia concedida al automóvil con la iniciativa y pugnaron por una política integral de movilidad para la ciudad.

Para Luis Felipe Cabrales, doctor en Geografía y Ordenación Territorial por la Universidad Complutense de Madrid, el proyecto no abona a cerrar la brecha de desigualdades, objetivo que –desde su perspectiva- debería ser el más importante de la planificación urbana. El investigador considera que, además de que el proyecto implica que continúe la inercia de invertir exclusivamente en transporte motorizado, ahora se llega al punto de excluir de ciertas vías de comunicación a quienes no puedan costear la tarifa.

El académico hizo votos para que se implemente un plan integral de movilidad en la ciudad. Desde su punto de vista, el eje debe de estar en el transporte a ras de suelo.

“En Europa hay toda una política de desmontar pasos a desnivel. Aquí vamos en el sentido opuesto. Cuando hay pasos a desnivel, el problema sólo se traslada. La cuestión va en apoyar transporte público y calmar el tráfico. Este asunto de la rapidez y la eficiencia hay que manejarlo con cuidado”, dijo Cabrales.

En una línea semejante, el activista social Felipe Reyes opinó que resulta absurdo basar los planes de movilidad en la demanda de espacio de los automovilistas.

“Para satisfacer esa demanda se necesitaría no sólo la Vía Express que anuncian, sino prácticamente duplicar todas las calles y espacios de estacionamiento en los próximos diez años”, aseveró Reyes.

El integrante de Ciudad para todos se mostró a favor de una política pública integral en materia de movilidad que tome en cuenta la falta de arbolado, la ausencia de espacios públicos y la necesidad de alternativas sustentables al auto particular.