La UdeG pasa del conflicto político al legal

GUADALAJARA, JALISCO.- Tres horas duró la última sesión para Carlos Briseño Torres al frente del Consejo General Universitario (CGU), antes de que el órgano máximo de gobierno de la Universidad de Guadalajara ( UdeG) lo destituyera como su rector general, junto al vicerrector Gabriel Torres Espinosa.

Minutos más tarde, en punto de las 14:10 horas, el Consejo General Universitario de la máxima casa de estudios en Jalisco votaba para restablecer la figura de un rector sustituto que prosiguiera con la sesión, en la persona de Marco Antonio Cortés Guardado.

La tensión al interior del CGU inició desde que Carlos Briseño arribó al Paraninfo Enrique Díaz de León, y subió de tono cuando el sector mayoritario, disidente a la Rectoría, propuso subir a los temas del día el conflicto universitario y las reformas que desconcentrarían las facultades de la Administración Central, a lo que Briseño se opuso rotundamente.

Cerca de las 12:00 horas aceptó discutir los temas propuestos por la disidencia en el CGU, pero propuso mostrar un expediente con 20 años de recuento sobre el “Grupo Universidad”, una herencia irregular de 800 millones de pesos que involucra al Hospital Civil, y el proceso penal que se ciñe sobre el Programa de Trasplantes de Órganos del nosocomio.

Esto agudizó las críticas y oposición de los consejeros (147, de 158 registrados al inicio) para aprobar la nueva orden del día. A las 13:20, Carlos Briseño dio por terminada la sesión debido a la falta de acuerdos y abandonó el recinto. El secretario general, Alfredo Peña Ramos, le exigió enérgicamente que regresara a la sala. El desconcierto duró sólo unos minutos, y el CGU continuó sin el rector.

A las seis de la tarde, en un hotel de la ciudad, Briseño ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que su destitución fue ilegal, dado que había interpuesto un proceso de amparo para blindarse de esa posibilidad.

Acompañado de su cuerpo de abogados, Carlos Briseño explicó que el secretario general de la UdeG había sido notificado el miércoles de dicha disposición judicial para evitar cualquier intento de remoción, por lo que interpondría una demanda por desacato contra Alfredo Peña “y los consejeros que hayan votado por esta destitución”.

Al mismo tiempo, el CGU aprobaba las reformas para desconcentrar instancias de la casa de estudios, entre ellos la reforma al bachillerato; que el sistema de bibliotecas sea delegado al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH); la Dirección de Producción Audiovisual (DiPA) al Cetro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD), y el corporativo de empresas desaparece para que éstas sean administradas por una dirección del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).


Voces especializadas
“Hay una doctrina del ministro (de la Suprema Corte) José de Jesús Gudiño Pelayo, que considera posible la interposición de estos juicios contra actos de autoridades universitarias; sin embargo, de conformidad con el Artículo 3, se establece que aquellas universidades creadas por una ley gozan de autonomía para determinar toda su organización y funcionamiento de carácter académico de conformidad con su ley de creación”.

José Barragán Barragán, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).


“Hay una tesis de la Corte en el sentido de que sí procede la suspensión para algunos efectos administrativos de las universidades. Pero tengo claro que si el juez notificó para esos efectos al secretario general de la Universidad, no tiene validez la notificación, pues el secretario no tiene facultades para representar a la Universidad, no es el representante legal de la misma. Se requeriría que se constituyera el Consejo y una vez integrado, notificar a todos sus miembros”.

Héctor Romero Fierro, especialista en Derecho Administrativo, con maestría por la UdeG y el Tec de Monterrey.