GUADALAJARA, JALISCO (31/MAR/2017).- Para que se investigue la presunta promoción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante un evento de entrega de apoyos del programa ‘Jalisco Incluyente’ desarrollado el pasado 23 de marzo en Mascota, el secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Material de Delitos Electorales, en contra el alcalde priista de Mascota, Nicolás Briseño.El titular de la Sedis declaró que durante ese evento, el presidente municipal permitió que la dirigente del Comité Municipal del tricolor de Atenguillo, Teresa Chávez estuviera en el presídium durante la entrega de artículos a personas con discapacidad, de acuerdo a lo que señaló el alcalde emecista de este último municipio, Rosalío Villaseñor.“Quiero ser enfático en esto, y señalar que nuestro compromiso es total con el blindaje y la protección de los programas sociales. No habrá tolerancia para quien intente aprovechar los programas sociales para intereses particulares sin importar el cargo o la afiliación política”, subrayó Castro Reynoso.Cuestionado con relación a si sus aspiraciones por la alcaldía de Guadalajara, las cuales hizo públicas el fin de semana, a pesar de que permanecerá como titular de Sedis, no es similar a lo que denuncia ante la Fiscalía Especializada, ya que su cargo podría servirle para promocionar su imagen, el funcionario estatal respondió que será muy cuidado en la operación de los programas, “me queda perfectamente claro que debo cuidar hasta el más mínimo detalle en mi comportamiento”.Por su parte, el fiscal especial en Materia de Delitos Electorales, Ricardo Suro Gutiérrez, destacó que se abrirá la carpeta de investigación correspondiente, e hizo una invitación a los beneficiarios de los programas sociales de los tres niveles de gobierno, a que presenten las denuncias por cualquier irregularidad que se cometa con éstos.Informó que en lo que va de 2017, se ha presentado sólo esta denuncia por el presunto mal uso de programas sociales, y una más por otro caso relacionada a delitos electorales.Sin embargo, reconoció que de las 98 denuncias que se presentaron durante el proceso electoral pasado, ningún servidor público fue sancionado, debido a que hubo muchas deficiencias en la presentación de éstas, otras no fueron ratificadas, lo que complicó la integración.EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ
