La PGR va contra manifestantes por caseta de cobro en Tonalá

TONALÁ, JALISCO (27/MAR/2013).- La Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a rastrear a ciudadanos de complejos habitacionales próximos a la Autopista a Zapotlanejo para detenerlos y llevarlos ante un juez penal como sospechosos de haber cometido “un delito contra las vías de comunicación”, es decir, de haber bloqueado las casetas de cobro que la Red de Carreteras de Occidente (RCO) instaló, y que permitían el ingreso y salida de sus domicilios a cambio de una cuota de ocho pesos.

La fiscalía federal tuvo ayer un primer detenido: Jesús Ruvalcaba Lozano, uno de los manifestantes que hicieron pública su molestia a pagar la cuota. El delito por el cual se le señala, expone la dependencia, es el de “ataques a las vías generales de comunicación”. Ayer mismo, los vecinos de la zona protestaron por el arresto.

Ruvalcaba Lozano fue arrestado en atención a una denuncia penal realizada desde mayo de 2012. Su captura se concretó este lunes en la carretera a El Castillo, en el municipio de El Salto.

“Una vez comprobadas las imputaciones en su contra, el indiciado fue detenido y luego trasladado al Reclusorio Preventivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ubicado en Puente Grande, donde se encuentra a disposición del juez de la causa”, señala la delegación Jalisco de la PGR.

Ulises Enríquez Camacho, vocero de la fiscalía, detalla que el resultado de las indagatorias resolvió que la protesta por el descontento generalizado de los habitantes se hizo de forma ilegal. Esto porque, aunque existe el derecho a la libre manifestación, los episodios orquestados por la comunidad tonalteca se realizaron “dañando los intereses de terceros” al impedir el cobro de peaje.

Políticos apoyaron a los vecinos

Los ciudadanos fueron apoyados en su momento por diversos actores políticos. En octubre de 2011, el entonces gobernador Emilio González Márquez levantó la pluma de la caseta e instruyó al entonces secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, a que enviara a oficiales de la Policía estatal para que resguardaran el lugar y el cobro no se reanudara.

El 7 de octubre de ese año, González Márquez estuvo acompañado por el entonces diputado federal y hoy alcalde de Tonalá, Jorge Arana Arana; por el ex legislador de San Lázaro, Ignacio Téllez; el ex senador y hoy alcalde de Guadalajara Ramiro Hernández, y el predecesor de Arana en Tonalá, Antonio Mateos.

De acuerdo con Enríquez Camacho, el delito por el cual fue arrestado Jesús Ruvalcaba Lozano, y por el que también son buscados los ciudadanos Juan Carlos Ruvalcaba García y Omar Nava González, “no es grave”, toda vez que “permite el derecho a fianza”.

El comunicado que giró ayer la PGR justifica que su actuar “forma parte de las tareas del Gobierno federal para recuperar la confianza en las instituciones encargadas de procurar la seguridad y la justicia, así como la tranquilidad de la ciudadanía”.

El vocero de la fiscalía refiere que se cometió un delito contra las vías de comunicación.

Se manifiestan

Unos veinte habitantes de los fraccionamientos afectados por la caseta de cobro tuvieron anoche una reunión con el presidente municipal Jorge Arana. Su petición va en dos sentidos, explicó uno de ellos, José Luis Ayala: que el municipio se pronuncie en apoyo de los colonos, quienes, de no ser por un subsidio, pagarían 18 pesos por entrar y salir a sus fraccionamientos (los visitantes externos pagan la cuota completa); y que el presidente municipal actúe respecto a las órdenes de aprehensión en contra de vecinos de la zona.

Además, reclaman que en las protestas contra la empresa RCO también participaron funcionarios públicos y a ellos no se les señala, por lo que presumen que las autoridades buscan “criminalizar una manifestación ciudadana”.

Al finalizar la reunión, los habitantes de los fraccionamientos afectados, Cañadas, Palma, Cortijo, Morán y Vado, aseguran que el alcalde se pronunció en su apoyo y que ofreció ayudar a la fianza de Jesús Ruvalcaba; sin embargo, hasta anoche, Jorge Arana no había hecho pública su postura.

EL CONFLICTO
Un año y medio de protestas

El conflicto entre los vecinos de Tonalá y la caseta de cobro se remite al 4 de septiembre de 2011, cuando se verificó la primera protesta en contra del cobro a los habitantes de los fraccionamientos cercanos.

Estas manifestaciones continuaron hasta octubre de dicho año, cuando el entonces gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, se comprometió a dar solución a este problema; a partir del 1 noviembre de 2011, el Gobierno de Jalisco absorbió una parte del pago de la caseta.

Con el cambio de administración estatal, hace casi un mes el alcalde de Tonalá, Jorge Arana, dijo que ya había negociaciones con RCO.