La Costa Sur, tierra sin ley en el trabajo agrícola

GUADALAJARA, JALISCO (04/JUL/2010).- La imagen de unas papayas fertilizadas con un intenso verde oscuro contrasta con la cara llena de jiotes de un niño de la etnia amuzga (de Guerrero), que también expresa su estado desnutrido con una barriga hinchada al lado de su abuelo Martín López.

Ésta fue la primera impresión al visitar una parcela papayera repleta de plantas en el rancho El Mojote, en la Costa Sur de Jalisco. A un costado hay una cabaña destartalada donde pasan la temporada los indígenas que acuden a la llamada Costalegre a ganarse la vida, una porción de la llamada “Tierra Pródiga de Jalisco”, según la expresión del escritor Agustín Yánez.

La parcela es propiedad del agricultor Julián López y es atendida por Hilario, su esposa Sebastiana y sus tres hijos. En ella se defeca al aire libre porque no hay letrinas ni otros requisitos exigidos en centros de trabajo, como un botiquín de primeros auxilios o el acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por cierto, Martín López asegura que se le negaron los servicios médicos en clínicas del Gobierno, “y tuvo que ir con el médico particular para curarse de una diarrea que no le detenía”.   

El dueño de la parcela pretende sacar 100 mil pesos de utilidad por hectárea, si hay buen precio para la papaya, la que espera vender a 2.50 pesos el kilogramo. Los trabajadores pretenden beneficiarse mientras dure la temporada con 150 pesos diarios.

Hilario dice que este ingreso lo ayuda a mantener a sus hijos porque no hay trabajo en Guerrero. Detalla que el ingreso en Jalisco les ayuda algo más que los 90 pesos al día que les pagan en tiempo de cosechas de jitomate en Sinaloa.

De lo anterior, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ( CEDHJ), Felipe Álvarez Cibrián, apunta haber tomado diversos testimonios y evidencias de las omisiones de varias dependencias públicas que deberían actuar ante el problema de los trabajadores indígenas que periódicamente acuden a la Costa Sur.

Entrevistado en la misma parcela, detalla que lamentablemente las quejas de indígenas hablan de que son marginados de los servicios de salud.

En el mismo campo papayero, el director de Inspección de la Secretaría del Trabajo de Jalisco, Alfredo Pérez Nuño, afirma que esta parcela es muestra de un serio problema: las condiciones irregulares de los trabajadores y el hecho de que a los menores de edad se les involucre en el trabajo agrícola y se les limite o prive de ir a la escuela.

Refiere que, con la visita al rancho El Mojote (cercano al poblado El Maluco), se inicia una etapa de verificación de empresas agrícolas que operan con diversas anomalías que violentan la legislación laboral, como no entregar recibos de pago a los trabajadores y la exposición de los niños al contacto con los pesticidas agrícolas, el fecalismo en las parcelas, entre otras arbitrariedades detectadas a primera vista.

A la luz del día

Felipe Álvarez Cibrián hace memoria y alude a que hubo una recomendación de la CEDHJ, que tiene plena vigencia, para que se revise la situación del trabajo de los migrantes que vienen a varios sectores del campo de Jalisco, sobre todo en la caña y las hortalizas y frutas (como chiles, jitomate y varios frutales).

En acto previo en el campus de la Universidad de Guadalajara de Autlán de la Grana, el rector universitario Carlos Orozco Santillán, aseveró que la violación de los derechos de niños y niñas y de los jornaleros agrícolas, “es el pan de cada día en esta región, con acciones que son conocidas: van desde la explotación de niños y niñas en el corte de cañas y hortalizas, hasta la trata de personas para el abuso sexual, como es conocido en Puerto Vallarta”.

El centro universitario y la CEDHJ firmaron un convenio de colaboración en un foro. El dirigente de la agrupación “Ayuda a Niños de Costalegre”, Daniel Guillermo Cuevas Morán, informó que el problema de la explotación de los menores indígenas se ha complicado por la presunta perpetración de “delitos de fraude” de una parte de individuos, extranjeros en su mayoría, que lucra con dinero recabado en donativos que supuestamente se aplicarían a favor de los niños migrantes y sus familias.

En su punto de vista, el problema de la explotación laboral en los campos agrícolas incluye a tres mil personas, de las que dos terceras partes son menores de edad.

El inspector de la Secretaría del Trabajo en Autlán, Henry Jusein Peña, comentó que los  intermediarios, llamados “enganchadores”, son una parte clave en el problema, pues son el vínculo con el dueño de la tierra y los compradores, a quienes facilitan a los trabajadores para los tiempos de cosecha.