GUADALAJARA, JALISCO (04/ABR/2017).- La Contraloría del Estado está diseñada para ser un “perro sin dientes”. De 2013 a la fecha, el órgano de vigilancia sólo ha penalizado a ocho servidores públicos por irregularidades en su función.Desde 2012, con la reforma a Ley General de Responsabilidades, las facultades de la Contraloría se acotaron. Una de sus tareas primordiales, investigar y sancionar a servidores públicos por anomalías, se encomendó también a los respectivos órganos de control de las dependencias. El órgano se transformó entonces en un ente administrativo más que en uno persecutor.Las estadísticas reflejan que de inmediato se redujo la efectividad de la Contraloría para sancionar: desde el inicio de la administración de Aristóteles Sandoval (justo después de la reforma) y hasta la fecha, la Contraloría recibió mil 288 quejas contra servidores públicos, pero ellos sólo atendieron 22. El resto fueron remitidas a las respectivas dependencias en las que laboran los imputados. Entre 2013 y 2015 fue cuando se sancionó a los ocho funcionarios y desde entonces ningún otro ha sido amonestado por el órgano de control y vigilancia.Avelino Bravo Cacho, director general jurídico de la Contraloría del Estado, asienta que el órgano se fracturó en octubre de 2012 con las reforma a la Ley General: “Se generó un artículo que todas las dependencias y entidades tendrían un órgano de control disciplinario que se encargaría de hacer las investigaciones derivadas de quejas y denuncias. La competencia de la Contraloría como que se fragmentó y quedó en las dependencias, entidades y otras contralorías”.Bravo adelantó que con la llegada de la nueva Ley General de Responsabilidades a mediados de este año podría cambiar la situación: “Tenemos una fecha pactada a mediados de julio y antes tiene que estar (una propuesta). Retornarán facultades y tendríamos una vinculación con los órganos internos de control para que no sean las mismas entidades las que se autosancionen”.En esta administración cayó la productividadEn 2012 se modificó la Ley General de Responsabilidades. A decir de Avelino Bravo, en esa reforma hubo cambios a las facultades de la Contraloría y se permitió a las dependencias y entidades contar con sus propios órganos de control disciplinario. Así se permitió a cada dependencia atender sus propias quejas, pero restó competencia a la Contraloría.El resultado se aprecia en las estadísticas: en los últimos tres años de la administración de Emilio González Márquez, de 2010 a 2012, se recibieron mil 672 quejas en la Contraloría, 79% fueron derivadas a otras dependencias. De 2013 a la actualidad, durante la administración de Aristóteles Sandoval, se han recibido mil 288 querellas, pero la Contraloría derivó 98% a dependencias.Llegan muchas quejas, terminan repartiéndosePese a recibir muchas denuncias cada año en la Contraloría, la mayoría terminan derivándose a otras dependencias y las pocas que se quedan no se sancionan.Avelino Bravo, director jurídico del órgano de supervisión, afirma que es por cuestiones de responsabilidad y muchas quejas son competencia de los órganos internos de otras instituciones. Además, varias querellas son dirigidas a personas que no son funcionarios o no están bien motivadas, entonces la Contraloría carece de competencia para sancionarlas.Agregó que, aunque aparentemente el hecho pudiera ser sancionable, a veces las pruebas no lo demuestran o si se demuestra, el señalado tiene la oportunidad de dar su versión.PRINCIPALES ATRIBUCIONESFacultades de la Contraloría• Artículo 38 de la Ley Orgánica del Ejecutivo del Estado.• Auditar a todas las dependencias y entidades al menos una vez al año.• Vigilar el cumplimiento de todas las dependencias y entidades de las disposiciones en materia administrativa, fiscalización, organización y planeación. De ello hacer observaciones, proponer cambios y sancionar irregularidades.• Conocer quejas por incumplimiento de acuerdos, convenios o contratos celebrados con las dependencias.• Investigar y comprobar irregularidades de los servidores públicos y actuar conforme a derecho para resolver. Si hay responsabilidad penal está facultada para denunciar.• Recibir y registrar declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la administración pública estatal.CLAVESTipos de sanciónApercibimiento. Llamada de atención o advertencia de forma oral al servidor público para que cesen las indisciplinas. Podrá hacerse en forma pública ante dos testigos, o privada.Amonestación. Deberá levantarse por escrito por el superior jerárquico del servidor público implicado. En el documento deberá constar la intervención del servidor público, en la que manifieste su versión. Si el servidor público sancionado se niega a intervenir y suscribir la amonestación, se asienta la negativa en el documento.Pecuniaria. La sanción pecuniaria consiste en el pago de una multa al Estado como castigo por la comisión de una falta. Se podrán aplicar hasta dos tantos del daño causado y buscando que se cubra el daño causado al Estado. Se otorgará un plazo máximo de quince días para que el servidor público pague la sanción y en caso de que no pueda liquidar, podrá conveniar realizar el pago hasta por un plazo de tres años.Suspensión. Cese a actividades en el empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo, de tres a 30 días laborables.Destitución. Finalización de la relación laboral entre la dependencia de Gobierno y el funcionario.Inhabilitación. Suspensión de tres meses a seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.Combinación. Puede darse la destitución con inhabilitación; puede ser hasta por seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.LA VOZ DEL EXPERTOContralorías del país: diseñadas para no sancionarPedro Vicente Vivero Reyes (Investigador de la Universidad de Guadalajara)Pedro Vicente Vivero Reyes, investigador de la Universidad de Guadalajara, señaló que el actual entramado jurídico de la Contraloría del Estado imposibilita que cumpla a cabalidad su función: “Sin duda es un modelo hecho para no sancionar, así está diseñado pero no de ahorita, sino desde siempre. Creo que la aprobación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción permitirán que exista una mayor facultad sancionatoria no particularmente de las contralorías (a menos de que entren en el paquete de las modificaciones legislativas) sino con las nuevas Fiscalías Anticorrupción”.Vivero Reyes indicó que eso significa que las contralorías tienen dos opciones: quedarse como órganos netamente preventivos y no sancionatorios, o conseguir autonomía suficiente para sancionar: “Creo que es un a discusión que se dará en el paquete del tema de Sistema Nacional Anticorrupción. Habría que modificar la ley, al menos la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la reglamentación municipal en cada uno de los municipios”.Sobre si funciona que una Contraloría sólo sea preventiva, el académico mencionó: “la expectativa que se tiene es que las contralorías tienen muchos dientes para sancionar cuando en realidad no es así”.Vivero Reyes concordó en que las contralorías tienen muy pocas atribuciones sancionatorias y por otro lado las leyes de responsabilidades de servidores públicos en todo el país hacen que castigar irregularidades sea extremadamente difícil: “Yo soy partidario de que las contralorías no dependan orgánicamente de los entes a los que supervisan, porque es complicado que un contralor estatal sancione a su jefe, tienen que tener autonomía para que hagan su trabajo”.Buscan reformas que le retornen facultadesAvelino Bravo, director general jurídico, señaló que la autonomía de la Contraloría se logrará cuando de nueva cuenta se le otorguen facultades sancionatorias para que ya no se dé el caso de que sean las mismas entidades las que se investiguen y sancionen.“Tendríamos que hacer una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la cual ya tenemos algunas propuestas (que presentarán antes de julio)”.El director dijo que aunque su fuerte seguirá siendo la prevención, el nuevo Sistema Anticorrupción sería clave para ellos: “La Contraloría volverá a tener competencias que antes no tenía y es también mandar un mensaje a todos aquellos servidores públicos, en el sentido de que sepan que va a haber un ente a nivel gubernamental que podrá sancionarlos de manera administrativa si incumplen con la legislación”.
