GUADALAJARA, JALISCO (16/AGO/2016).- Con el propósito de promover, proteger y asegurar la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, procesadas o sentenciadas, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, mencionó que se han emitido 19 recomendaciones a servidores públicos que laboran en las cárceles municipales para que mejoren las condiciones de vida de los internos. "La mayoría de las recomendaciones son por personas que privadas de la libertad cometieron suicidio, recibieron golpes o fueron afectados por riñas a causa de la mala atención que reciben en las instalaciones, entre otras problemáticas". El funcionario de la CEDHJ añadió que 23 cárceles municipales han sido revisadas por la dependencia y se detectó que las principales demandas son que no están dotadas de cámaras de circuito cerrado, las comidas son insuficientes, o existen personas internas mal procesadas. En febrero, la CEDHJ presentó un informe especial sobre la situación de estas 23 cárceles municipales del estado de Jalisco en 2015 que dependen administrativa y financieramente de las autoridades de los municipios en los que se localizan, lo cual sigue siendo una queja recurrente de dichas autoridades, pues argumentan que carecen de los recursos económicos suficientes para la manutención y custodia de los internos, así como para sufragar los demás gastos que implican el adecuado funcionamiento de esos establecimientos, y que el Gobierno del Estado no les brinda apoyo económico. Desde 2008 y durante los años subsecuentes, después de realizadas las visitas en las cárceles municipales, se giraron oficios a los alcaldes, con la intención de sensibilizarlos, y se les hicieron diversas observaciones y sugerencias para mejorar las condiciones de las personas que ahí se encuentran privadas de su libertad. Cárcel de Zapotlán no cuenta con personal ni infraestructuraEn octubre del año pasado, la CEDHJ inició un acta de investigación sobre las condiciones en las que se encontraban los internos de la cárcel de Zapotlán del Rey y la infraestructura e instalaciones del centro penitenciario a raíz de una constancia telefónica que personal de esta comisión realizó con la esposa de uno de los internos. En las investigaciones se encontró que las celdas municipales no son adecuadas para su reclusión por no constituir estancias seguras y dignas. Además, no existe una clasificación de los internos y las condiciones del establecimiento no permiten el desarrollo de actividades laborales, educativas ni deportivas. La CEDHJ también encontró que se carece de un vínculo adecuado del reo con su exterior, se proporciona una limitada atención médica, el personal de seguridad no está capacitado, es insuficiente y no se cuenta con personal técnico. Los internos manifestaron al personal de la CEDHJ y de la Fiscalía de Reinserción Social que su defensor de oficio nunca los visitaba por lo que desconocían en qué estado procesal se hallaban sus expedientes y por lo mismo no podían solicitar beneficios o su traslado a otro establecimiento. Después de realizar los expedientes necesarios por la violación de los derechos de los internos de este centro de reclusión, la CEDHJ emitió recomendaciones y peticiones al Gobierno Municipal y a quienes resulten responsables de atenderlas. Las recomendaciones que se emitieron fueron la creación de una comisión que se encargue de vigilar, adoptar y ejecutar las necesidades de los internos como la operación adecuada del establecimiento que promueva el respeto a los derechos de los recluidos. Asimismo, también se pidió la atención médica adecuada de los internos, la dotación de un cuadro básico de medicamentos, contratación y capacitación de personal suficiente, instalación de una línea telefónica para los internos, regularizar las visitas y los alimentos hacia los internos, arreglar desperfectos de las instalaciones y el desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas para los reos. Su hijo, ex interno, falleció por un mal diagnóstico médicoEn septiembre del año pasado, el padre de un ex interno presentó una queja ante la CEDHJ denunciando al personal de la Comisaría de Prisión Preventiva del Estado porque su hijo falleció a causa de un mal diagnóstico en referencia a una contractura muscular en miembros inferiores por ejercicio excesivo como castigo por un supuesto adeudo por parte de un grupo de internos. A principios de septiembre el padre del interno visitó a su hijo recluido y se encontró con la sorpresa de que se encontraba en enfermería con un diagnóstico de pánico, el médico se negó a trasladar al afectado al Hospital Civil para una revisión interna a pesar de la insistencia del padre. Cinco días después, el progenitor recibió una llamada del personal del reclusorio para informarle que su hijo había ingresado al Hospital Civil por contractura muscular a causa de ejercicio excesivo. El 23 de septiembre, la CEDHJ solicitó una copia del expediente clínico y los nombres de los médicos que atendieron al paciente; en el dictamen de responsabilidad que se emitió se determinó que los médicos de la Comisaría de Prisión Preventiva aplicaron un tratamiento básico, diagnóstico que no fue acertado. A pesar de que el agraviado no mostraba mejoría y de que sus síntomas empeoraban los médicos no modificaron su diagnóstico ni tratamiento por lo que el interno falleció. La CEDH, emitió recomendaciones a la Fiscalía de Reinserción Social del Estado por violación del derecho a la salud para la reparación integral del daño, sancionar a los médicos, realizar un análisis de las necesidades médicas y ampliar la plantilla de galenos. Otras recomendaciones emitidas por la CEDHJLa dependencia también emitió recomendaciones al presidente municipal de El Salto, Marcos Godínez Montes por violación del derecho a la protección de la salud debido a que una mujer presentó una queja en contra de personal de la unidad médica de urgencias Las Majadas de los Servicios Médicos Municipales de El Salto por el deceso de su hijo a causa de una herida de arma blanca en el abdomen que le provocó la muerte dos días después, aunque los médicos le aseguraron que la lesión no era grave ni había causado daño en órganos. El Ayuntamiento de El Salto no cuenta con información de uno de los médicos que lo atendió, ni su situación laboral o si contaba con cédula profesional. Además, la recomendación a la Fiscalía Central del Estado de Jalisco por la violación del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica por el caso de una mujer de 87 años de edad que hace dos años ganó un sorteo de cinco millones de pesos y con engaños familiares lograron que el dinero se depositara a una cuenta bancaria que la ganadora desconoce quién es el titular.EL INFORMADOR / NALLELY MEDINA
