La CEDHJ acredita otro caso de tortura de la Fiscalía

GUADALAJARA, JALISCO (23/ABR/2015).- El 28 de mayo de 2014, dos agentes investigadores detuvieron a "Rubén" mientras se encontraba laborando en la empresa que lo había contratado. Lo acusaban de haber robado un químico, y ese par de investigadores de la Fiscalía General del Estado le pusieron aros aprehensores para sacarlo de ahí. Minutos más tarde, ya en los separos de la dependencia, lo golpearon, lo hincaron y le pusieron una bolsa en la cabeza para asfixiarlo.

No conformes, lo desmayaron a golpes. Una vez que volvió en sí, le dieron a firmar una declaración ministerial donde aceptaba el robo. No obstante, fue puesto en libertad horas después, porque era inocente.

Esta es la historia que se repite una y otra vez en la Fiscalía General del Estado. Desde 2007, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) ha acreditado golpes, lesiones y estrés postraumático en víctimas de investigaciones judiciales. Se llama tortura y son 31 recomendaciones desde entonces.

30 de ellas son contra corporaciones policiacas y de procuración de justicia administradas por el Gobierno del Estado.

Aunque en el discurso, la administración de Aristóteles Sandoval se dice respetuosa de las garantías individuales de cada persona; en los hechos, la CEDHJ lamenta que sus recomendaciones puedan convertirse en "llamadas a misa", porque hasta el momento no hay ningún funcionario público procesado por este tipo de conductas.

La recomendación 13/2015 que fue publicada este día, da cuenta de un hecho que se repite constantemente. La diferencia es que la única recomendación que se ha emitido a una corporación policiaca municipal fue al Ayuntamiento de Degollado. Y ellos sí cumplieron con la reparación del daño a la víctima, al otorgarle ayuda psicológica y una suma superior a los 32 mil pesos.

Mientras que la Fiscalía General del Estado sigue siendo omisa. En 2014 se presentaron siete recomendaciones por tortura, y seis de ellas correspondían a la Fiscalía. La respuesta, dice el propio titular de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, se traduce en un silencio institucional para tratar de impedir que estas conductas se sigan repitiendo.

Sin embargo, el funcionario se negó a solicitar apoyo a organizaciones civiles como Amnistía Internacional, quienes el año pasado instalaron una oficina en Guadalajara ante la gravedad con la que se violan sistemáticamente los derechos humanos de las personas.

"Cada quien tiene que resolver sus propios problemas" comentó, luego de que se le preguntó si no hacía falta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interviniera.

Por lo pronto, la Fiscalía General del Estado se ha negado a dar una versión de estos hechos, hasta que sean notificados oficialmente por la CEDHJ.

Lluvia de recomendaciones

Además de la recomendación por tortura a la Fiscalía General del Estado, la CEDHJ también hizo publicas otras cuatro recomendaciones, todas generadas a partir de quejas presentadas en el mes de mayo de 2014.

La recomendación 14/2015 es una petición a la Fiscalía General del Estado para que tenga una base de datos actualizada de los mejores asegurados, "y donde conste el control de oficios que se elaboran para ponerlos a disposición de los consejos".

La recomendación 15/2015 es una petición de sancionar a dos médicos de los Servicios Médicos de Tonalá, luego de que su mala praxis y errores en el diagnostico ocasionaron la muerte de una persona. Además se pide programas de capacitación y actualización a todo el personal del área de salud municipal.

La recomendación 16/2015 es contra el Ayuntamiento de Zapopan, para que retire un tianguis en la colonia Nuevo México. Y que la comuna garantice el derecho a la movilidad en dicha colonia, luego de que se acreditó que el mercado ambulante opera al margen de los reglamentos municipales.

Por último, la recomendación 17/2015 es una petición al mismo ayuntamiento zapopano, para que realice estudios y diagnostico de salud a personas que viven en Nextipac, luego de que la CEDHJ argumentó que las plantas de tratamiento de aguas no funcionan y el agua que se genera en los pozos subterráneos del poblado, pueden tener minerales por arriba de lo que recomienda la norma sanitaria.

En todo caso, que se garantice el derecho a la salud y a un medio ambiente limpio y ecológicamente equilibrado.