Juicios laborales, bomba de tiempo para las autoridades

GUADALAJARA, JALISCO (19/ABR/2013).- Los juicios laborales y los laudos acumulados en las presentes administraciones representan una bomba de tiempo para los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como para los organismos públicos descentralizados. A las deudas con instituciones bancarias, proveedores y pensiones, entre otras, se deben añadir estos pasivos contingentes, que representan cantidades millonarias en detrimento de las finanzas públicas.

Mientras los gobiernos estatal y municipales del área metropolitana suman cuatro mil 861 juicios de ex trabajadores que demandaron por despidos injustificados (el SIAPA acumula otros 150 casos), las autoridades se niegan a rendir cuentas sobre las cantidades económicas que representaría perder todos; sin embargo, los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco también ocultan las deudas millonarias por laudos (resolución del juicio laboral). Entre los cinco acumulan más de 430.

El problema es que la gran mayoría de los juicios fue heredada por administraciones pasadas y prácticamente nada pueden hacer para defenderse porque ya fueron contestadas esas demandas. Sólo esperan la resolución del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Si las anteriores administraciones respondieron de forma defectuosa o se demuestra la ilegalidad del despido, el fallo favorecerá al demandante.

¿En qué se traducen estos errores, omisiones o negligencias? Hay dos casos ejemplares en Zapopan: uno concluyó en un laudo por 4.2 millones de pesos para el panista Ricardo Rodríguez Jiménez (quien demandó al Comude por despido “injustificado” en 2006; hoy es regidor en Zapopan y donó el laudo al DIF Municipal) y otro, en 49 millones de pesos para siete ejecutores fiscales que fueron despedidos “ilegalmente” desde el año 2000 y que apenas se prevé finiquitar el asunto con el pago convenido de 21 millones de pesos (tres para cada ex empleado).

Por eso autoridades como el síndico de Zapopan, Armando Morquecho, prefieren hablar de los 36 juicios que iniciaron en esta administración. El resto heredado (922) ya fue contestado y se presentaron las pruebas, por lo que el Ayuntamiento sólo espera el desahogo del litigio. La alerta para las finanzas públicas, advierte Morquecho Ibarra, es que “para la ley todos los trabajadores tienen la razón, aunque no la tengan”.

En el caso del Gobierno de Jalisco hay mil 446 juicios activos, pero se espera que se disparen las demandas por el actual cambio de administración y los despidos que provocan los ajustes entre las plantillas de funcionarios de confianza y supernumerarios.

Entre los gobiernos del Estado y municipales hay juicios heredados desde 1998. La presión para las finanzas públicas es que, entre más se prolongan las resoluciones, las sentencias en contra tienen el factor común de pagos millonarios por salarios caídos y hasta las reinstalaciones de los demandantes.

Además de las reformas recién aprobadas a la Ley de Servidores Públicos, el año pasado también entraron en vigor reformas que darán mayor agilidad y movilidad a los juicios. Para cualquier trabajador que demande por despido injustificado se limitaría a un año la generación de salarios vencidos; esto provocará que se eviten laudos como los 49 millones de pesos para los siete ex ejecutores fiscales de Zapopan, quienes han hecho una alcancía “millonaria”. Pero la mayoría de los juicios activos será juzgada con la antigua ley.

Independientemente del número de casos que se resuelvan a favor de los gobiernos, es un hecho que las más de cinco mil demandas pendientes concluirán en pasivos millonarios contra las finanzas públicas. Y si las autoridades deciden postergar pagos de laudos ya dictados, la deuda aumentará. Es decir, una bomba de tiempo.

1,446 Juicios laborales, bomba de tiempo para las autoridades

LOS PUNTOS CLAVE

EVENTUALES El origen de las demandas laborales contra las entidades de Gobierno en Jalisco está en la forma en que se contrata a los funcionarios públicos, pues la mayoría de involucrados son de confianza o supernumerarios, es decir, eventuales.

ESTABILIDAD Por otra parte, los servidores públicos que desempeñen nombramientos temporales o de carácter interino, provisional o por obra determinada ya no podrán adquirir derecho a la estabilidad laboral, como en el caso de los dos notificadores fiscales que demandaron al SIAPA y que reclaman, entre ambos, hasta 50 millones de pesos en indemnizaciones). Estas reformas ayudarán en parte a que estos empleados terminen las relaciones laborales en automático.

REFORMAS En septiembre pasado se reformó la Ley para los Servidores Públicos de Jalisco y sus Municipios. El Artículo 6 señala que ya “no podrá otorgarse ningún nombramiento supernumerario que trascienda el periodo constitucional del titular de la entidad pública en la que se otorgó (entre los tres y seis años)”.

¿RESPONSABLES? Mientras especialistas en derecho laboral coinciden en que se requieren cambios estructurales en las normas, que protejan la dignidad de los trabajadores pero también las finanzas de la administración pública, hay un punto interesante: no hay sanciones contra los funcionarios de primer nivel que propiciaron el despido injustificado de los empleados relacionados los juicios laborales; es decir, los principales causantes de este lastre en los gobiernos ni siquiera tienen responsabilidad administrativa cuando se dicta un laudo.

APOYO De ahí la urgencia de conseguir ayuda, como se ha planteado desde el año pasado, del Ejecutivo. El gobernador Aristóteles Sandoval, que llegó al cargo en marzo, ya expresó esa intención, y ha subrayado que no se puede exigir a esta Legislatura que resuelva automáticamente los problemas heredados.

EXPERTOS CRITICAN DESCUIDOS
Más ex colaboradores externos demandaron y ganaron al SIAPA

Aunque la relación laboral que tuvieron con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) duró poco más de un año, el sueldo que recibían estaba basado en honorarios y nunca fueron empleados directos de la dependencia, 11 notificadores fiscales denunciaron al organismo operador ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el año pasado, luego que dejaran de requerir sus servicios.

Al final, el órgano dependiente del Gobierno estatal resolvió a favor de los quejosos. Y por esto, el SIAPA se vio obligado a entregarles 11 millones de pesos en total.

En la opinión del licenciado en Derecho Laboral, Javier Íñiguez, resulta poco probable que trabajadores externos denuncien a una empresa que les contrató sin mayores prestaciones que un sueldo por honorarios. Más complicado aún es que el juicio se defina a su favor, y la empresa se vea obligada a pagarles una retribución.

Desde la óptica del experto, el equipo jurídico del SIAPA (que en ese periodo estaba a cargo de Uriel Parga Ramírez) “descuidó” los casos, y esto permitió que la resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fallara en su contra.

El investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Rosendo Fregoso Castro, expuso que es prioritario conocer los términos bajo los cuales se firmó el contrato, pues éste pudo haber facilitado que la resolución beneficiara a los 11 denunciantes que trabajaban de manera externa para cobrar a usuarios morosos del organismo operador.

FRASES

"Es imposible que el SIAPA pueda perder una demanda de esta naturaleza, a menos de que alguien se haya puesto de acuerdo "

"(Los ex notificadores fiscales) no ganaban por notificación hecha, ganaban por
la recuperación de la cartera "

Rodolfo Ocampo, ex director del SIAPA.