Juez federal resuelve a favor del Estado por obras en Nodo Tutelar

GUADALAJARA, JALISCO.- El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa declaró improcedente el juicio de amparo promovido por el ejido de Santa Ana Tepetitlán en contra de las obras del Nodo Vial Tutelar, con lo que se exime al Gobierno del Estado de pagar cualquier indemnización a los ejidatarios y se descarta la posibilidad de demoler el retorno ya construido y en operación.

En su resolución, emitida el 29 de enero de 2009, la juez Guadalupe Gabriela Huizar Flores sobreseyó el juicio 163/2008 promovido por el ejido, luego de que la Dirección Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) comprobara, mediante constancias de diversos juicios, que los quejosos ya habían sido indemnizados en la década de los ochenta, por lo que la posesión sobre el Periférico por parte del Gobierno del Estado es absolutamente legal.

“Este Juzgado de Distrito considera que los actos reclamados no son violatorios de garantías, porque contrario a lo sustentado por la parte quejosa, las autoridades integrantes del Ejecutivo del Estado no están ejerciendo actos privativos en contra de los derechos de uso, disfrute y disposición de bienes pertenecientes al ejido quejoso”, se lee en la resolución.

La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) le pagó al ejido a cambio de los predios donde se ubica la obra. Entre los bienes que los ejidatarios recibieron a cambio de las tierras que ahora pelean están:

· Un rancho agrícola de riego que cuenta con 74 hectáreas con un valor de nueve millones 298 mil 818 pesos.
· 33 casas habitación y las obras de urbanización construidas para el complejo habitacional con un costo, a principios del año de 1980, de 16 millones 278 mil 204 pesos.
· 33 lotes habitacionales donde se construyeron las casas ya mencionadas con un valor comercial de aproximadamente tres millones 712 mil 500 pesos.
· Un camión de redilas marca Ford con valor de 500 mil pesos.
· Un tractor agrícola marca Ferguson con implementos y un valor de 624 mil 680 pesos.
· Dos millones 150 mil pesos en efectivo.
· Tres millones 90 mil 900 pesos entregados directamente a los afectados en proporción al área de terreno que le fue expropiado a cada uno.
· 10 casas habitación y las obras de urbanización que están en proceso de construcción para los ejidatarios expropiados en porciones de cuatro hectáreas o menos, con un costo de siete millones 400 mil 599 pesos.
· 10 lotes en donde se construyeron las casas anteriores, con un valor comercial de un millón de pesos.

El juez consideró que instaurar un nuevo procedimiento de expropiación para indemnizar a los ejidatarios “sería tanto como permitir un doble pago, fomentando un enriquecimiento indebido”.