Joselyn y su lucha por estudiar

GUADALAJARA, JALISCO (05/DIC/2015).- Luz Guerrero recuerda con tristeza cuando su hija Joselyn cayó a medio patio de una de las primarias de la cual fue rechazada por padecer parálisis cerebral moderada y usar una silla de ruedas.

“Déjenla ahí. Si quiere ser tratada como todos que se levante sola”, fueron las palabras que la directora dijo, pero uno de los profesores ayudó a la niña.

Es sólo una de las situaciones por las cuales ha tenido que pasar ante escuelas de educación básica. No quisieron hacer ningún intento por ella: “Decían que no podían hacerse cargo de llevarla al baño o sacarla al recreo”.

Recorrió 25 centros preescolares para que finalmente aceptaran a su hija. Lo mismo hizo en siete primarias. El colmo fue cuando, al quererla inscribir a la secundaria “Ricardo Flores Magón”, de Guadalajara, tampoco la aceptaron: “Es discriminación porque pagué la suscripción, salí en listas, pero luego me dijeron que no había lugar. Porque sólo aceptaban a siete niños con discapacidad por año. El director me dio a entender que me quería deshacer de mi hija, pero yo quiero que ella estudie y ella quiere estudiar”.

El sufrimiento de ambas se acabó cuando un familiar les recomendó ir a la Secundaria 8 Mixta para saber si tenían cupo. El descubrimiento fue “una bendición” para Luz. Inmediatamente fue incluida y los maestros cambiaron los grupos para que los salones de la planta baja correspondieran al grado de Joselyn.

Los profesores del plantel ayudan a Luz y a Joselyn a bajar de su coche y a entrar al salón. Los compañeros la ven con gusto, la saludan y la llevan en la silla de ruedas hasta su pupitre: “Ya quiero ir con mis compañeros”, dice Joselyn a las puertas de la secundaria.

El dinero se va en moverse…

Tener que pagar taxi a diario para trasladarse es un gasto excesivo y casi imposible de pagar para Alicia Gutiérrez, pero casi siempre tiene hacerlo. Su hijo Bruno sufre ataques epilépticos y tiene discapacidad psicomotora, pero deben esperar horas para tomar un camión de transporte público con rampas y, cuando tienen poco tiempo, no les queda de otra que tomar taxi.

“Vivo en Tonalá… y si quiero llevarlo al Centro de Guadalajara es todo un problema. La verdad no cuento con recursos para tomar taxi. Prácticamente apenas alcanzamos para comprar (su esposo es fontanero) los medicamentos y comida. Estamos para llorar tanto en el transporte como en las condiciones de las calles”.

Califica como frustrante la situación y la omisión de las empresas y autoridades para no instalar o presionar para que más unidades cuenten con rampas, “no piensan en nuestras personas con discapacidad. Personas como mi hijo hay muchas”.

En un ejercicio realizado por esta casa editorial se constató que para ver pasar un camión con rampa para personas con discapacidad puede transcurrir más de una hora, o simplemente varias rutas no cuentan con un solo vehículo adaptado. La Ley de Movilidad establece que dos de cada 10 unidades deben contar con este tipo de aditamentos, pero los líderes camioneros reconocen que sólo la décima parte cuenta con éstos.  

Entidades con más población con discapacidad

Estado	Porcentaje
Estado de México	12
Distrito Federal	8.4
Veracruz	7.2
Jalisco	6.4
Guanajuato	5.2

Fuente: Inegi

OLVIDAN POBLACIÓN VULNERABLE

Padecen una ciudad excluyente

El director de Movilidad y Transporte en Guadalajara, Mario Silva Rodríguez, diagnostica que las banquetas tienen un problema acumulado de varios años en que no se tuvo un criterio técnico ni línea de diseño de las mismas: “Hay avenidas y calles con irregularidad en sus anchos. El diagnóstico que tenemos es que el problema de movilidad ha ido acumulándose a lo largo del tiempo”.

Otro aspecto que refleja la exclusión de la ciudad para Silva Rodríguez es el transporte público, el cual desde sus paraderos refleja la falta de previsión para hacerlos accesibles y seguros. “Varias calles tienen rutas con alta demanda, donde no hay nada que proteja a los usuarios de la lluvia o son inexistentes”.

En Zapopan, el encargado de Movilidad no Motorizada y Accesibilidad Universal del Ayuntamiento, Carlos López, encontró una ciudad desigual y dispar en la inclusión de personas con discapacidad. Con áreas como la Zona 30 o las colonias Chapalita o Santa Margarita, que son ejemplo de buenas condiciones y son accesibles para cualquier persona, “los cruceros tienen elementos de protección, los cruces son cortos, no hay sólo una rampa pequeña, aunque le falta señalización y agilidad”.

En contraparte, tiene “zonas abandonadas”, como Los Molinos o Las Mesas Coloradas, donde, por lo menos en esta última, ni siquiera hay pavimento.

El director del Consejo estatal para la atención e inclusión de personas con discapacidad (Coedis), Héctor Figueroa, asevera que las ciudades no fueron creadas para personas con capacidades diferentes. “Apenas trabajamos para que la accesibilidad se revierta”. Y pone como ejemplo la renovación de Cuastecomates, Cihuatlán, donde la playa está siendo intervenida para hacer “la primera playa y pueblo incluyente en México”. Los trabajos, con un costo de 39 millones de pesos, contemplan dotar al pueblo y a la playa de infraestructura que permita la accesibilidad universal a personas con todo tipo de discapacidad, informó el titular de la dependencia, Roberto Dávalos López.

INSTITUTO QUEDA SIN PRESUPUESTO

Dentro de la Ley estatal para promover la igualdad, prevenir y eliminar la discriminación se considera la creación de un instituto que combatirá las prácticas discriminatorias. Luego que el Gobierno de Jalisco publique esta legislación (está atorada en la Secretaría de Gobierno) tendrá facultades para conocer controversias y podrá emitir y ejecutar las medidas de reparación y sanciones correspondientes.

La diputada Liliana Morones Vargas aclara que el organismo sería auxiliar del Poder Ejecutivo, cuyo objeto es prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación, aunque hasta ahora y por lo menos para el próximo año no contará con un presupuesto. Sin embargo, asegura que no será una limitante: “En la Legislatura nos comprometimos a trabajar con lo que tenemos, buscando beneficios para la ciudadanía aun cuando no tengamos dinero”.

Reconoce que no son suficientes los días internacionales del combate a la discriminación, ya que se deben trabajar “los 365 días para promover la igualdad”, aunque admite que se requiere a alguien que “nos recuerde a las personas con discapacidad”.

El Instituto tendrá a su cargo prevenir y eliminar las formas de discriminación mediante la promoción de políticas públicas y la elaboración de proyectos y propuestas que tiendan a fomentar la igualdad. También estaría capacitado para resolver quejas e impondría las medidas de reparación de los daños, además que sancionaría a los servidores públicos y particulares que violenten las disposiciones.

El titular del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad (Coedis), Héctor Figueroa Solano, señala que este Instituto es urgente para que labore en conjunto para luchar contra la discriminación.

Quieren darle “dientes”

Buscarán darle “dientes” al Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad (Coedis), con el fin de hacer respetar a este grupo vulnerable, informa su titular Héctor Figueroa Solano. En conjunto con el Gobierno del Estado preparan esta propuesta, que tiene el objetivo de dar facultades a la Coedis en ley para la atención y desarrollo integral de personas con discapacidad para recibir denuncias: “Falta mucho (para defender sus derechos) porque no hay acciones vinculatorias o coercitivas. Y no es sencillo que la gente respete de buena voluntad las cosas. Cuando tengamos los ‘dientes’ en la ley podemos cerrar la pinza y hacer que la gente discrimine lo menos posible”.

El Consejo estatal sólo puede establecer las bases, los programas y las políticas públicas a favor de este sector, y solicitar a las dependencias y particulares el retiro de las barreras físicas y de comunicación.

Entre los avances, dice, está la modificación en la Constitución del concepto de “discapacidad”, en cual se amplió para que nadie sea discriminado.

El sector que más se discrimina

Entre 2010 y 2014, las personas con discapacidad presentaron mil 051 quejas y reclamaciones por discriminación. Esta cifra representa una de cada cinco del total de denuncias presentadas por todos los grupos expuestos a este maltrato en todo el país, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

La discapacidad supera a grupos también discriminados por su preferencia u orientación sexual, condición de salud, apariencia física o género. Y a pesar de los esfuerzos realizados, la cifra va en incremento hasta casi duplicarse, sólo entre 2013 y 2014. Las quejas se dirigen a entidades particulares, mientras que las reclamaciones son para dependencias de Gobierno.  

Jalisco se ubica en el tercer lugar por la cantidad de denuncias, sólo detrás del Distrito Federal y Estado de México. De acuerdo con la Ley federal, un acto discriminatorio es la distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades de las personas.

GUÍA

¿Cuáles son las prácticas más comunes?

• Limitar o impedir el libre acceso a la educación pública y privada.
 
• Negar o restringir las oportunidades de elección, acceso, permanencia, promoción y ascenso en el empleo.

• Negar, restringir o establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones, los créditos y las condiciones laborales para trabajo.

• Negar o rescindir el contrato de trabajo sin causa justificada.

•  Negar el acceso a la seguridad social.

• Negar o limitar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios públicos.

• Ofender, ridiculizar a las personas o promover el odio y la violencia en su contra a través de mensaje o imagen en cualquier medio de comunicación.

• Negar, obstaculizar o negar el libre desplazamiento de cualquier persona.

• Negar, obstaculizar o impedir, bajo cualquier forma, la accesibilidad desapercibida (evitar o suprimir barreras arquitectónicas y urbanas) o los ajustes razonables al entorno físico, al transporte, a la información a la tecnología y comunicaciones en instalaciones y servicios públicos o de institución privada que preste u ofrezca servicios o productos al público.

Las medidas para el que discrimine

• Restituir el derecho violentado.

• Ofrecer disculpa y garantizar el trato, oportunidades y la no discriminación.

• Tomar cursos, talleres, conferencias o seminarios de sensibilización para promover el derecho a la no discriminación.

• Presencia de personal del Instituto para verificar la adopción de medidas a favor de la igualdad de oportunidades.

Las sanciones para particulares o empresas

• Multa de siete mil 010 pesos a 14 mil 020 por discriminación.

• Si cae en dos o más conductas discriminatorias la sanción será de 21 mil a 70 mil 100 pesos.

• Si es reincidente podría multársele por 70 mil 100 pesos y se clausuraría su establecimiento de una semana a un mes.

• Si reincide en una tercera ocasión, la sanción sería de 350 mil pesos y su establecimiento se clausuraría permanentemente o se le revocaría el permiso. En caso de que no pague la multa, el dueño sufriría un arresto administrativo hasta por 36 horas.

Para los servidores públicos

• Amonestación pública en caso de un acto discriminatorio.

• Si comete por segunda ocasión alguna conducta discriminatoria, la multa se elevará de entre 35 mil 050 y 105 mil 150 pesos. Y si cae en una tercera se le propondrá la remoción definitiva del cargo.

Conapred

La Conapred recibe denuncias a los teléfonos 01800-5430033 y (55) 5262-1490 extensiones 5418, 5421 y 5423. Y al correo electrónico: quejas@conapred.org.mx

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