Jalisco sube al segundo lugar nacional en desapariciones

GUADALAJARA, JALISCO (18/NOV/2014).- “Me quitaron, primero, la esperanza de encontrar a mi hijo (José Luis) vivo. Y con la asquerosidad de cómo manejan las fosas (por el caso de los normalistas de Ayotzinapa) me quitan la esperanza de encontrarlo muerto”, lamenta Lupita Aguilar, quien desde 2011 busca desesperadamente a su familiar. Ni encarar al entonces presidente Felipe Calderón en un evento público le sirvió. Lleva cuatro largos años de una pesadilla sin fin. Es un caso de los 22 mil 322 desparecidos oficialmente en México.

En Jalisco se registraban dos mil 230 casos de personas desaparecidas en abril de 2013, se ubicaba en el cuarto lugar nacional, debajo del Distrito Federal, Estado de México y Tamaulipas. Sin embargo, este año se modificó el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas y disminuyó la cifra a dos mil 113. Pese a esto, la Entidad se posicionó en el segundo lugar, debajo de Tamaulipas (cuatro mil 875 casos).

En agosto pasado, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, a la que pertenece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, depuraron las cifras del Registro (creado en 2011), y suman 22 mil 322 personas cuyo paradero se desconoce.

Pero los registros de la Fiscalía de Jalisco son dispares: mientras la entonces Procuraduría de Justicia reportó entre 2006 y 2011 tres mil 719 desaparecidos, la actual administración reporta dos mil 212 en el mismo periodo.

La organización “Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco” tiene contacto con 200 familias de víctimas. Según sus estimaciones, cuatro de cada 10 no han sido denunciados por desconfianza a las autoridades. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo lleva sus propias cuentas y documenta al menos 770 estudiantes (60% es mujer) entre los desaparecidos del Estado.

Una investigación de Periódicos Asociados en Red (PAR) revela que la falta de registros confiables y protocolos uniformes sobre desaparecidos aumenta la desconfianza que tienen los familiares hacia las autoridades.

Pilar Tavera, directora de Propuesta Cívica, destaca que el Gobierno siempre intenta presentar los casos de desapariciones de grupos como “hechos aislados”. Esto es grave tras el caso Ayotzinapa que expuso un nuevo problema: “Si antes había nombres sin cadáveres, ahora tenemos restos sin nombres. No existe un control y menos una sistematización para identificarlos”.