GUADALAJARA, JALISCO (10/SEP/2017).- La Secretaría General de Gobierno de Jalisco informó que presentó ante el Poder Legislativo del estado cinco iniciativas de Reforma de Ley.Destacó la propuesta donde el nombramiento del fiscal general, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, auditor superior y auditores especiales, sean sometidos a la opinión técnica del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.Detalló que la primera iniciativa reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General para dotarla de plena autonomía.Agregó que la reforma contempla la elección del fiscal general, en la que el gobernador enviará una lista de ciudadanos a la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Anticorrupción de Jalisco.Esta, a su vez, emitirá sus opiniones técnicas sobre los mismos, las cuales enviará al gobernador, quien las valorará y someterá al Congreso de Jalisco una terna para elegir al fiscal general.La dependencia indicó que, por otra parte, se reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública como institución de seguridad del Poder Ejecutivo del estado, autoridad competente de garantizar en el estado la seguridad, mantener el orden y la paz, así como el sistema de reinserción social.Añadió que lo anterior no impide a la Fiscalía General de Jalisco que en el ejercicio de su función cuente con una policía investigadora, administrativa y directamente sujeta a la Fiscalía General. Señaló que la segunda iniciativa reforma el artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado y tiene por objeto proponer al Pleno del Congreso local el procedimiento de convocatoria para la elección de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, e incluye a los que integren a su Sala Superior, y considerar la opinión del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.La tercera iniciativa presentada reforma los artículos 30 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado y sus Municipios, y tiene por objeto proponer al Pleno del Congreso local las bases para el procedimiento de elección de los auditores Superior y Especiales de la Auditoría Superior del estado, donde también sea considerada la opinión del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.Asimismo, precisó que se presentó la iniciativa de decreto mediante la cual se reforma el Artículo 50 Fracción III de la Constitución Política de Jalisco, a fin de que el actual Titular del Poder Ejecutivo y los subsecuentes rindan el informe del estado que guarda la administración estatal el día 6 de noviembre, ya que con la disposición vigente no podría hacerlo pues tendrán que dejar el cargo el 5 de diciembre de 2018.La Secretaría General de Gobierno apuntó que en la quinta iniciativa presentada se modifican diversas disposiciones de la ley que crea al Consejo Económico y Social de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (Cesjal), con el fin de revisar las normas jurídicas vigentes en el estado, adecuar el marco normativo y dotarlo de las condiciones necesarias para que logre responder de manera más certera a las exigencias de la sociedad jalisciense.Explicó que para ello su presidente debe tener un perfil técnico, con experiencia en el campo de la economía, el desarrollo y la competitividad de cinco años de experiencia, por lo que se propone modificar los artículos 11, 14 y 29 de la Ley que crea al Cesjal.Afirmó que presentó observaciones al decreto 26427/LXI/17, que reforma y adiciona diversos artículos de las leyes de Austeridad y Ahorro, Código Penal, y Ley del Sistema de Seguridad Pública. La dependencia apuntó que el decreto observado debe modificarse a fin de integrarlo adecuadamente al orden jurídico en materia de protección a las personas, ya que deja de considerar la seguridad pública como función del estado en la protección de la vida, la integridad y la protección de las personas; transformándolo en un servicio público disponible sólo para quienes cuenten con los recursos económicos para pagar su contraprestación.Aseguró que esto genera inseguridad e incertidumbre jurídica a las personas de interés en el contexto del sistema de justicia penal que son víctimas, ofendidos, testigos, personal del Nuevo Sistema de Justicia Penal, del Poder Judicial, a las mujeres en el marco de las Leyes de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a los defensores de derechos humanos y periodistas, que requieran la protección a su persona.
