Jalisco, en riesgo de pedir prórroga para juicios orales

GUADALAJARA, JALISCO (23/OCT/2013).- La pretensión del Poder Ejecutivo de Jalisco por aplazar hasta 2015 la migración del actual sistema de justicia penal hacia uno acusatorio y oral, en lugar de comenzar a hacerlo el siguiente año, pone en riesgo al Estado de incumplir con el mandato constitucional de adoptar por completo el nuevo modelo a más tardar el 19 de junio de 2016.

El especialista en la materia, Guillermo Zepeda Lecuona, autor del Plan Integral para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en Jalisco, un documento avalado por la Secretaría de Gobernación (Segob), hace esta advertencia, y puntualiza que para un Estado de las dimensiones y complejidad como éste, no es factible concluir con una tarea de esta magnitud en tan sólo año y medio.

Por eso, este Plan Integral para Jalisco, analizado y validado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), de Segob, fija la necesidad de iniciar la migración en enero de 2014, al igual que lo previó el Congreso local cuando aprobó recientemente el nuevo Código de Procedimientos Penales que daría pie a la oralidad.

Sin embargo, y como es sabido, el titular del Ejecutivo, Aristóteles Sandoval Díaz, vetó el decreto del Código, dejando en suspenso su promulgación y publicación, para plantear a los legisladores, entre otras cosas, que la fecha de arranque se modifique y no sea el año próximo, sino 2015.

"No (es factible lograrlo), me parece muy pesado. Sí es muy complicado y un Estado tan grande como Jalisco, quizá estaría pidiendo ampliar el transitorio constitucional (para una prórroga), no sé si muchos Estados van a estar en esa circunstancia de estar solicitándolo, así como en la materia de certificación de la Policías, y nuevamente ningunear los transitorios de una reforma constitucional".

Es decir, lo que el especialista refiere, es que el Estado podría verse en la misma situación que con la depuración de los cuerpos policiales, en la que incumplió en dos ocasiones con el plazo marcado en un artículo transitorio constitucional (primero el límite fue diciembre de 2012, luego, octubre de este año); y lo mismo puede suceder, por tanto, con la obligación por reformar su sistema penal para el 19 de junio de 2016, también contenida en la Constitución Política del país.

El académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) es un estudioso del proceso de migración que se está dando a nivel nacional hacia el sistema acusatorio y oral; recorre el país de una entidad a otra documentando las mejores y las peores prácticas -qué funciona, para copiarlo, y qué no, para aprender de ello-, y las complejidades por las que han atravesado para avanzar en la adopción del nuevo modelo.

En otros Estados ha constatado que no es idóneo fijar tiempos tan cortos para la reforma como lo quiere el Ejecutivo de Jalisco. Zacatecas, por ejemplo: comenzó en la capital y previó integrar una siguiente región en seis meses...le costó tres años lograrlo; Oaxaca, inició en dos regiones, planeó llegar a una tercera en un año...lo pudo hacer en tres; Baja California, quiso que Ensenada tuviera juicios orales en julio de 2012, aún hoy no ha podido concretarlo, así que lo aplazó para enero de 2014.

Ante una situación imprevista, el margen de maniobra y corrección para Jalisco sería mínimo si comienza en 2015. El veto a la legislación local referida, por tanto, y según se explica Zepeda Lecuona, debe haber tenido como motivo principal una determinación por esperar hasta la expedición del Código Único de Procedimientos que alistan los legisladores federales para todo el país, sobre el cual, aúna, existen versiones de que su aprobación es inminente, en lo que resta de octubre, incluso.

Existe el antecedente del Distrito Federal, además, donde su Asamblea aprobó su propio Código, y mereció un extrañamiento de la Federación, refiriéndole que ésta ya es una facultad del Congreso de la Unión (una reforma que se avaló como paso previo a la expedición de una norma única para todas las entidades federativas), esto también pudo haber influido en el veto, considera.

Sin embargo, concluye que era una buena decisión la del legislador de Jalisco para tener un Código propio en tanto se formaliza el de carácter nacional. Ahora lo que queda por delante, por lo tanto, para que Jalisco pueda remontar y dejar de ser una de las entidades más rezagadas en la adopción de la reforma, y disminuya las probabilidades de caer en un incumplimiento y solicitud de prórroga, es que el siguiente año, al menos, sea aprovechado intensamente entonces en el fortalecimiento y ampliación de las labores del Instituto de Justicia Alternativa sobre todo el Estado, para quitar presión sobre el aparato judicial en etapa de evolución y facilite así su cambio.

Hay Estados del país donde aún sin estar en funcionamiento total la reforma, apunta el académico, los medios alternos de solución de conflictos ya están resolviendo hasta tres de cada 10 expedientes que llegan a su Procuraduría; estos son pieza clave en el nuevo modelo pues deberán desahogar la gran mayoría de los casos que ingresan al sistema penal.

Actualmente se estima que 12 de cada 100 asuntos que ingresan al Ministerio Público de Jalisco, en la Fiscalía General, ya tienen un tratamiento con estos medios alternos. En un esquema acusatorio y oral, dice Zepeda Lecuona, y de forma paradójica, lo más raro debe ser que un caso tenga que llegar hasta un juicio oral (se estima que sólo cuatro de cada 100 causas tendrán que resolverse de esa manera), para los más estará la justicia conciliatoria y restaurativa.

La coordinación de Poderes

Poco antes de que el Congreso aprobara el nuevo Código de Procedimientos Penales (19 de septiembre), y que luego sería observado por el gobernador, el presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Pizano Ramos, había dicho que el decreto era producto de un trabajo conjunto entre los tres Poderes públicos de Jalisco, que están presentes en el seno del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y cuya Secretaría Técnica está a cargo de Jorge Humberto Chavira Martínez.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Luis Carlos Vega Pámanes, representante del Poder Judicial, había confirmado en entrevista, el 26 de septiembre, que estaban listos para trabajar bajo los lineamientos de la reforma a partir de enero de 2014, como preveía el Código, iniciando en el partido judicial con sede en Chapala.

Cuando se le preguntó si los jueces penales estaban preparados para esta transformación, contestó el magistrado: "Para nosotros que hemos estado capacitándonos continuamente, y que nuestra labor nos exige siempre estar al 100%, no es ningún problema".

Todo, pues, iba bien con eso de la coordinación. Luego, el 1 de octubre, vino el veto del gobernador que argumenta: "Es evidente que no existen las condiciones de infraestructura, recursos financieros y la capacitación necesaria para que el nuevo Código pudiera entrar en vigor en las fechas establecidas en este decreto (enero de 2014), por lo que se propone modificar la fecha de inicio de vigencia y que fuera a partir de enero de 2015".

Desoyen el Plan Integral

La adopción de la reforma penal en Jalisco no se está ajustando a lo que se había previsto en el Plan Integral para el Estado avalado por la Setec del Gobierno federal. En el documento se estableció que las acciones de migración al nuevo modelo comenzarían en enero de 2014, pero el Poder Ejecutivo quiere llevarlas hasta 2015.

Y mientras el Plan Integral recomienda iniciar con los trabajos en los partidos judiciales con sede en Arandas, Tepatitlán, Jalostotitlán, Yahualica, Tlajomulco y Zapotlanejo, el Congreso había decidido que fuera sólo en uno: en Chapala.

Este documento, hace recordar su autor, es producto de talleres realizados con los ocho operadores del sistema de justicia penal en Jalisco, así que la propuesta de las regiones donde comenzaría la reforma la habían hecho ellos mismos, es decir, las dependencias que lo llevarán a la práctica.

Los costos de la reforma por operador del sistema penal en Jalisco hacia 2016

Operador Inversión
Procuraduría General de Justicia 1,968'427,199
Secretaría de Seguridad Pública 327'907,702
Supremo Tribunal de Justicia 383'028,400
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 426'719,100
Procuraduría Social 191'126,600
Instituto de Justicia Alternativa 32'890,000
Órgano implementador 6'558,480
Total 3,336'657,481

*Las primeras dos dependencias son ahora la Fiscalía General.
Fuente: Plan Integral para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en el Estado de Jalisco.


EL INFORMADOR / LUIS HERRERA