Itinerario

¿Cuál es la necesidad?

En la actual administración de la cultura -en honor a la tradición y al punto estándar- sobresale una visión espacial respecto de la política cultural, la cual gira entorno al concepto de que para fomentar la cultura en la sociedad la necesidad primaria es contar con un lugar para hacerlo.

Si bien es cierto que la infraestructura cultural (limitado este término a su acepción de edificaciones) es una de las grandes carencias en el Estado, también es verdad que el contar con un espacio para desarrollar la cultura suele tomarse como el fin y no como el medio.

El sexenio anterior se autocalificó de “Sexenio del patrimonio cultural” por la restauración que hizo de inmuebles emblemáticos como el Teatro Degollado, el Instituto Cultural Cabañas y Los Guachimontones. Lo que se vislumbra ya terminado el primer año de esta nueva administración, es la continuidad del enfoque de la restauración y conservación del patrimonio cultural, delimitado a los bienes inmuebles de carácter histórico, artístico y arqueológico.

Del presupuesto conseguido para este año, que ronda los 475 millones de pesos, una tercera parte de ellos es destinado al pago de sueldos de los más de mil empleados; el resto es con lo que se dispone para aplicar las políticas culturales establecidas en el Programa sectorial, del cual ahora podemos inferir que el gasto mayor será perfilado al rescate, restauración y conservación del patrimonio cultural, así como a la construcción de espacios.

El argumento para esta toma de decisiones es convincente: se generará un atractivo turismo cultural que indudablemente repercutirá en la economía del Estado. Pero, ¿se ejecutan en verdad políticas culturales o políticas turísticas? ¿Es proporcional la inversión en rescate y conservación del patrimonio cultural con los otros deberes, como la formación artística, la difusión, la de estímulos a los creadores, la de investigación estética, la del fomento a las artesanías, cultura indígena y popular?

Los recursos, por más que se ejerzan, siempre serán menores a las necesidades, y por eso mismo, el cuidado en la proporcionalidad debe tomarse con toda la precisión posible.

Visto desde el mismo Programa sectorial, el punto de encuentro entre los objetivos y el presupuesto deja dudas y cuestionamientos. Y ese es un nebuloso pendiente que debe ser tomado con la seriedad que requiere el quehacer de una Secretaría de Estado.

Por otra parte, entre los engranajes de la política cultural para los próximos cinco años, destaca la labor exhaustiva, de investigación de campo, municipio por municipio, que la Secretaría de Cultura realiza sistemáticamente. Es un recurso de inteligencia y sensibilidad con el que no se contaba y del cual depende la mayoría de las decisiones a tomar. Por esto y con base en este sistema de conocer las realidades del Estado, confío en que la Secretaría de Cultura adecuará el anunciado Programa sectorial a las necesidades más emergentes, más fundamentadas y más legitimadas, de quienes prefieren acceder a un servicio y/o bien cultural, para el mejoramiento de su desarrollo integral como ciudadanos; y del que todos, sin distinción de edad, género o preferencia religiosa, puedan ser beneficiados.

De ninguna manera quiero afirmar aquí que lo programado por la Secretaría de Cultura se encuentre mal elaborado; por el contrario: nunca se había contado con tanta especificidad de programas, objetivos y actividades, como corresponde a toda planeación profesional; sin embargo, me pregunto, si realmente la aplicación de los presupuestos y el perfil de las políticas públicas contempladas responden a una necesidad laica, plural y mayoritaria -en ese orden- como corresponde a toda institución pública que se debe a un gobierno de elección popular.

Martín Almádez