Investigan a 178 policías tapatíos; separan a 16

GUADALAJARA, JALISCO (06/FEB/2016).- La Policía de Guadalajara tiene dos mil 550 oficiales patrullando las calles del municipio con más población de Jalisco. Y 7% de ellos (178) están bajo un proceso de investigación interna por presunción de estar involucrados en algún delito.

El titular de la corporación, Salvador Caro Cabrera, apunta que se trata de una “franja mínima” en relación con el resto de los uniformados. “Pero no vamos a permitir que sus actos manchen a toda la institución”.

Desde el primer día de octubre y hasta el pasado 26 de enero, la Policía de Guadalajara ha recibido 49 quejas ciudadanas contra oficiales que presuntamente incurrieron en abuso de autoridad. En ese mismo lapso, 16 oficiales han sido separados de sus cargos, aunque sólo cuatro de ellos después de un procedimiento interno; el resto renunció.

Ante las irregularidades, la Policía “aplica la ley de manera inmediata”. El comisario explica que en todos los casos se da seguimiento para que la autoridad de procuración de justicia haga lo propio “sin consideraciones” especiales.

“Esta es una lamentable inclinación humana que, en el caso concreto de la Policía de Guadalajara, tiene una serie de controles internos que nos permiten actuar rápido y con contundencia”.

Sobre los exámenes de control y confianza opina: “Son instrumentos muy importantes que sirven para detectar algunas cuestiones, pero son perfectibles. Podríamos tener mejores instrumentos”.

Confía más en los procesos de depuración de la propia corporación, pues éstos han sido “acertados” porque “ningún mando medio ha sido atrapado en una actividad ilícita. Es una prueba de que esto puede funcionar”.

Reconoce que estos actos de corrupción “lastiman” a la sociedad, pero no son propios de la actividad policíaca sino de todos los sectores.

Desconfianza, motivo por el que no denuncian

No importa qué se haga para erradicarlas: las prácticas de corrupción al interior de las corporaciones de Policía persisten. Sin éxito, las autoridades federales emprendieron en 2009 un programa que se anunció como la estrategia de depuración de malos elementos: los exámenes de control y confianza, contemplados en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, pero a la distancia, esas pruebas no han depurado las corporaciones.

Hace una semana se conoció del caso de Alejandro Fregoso Galaviz, quien tras cinco años de servicio fue arrestado y llevado a prisión. Días atrás “pidió prestada” su arma larga a un colega y la llevó a su casa. Y cuando fue encarado por sus compañeros viajaba en un vehículo robado. Eventualmente se comprobó que estaba involucrado en una red de ladrones de autos.

Gustavo Cortez García, por ejemplo, se ha cansado de denunciar la venta de droga y prostitución en el barrio de San Felipe, en Guadalajara. Pero la omisión de las autoridades lo llevó a que denunciara a éstas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en tres ocasiones. Semanas después de su última queja, policías estatales lo “levantaron” y pasearon durante un rato pidiéndole que desistiera de seguir quejándose. “Sabían mi nombre y todo”.

El titular de la Fiscalía Central, Rafael Castellanos, acepta que es una realidad innegable. “No podemos negar que (…) los ciudadanos no nos tienen confianza todavía, y debemos decirlo tal cual”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, el 63% de las razones por las que el ciudadano decide no denunciar los delitos está el miedo a ser extorsionado, la pérdida de tiempo, los trámites largos y difíciles, la desconfianza en la autoridad o por una actitud hostil de parte de ésta.

Para animar a los cuerpos de la Policía, desde el sexenio anterior las autoridades estatales apostaron por mejorar su capacitación, darles equipo necesario para su labor y lo más importante: aumentar su sueldo. Una decisión que continúa, y a la cual los Ayuntamientos metropolitanos también se han suscrito.

Sin embargo, los casos de corrupción y abuso no paran en el Estado. Desde las policías municipales hasta la Fuerza Única de Jalisco, persisten los casos registrados de oficiales que usaron su cargo para delinquir.

De marzo de 2013 a la fecha, la Fiscalía General ha depurado a 340 elementos por reprobar las pruebas de confianza, aunque 42 de éstos enfrentan un procedimiento penal por delitos que van desde el abuso de autoridad hasta la tortura.

En octubre de 2012, tres comandantes de  la Policía de Guadalajara cesados hacían pública su extrañeza por su baja obligada que ordenaron los resultados. Cecilia Díaz, César González y Usiel Morales, fueron notificados que ya no trabajaban en la corporación, simplemente negándoles el  ingreso y pidiéndoles firmar su renuncia voluntaria. Se defendieron en tribunales.

FUERZAS FEDERALES
Policía Federal encabeza lista de agentes suspendidos

Por irregularidades diversas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha suspendido a tres mil 761 servidores públicos de seis dependencias de seguridad pública, procuración de justicia, armada y de inteligencia en los últimos cinco años.

Entre 2010 y 2015, la SFP aplicó multas por 297 millones de pesos a más de seis mil 700 trabajadores de las siguientes dependencias: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Información publicada en el portal de internet de esa instancia (http://www.gob.mx/sfp) destaca que la corporación con más apercibimientos en ese periodo es la Policía Federal. En un lustro, tres mil 761 agentes elementos —no precisa si son sólo operativos— fueron suspendidos.

El Centro de Seguridad Nacional inició 49 procedimientos en contra de 72 de sus funcionarios: es la dependencia pública de seguridad con menos sanciones, aunque la Secretaría de Marina no aparece en los registros de la SFP.

En contraste, la Policía Federal cuenta con 71 procedimientos abiertos dentro del periodo 2010-2015 y hay cinco mil 361 funcionarios apercibidos.

Según información concedida por la Unidad de Transparencia de la SFP, entre 2007 y 2013, nueve servidores públicos en la Procuraduría General de la República fueron denunciados penalmente; en el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad) fueron 16 entre 2012 y la primera mitad de 2015; incluso hubo dos denuncias de orden penal contra funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

En las primeras dos dependencias ninguno de los señalados llegó a prisión. Por lo que ve a la Segob, informa que “se desconoce” si fueron condenados a prisión.

En Jalisco, entre 2012 y 2015, la Contraloría del Estado inhabilitó a 29 funcionarios (15 de ellos hasta por seis años), por causas que van desde el incumplimiento en la declaración patrimonial y violaciones en el proceso de contratación, hasta negligencia administrativa, extorsión y cohecho.

LA VOZ DEL EXPERTO
Los mandos deben ser el ejemplo

Rogelio Barba Álvarez (investigador de la UdeG).

La “vacuna” contra la corrupción y el abuso de autoridad en las corporaciones está en sus mandos.

Porque en la medida que éstos pongan el ejemplo y sancionen a sus subordinados ante cualquier irregularidad, las malas prácticas comenzarán a erradicarse.

Precisión, determinación, honestidad y lealtad. Esos son los principios que deben seguir, primero, los titulares. No puedes dejar que una persona (policía) se pase un alto, que esté con los códigos encendidos para pasarse las calles o que esté piropeando a las mujeres.

La cadena de mandos debe aplicar esas sanciones y sin tolerancia alguna. La permisividad es lo que ha alimentado la corrupción y, eventualmente, que algunos uniformados se escuden de su puesto para, incluso, cometer delitos.

No puedes solapar a extorsionadores, a quienes están torturando y robando en vez de servirle a la ciudadanía.

En la medida que los mandos se conviertan en modelos de conducta, los oficiales que se encuentran jerárquicamente después de ellos comenzarán a imitar su comportamiento. Por eso es tan importante la selección de buenos perfiles para las posiciones importantes en seguridad.

Hay una premisa básica: el director debe conocer el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, y hacerlo ver a sus elementos. Y, en consecuencia, vigilar que se cumpla a cabalidad.

Respecto a los exámenes de control y confianza, éstos han probado ser “inconfiables”.

Es un requisito muy rígido en el cual vemos, desgraciadamente, que no es confiable para la ciudadanía (…) Se han vuelto un requisito que ha levantado ámpula, pero no ha resuelto este problema de la corrupción intramuros de las corporaciones.

¿Tortura en Jalisco?

Durante sus dos años como fiscal general, Luis Carlos Nájera defendió que nunca hubo casos registrados de tortura en la corporación a su cargo. No obstante, para septiembre del año pasado se “filtró” un video a redes sociales en el cual se apreciaba cómo dos funcionarios de la Fiscalía —sin contar a quien graba— cacheteaban a dos menores de edad, quienes eran señalados por robo.

Eduardo Almaguer ya era fiscal general para entonces. Él fue quien dijo que si bien el hecho se cometió el 12 de mayo (dos meses antes de que Nájera dejara ese puesto), se investigaría a la brevedad.

En cuanto el caso se ventiló, los funcionarios —señalados por violencia física y psicológica— faltaron a su guardia. El fiscal central, Rafael Castellanos, dijo después que estaban en calidad de prófugos. Ellos fueron cesados de la dependencia de inmediato. Eventualmente dieron con ellos, pero pagaron una fianza y quedaron en libertad.

GUÍA
Código de conducta

Desde diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un documento en el que se establecen los principios básicos por los que debe regirse un servidor público encargado de hacer cumplir la ley, la justicia penal y derechos humanos. Y se divide en ocho artículos:

1.- Cumplir la ley sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales.

2.- Respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.

3.- Podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario.

4.- Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en secreto.

5.- Ningún funcionario podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior como justificación de éstos.

6.- Asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise el momento.

7.- No cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los combatirán.

8.- Harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de estos principios.

DATO
Agentes no confiables

El secretario general de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, afirma que se han separado mil 573 elementos en todas las corporaciones del Estado por reprobar los exámenes de control y confianza.

CLAVES

Estudio. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, el último año en estudio registró una tasa de 28 mil 200 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Jalisco. Los tres delitos más frecuentes son extorsión, robo de vehículo y robo o asalto en la calle o el transporte público.

Nacional. El costo de la inseguridad representa 226.7 mil millones de pesos. Los delitos cometidos en el país (con excepción de los relacionados con narcomenudeo o delincuencia organizada) costaron cinco mil 861 pesos por persona.

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