Interponen demanda contra el Ejecutivo por predio del Arroyo de la Campana

ZAPOPAN, JALISCO.- Existe documentación histórica suficiente para cuestionar, por lo menos, la veracidad del polígono que el Gobierno del Estado de Jalisco delimitó en el Municipio de Zapopan en 2005, con el que fundamenta una sección tercera de Los Colomos de 81 hectáreas en total.

Confirmando errores en la fundamentación del levantamiento topográfico realizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), la representación legal de lo que fue la Compañía Industrial de Guadalajara (Cijara) en los albores del siglo XX, demandó al Gobierno estatal en marzo de 2008 para recuperar lo que considera su propiedad: el predio del Arroyo de la Campana, incluido en ese polígono oficial de Los Colomos.

Su abogado, Juan Enrigue Zuloaga, informó que pese a que el Gobierno estatal fue emplazado en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, no compareció, aunque logró promover un incidente de nulidad de actuaciones, argumentando que el emplazamiento debió hacerse en la oficina específica del gobernador Emilio González Márquez. El incidente fue aceptado y hubo un nuevo emplazamiento, esta vez el 15 de diciembre de 2008.

Se trata de un juicio civil sumario en el que el particular busca terminar el convenio suscrito el 25 de septiembre de 1900, celebrado entre el entonces gobernador de Jalisco, Luis C. Curiel, con Cijara, en el cual ésta prestó al Gobierno sus predios El Chochocate, Los Barrenos, Los Tareyes y El Tepopotal, con el fin de dotar de agua de sus manantiales a Guadalajara.

Los Tareyes y El Tepopotal pueden entenderse como el predio actual del Arroyo de la Campana, en Avenida Acueducto, a pocos metros de Periférico, y representan aproximadamente 38 hectáreas.

Como parte del juicio, indicó Enrigue Zuloaga, se celebrará una audiencia conciliatoria para buscar un acuerdo entre las partes; de no llegar a él, entonces continuará el desahogo de las pruebas documentales en un proceso que podría tomar entre uno y dos años.

Pruebas contra el polígono

En comunicaciones oficiales con la Dirección de Obras Públicas de Zapopan, el Gobierno estatal dice acreditar el polígono de Los Colomos en ese municipio con la escritura 20, del 7 de junio de 1898, comprando a María Gil Romero, y con la escritura 19, del 5 de junio de 1900, comprando Mercedes Torres de Rosales –en realidad, los dos documentos acreditan la misma superficie, como se ahondará más adelante–.

Para exhibir el error de la autoridad, Enrigue Zuloaga usa una lógica muy simple: si los terrenos de Los Tareyes y El Tepopotal fueron adquiridos por el Estado con esas escrituras, entonces ¿por qué los solicitó a Cijara en el convenio del 25 de septiembre de 1900, es decir, en una fecha posterior a esas compraventas?

El convenio además fue aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco mediante el decreto 913, del 29 de septiembre de 1900, solamente cuatro días después de su firma entre el gobernador Curiel y Cijara, lo que para el abogado hace evidente la urgencia que tenía el Gobierno estatal:
“Que el Gobierno del Estado para abastecer de agua a esta ciudad, tiene necesidad de disponer de los manantiales de Los Colomos y anexos, elevando el agua de ellos a fin de introducirla a Guadalajara”, dice el decreto en poder de este diario.

Cijara era propietaria tanto de sus tierras como del agua que emanaba en ellas, según los lineamientos que estaban vigentes en la Constitución de 1857, por ello las prestó al Estado cuando éste ofreció a cambio la utilización de la corriente del Río San Juan de Dios, pues la compañía solamente necesitaba el líquido como fuerza motriz para generar electricidad, así que no le importaba si el agua era pura –de manantial– o sucia.

Esto se encuentra en el punto primero del decreto: “Para compensar a la Compañía Industrial de Guadalajara del agua de los manantiales de Los Colomos y anexos, que eleve el Gobierno del Estado para abastecimiento de esta ciudad, se concede a dicha compañía… el uso de las aguas del Río San Juan de Dios, las cuales empleará como fuerza motriz para mover sus fábricas”.

Un elemento documental central, quizá definitorio en contra del polígono oficial, es la ratificación del mismo convenio que hizo el Congreso del Estado 12 años después, el 11 de septiembre de 1912, y entre cuyos objetivos estuvo eliminar la vaguedad que representaba la expresión “los manantiales de Los Colomos y anexos”, que se había utilizado en el primer acuerdo.

Para ello, en la ratificación se hace la siguiente aclaración: “El Gobierno del Estado ha ejecutado obras para traer a esta ciudad agua de los manantiales llamados El Tepopotal, Los Tareyes, Los Barrenos y El Chococate, situados en la municipalidad de Zapopan y que eran y son de la propiedad exclusiva de la Compañía Industrial de Guadalajara”.

El “terror” porvenir

El miércoles 28 de enero la asociación Ciudadanos por Los Colomos organizó un “Paseo del terror” en el predio del Arroyo de la Campana, para denunciar invasiones, el descuido de la autoridad en los miles de árboles plantados y basura en el cauce. Según las autoridades, el predio fue entregado en comodato al Ayuntamiento de Zapopan por parte del Estado en 1983.

No obstante, con la documentación que posee el abogado, el verdadero “terror” está lejos de ser avizorado, pues demuestra que en ese punto del municipio, la propiedad acreditada por la autoridad estatal podría no rebasar las 20 hectáreas, y en ellas no está el predio en mención.
María Gil Romero vendió al Gobierno estatal cinco fracciones de terreno, pero son dos las que nos ocupan por encontrarse en Zapopan, en la zona particular de análisis: La Loma de Los Coyotes y La Campana del Tabardillal.

En la escritura 20 del Estado, de 1898, se consigna que la señora había adquirido los derechos de esas propiedades previamente el 27 de diciembre de 1891, a don Ignacio, don Anastacio, don Juan de Dios y doña Lorenza Machain, bajo las inscripciones registrales 159, 160, 161, 162 y 163 para cada una de las fracciones.

Enrigue Zuloaga posee copias de esas inscripciones y son la 162 y 163 las que corresponden a La Loma de Los Coyotes y La Campana de Tabardillal, en ellas se constata que el primero medía dos fanegas, y el segundo, tres.

Cada fanega equivale a 3.56 hectáreas. Por lo tanto, María Gil Romero, antes de vender al Estado, poseía solamente 17.68 hectáreas en la zona del hoy polígono oficial. ¿Cómo pudo entonces hacerse el Gobierno de un área de 81 hectáreas?
Podría argumentarse que además de la escritura 20, el Estado esgrime la escritura 19, de 1900; no obstante, en esa escritura de compraventa con Mercedes Torres Rosales, en la que se habla de 16 hectáreas, el propio gobernador Curiel precisa que el Gobierno estatal ya estaba en posesión de esas tierras, es decir, que no amplió la propiedad pública.

Esto, pues lo que se buscó, explica el abogado, era evitar conflictos legales con Mercedes Torres, quien se decía con derechos sobre los predios, por lo que se le pagaron dos mil pesos. Las tierras que vendió primero María Gil Romero tenían conflictos legales, así lo demuestran los cuatro juicios consignados en la escritura 20.

De esta forma, se puede señalar que la segunda escritura no le representó al Gobierno estatal la obtención de nuevos terrenos.

El proyecto

Para mala fortuna, es precisamente el predio del Arroyo de la Campana el que se encuentra más libre de invasiones, e inclusive es proyectado por la autoridad municipal como un nuevo bosque urbano; en contraparte, es la zona del polígono que sí se puede acreditar propiedad pública la que fue ocupada por desarrollos exclusivos como La Reserva, Pontevedra y Zotogrande.

Con la demanda por el predio del arroyo se abre la posibilidad de realizar un peritaje de ubicación de propiedades en el proceso del juicio civil, con lo que se obligaría finalmente al Gobierno estatal a esclarecer la veracidad del levantamiento topográfico de la Sedeur en 2005.

Así, pues hay antecedentes de una postura muy ambigua en la defensa del polígono, particularmente por parte de la Secretaría General de Gobierno, como se dio con el caso del Centro Comercial Andares que documentó este diario.

Con el mismo polígono oficial, la Dirección de Catastro de Zapopan confirmó un empalme entre la plaza y Los Colomos superior a las cinco hectáreas. Sin embargo, el desarrollador tiene a su favor un dictamen de la Dirección de Patrimonio Inmobiliario del Estado –dependiente de la secretaría– que lo reconoce fuera del área pública.
Esta contradicción continúa sin ser aclarada por el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez.

La compañía

La Compañía Industrial de Guadalajara poseía fábricas de hilados, tejidos y estampados como las de Atemajac, La Experiencia, El Molino del Salvador, El Rancho Nuevo, El Batán, Río Blanco y La Escoba.

El abogado comenta que llegó a tener más de mil hectáreas y emplear a siete mil personas, en una Guadalajara que comenzaba a conocer el siglo XX con una población que rondaba los 100 mil habitantes.

Hasta antes de prestar sus predios al Estado en Los Colomos, de ellos obtenía el agua que canalizaba por el entonces llamado Río Zapopan, hoy el cauce en Avenida Patria, hasta su fábrica de Atemajac, cerca del cruce actual de Patria y Federalismo. Cuando Cijara suscribió el convenio con el Estado, los firmantes fueron Luis Fortoul y Martín Agorreca.