Inhabilitan a policías por ocultar declaración patrimonial

GUADALAJARA, JALISCO (23/JUL/2014).- La omisión de la presentación de la declaración patrimonial es la principal causa de la inhabilitación de servidores públicos o funcionarios en Jalisco, que suman 147 burócratas sancionados para ocupar un cargo en el servicio público, según los registros de la Contraloría del Estado entre abril de 2013 y junio de 2014.

Las áreas de Seguridad, Procuración de Justicia y Movilidad que fueron fusionadas en la Fiscalía General acumulan el mayor número de inhabilitados por esta causa. El no presentar la declaración patrimonial tiene una sanción de un año en promedio de inhabilitación del servicio público en todos los niveles de Gobierno: federal, estatal y municipal, así como en los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La Contraloría es la responsable de administrar el Registro Estatal de Inhabilitados. Mediante una solicitud de información remitió los expedientes de burócratas sancionados tras las últimas reformas de 2012 a la Ley de responsabilidades de los servidores públicos de Jalisco. El registro se conforma de 170 hojas, cada una con el nombre del sancionado, la causa, la dependencia en la que laboraba y el plazo de la inhabilitación. Pero todos los documentos vienen escritos a mano; es decir, no están digitalizados.

Nueve de cada 10 inhabilitaciones son por no presentar la declaración patrimonial.

Del total de sancionados, el Gobierno del Estado acumula 104. La Fiscalía General de Jalisco es la que lidera la estadística con 79 inhabilitados.

Las mayores sanciones de seis años de inhabilitación son por irregularidades en el desempeño de las funciones de burócratas.

EL PODER LEGISLATIVO NO HA RESPONDIDO A LA CONTRALORÍA
Elisa Ayón no está en el registro

El Congreso del Estado aprobó en marzo pasado destituir e inhabilitar por 10 años a la entones regidora con licencia de Guadalajara, Elisa Ayón, pero la decisión legislativa no aparece en el Registro Estatal de Inhabilitados bajo la responsabilidad de la Contraloría de Jalisco.

El Ayuntamiento de Guadalajara solamente tiene un inhabilitado en el Registro en el periodo de abril de 2013-junio de 2014, pero se trata de un jefe de departamento que cometió irregularidades en el desarrollo de sus funciones, por lo que fue sancionado para no ocupar un puesto público durante tres años (el castigo vence en agosto de este año). La alcaldía tampoco remitió el caso a la Contraloría.

La ley ordena que la Contraloría debe administrar y actualizar desde 2013 el Registro Estatal, el cual debe elaborarse de forma física y electrónica para su acceso público.

La omisión en el caso de Elisa Ayón ocurre porque el Poder Legislativo de Jalisco no ha respondido a la Contraloría las inhabilitaciones aplicadas. En julio de 2013 la dependencia estatal le requirió dicha información, pero la Secretaría General del Congreso le respondió mediante oficio que turnaría su requerimiento a las comisiones de Responsabilidades, Gobernación y Desarrollo Municipal. Ya pasó un año e ignora el ordenamiento.

La omisión es mayor porque los Poderes Judicial y Legislativo, así como una treintena de ayuntamientos, incumplen con la Ley de responsabilidades de los servidores públicos de Jalisco. Ignoran a la Contraloría y no le informan o actualizan datos sobre los burócratas sancionados.