Viernes, 29 de Noviembre 2024
Jalisco | Los gobiernos de Jalisco y Chiapas destacan por tener proveedores únicos con pagos millonarios

Incongruencias en contratos del Seguro Popular en Jalisco

Información proporcionada por transparencia revela que se han pagado 127 millones de pesos en la presente administración a Lomedic

Por: EL INFORMADOR

GUADALAJARA, JALISCO.- En el ámbito federal hay cuatro empresas que acaparan la venta de medicamentos para el Seguro Popular en las entidades federativas. Con base en información desplegada en la página electrónica www.seguro-popular.salud.gob.mx, en el primer semestre de 2008 el Estado de Veracruz pagó 152 millones 986 mil 754.57 pesos a Farmacia de Genéricos S. A. de C. V., ubicándose en primer lugar. Por su parte, el Estado de México desembolsó 222 millones 821 mil 829.67 pesos para medicamentos a una decena de empresas, destacando Distribuidora Disur, con una asignación de 143 millones 516 mil 712.38 pesos. En tercer sitio se ubica Farmacias del Fénix del Centro S. A. de C. V. como proveedora de dos entidades: 85 millones 061 mil 249 pesos que liquidó Chiapas, y 50 millones 369 mil 489 pesos pagados por parte del Estado de México, para un total de 135 millones 430 mil 738.02 pesos. En el cuarto lugar figura Lomedic S. A. de C. V., proveedor que recibió en el periodo indicado más de 63 millones de pesos por parte del Gobierno de Jalisco. En todos los casos, los recursos son provenientes del Seguro Popular.

Los gobiernos de Jalisco y Chiapas destacan por tener proveedores únicos con pagos millonarios, mientras, por ejemplo, Estado de México distribuye en una decena de empresas el presupuesto federal destinado para medicamentos del Seguro Popular. Pero hay entidades que superan esta cifra de distribuidores: el Gobierno de Veracruz mantiene un padrón de 33 empresas a quienes paga desde 17 mil 329 hasta dos millones 369 mil 289 pesos.

En el caso del Gobierno de Jalisco hay incongruencias en información proporcionada vía Ley de Transparencia. A la Secretaría de Salud de Jalisco, responsable de los recursos federales para ser aplicados en el Seguro Popular, se le solicitó: “Requiero información de todos los contratos, convenios, concesiones o licitaciones con la empresa Lomedic en la presente administración estatal. En cada caso requiero fechas, productos y pagos hacia el proveedor”. En el margen de tiempo que concede la ley, la dependencia contestó la celebración de tres contratos con dicha empresa.

El primer contrato fue prácticamente al inicio de la administración estatal de Emilio González Márquez, firmado el 2 de marzo de 2007, por la cantidad de un millón 349 mil 499.60 pesos por la compra-venta de medicinas y productos farmacéuticos, derivado de la licitación pública nacional 43068001-003-07. El producto fue entregado a la dependencia en el almacén del Fraccionamiento Lagos del Country.

Luego de la firma del primer contrato, sin los procedimientos legales para licitar o por invitación a empresas, la Secretaría de Salud adjudicó directamente 26 millones de pesos a la misma empresa para la subrogación del surtido de medicamentos a través de recetas médicas para afiliados al Seguro Popular, en el periodo del primero de enero al 31 de marzo de 2008, en un nuevo esquema que, según el argumento de las autoridades, avala que Lomedic --propiedad de Rosa Alicia Lomelí Bolaños, José Luis Lomelí Bolaños y Carlos Lomelí Bolaños-- venda a sobreprecio medicamentos.

El mecanismo consiste en que el costo pactado compensará a Lomedic por materiales, sueldos, honorarios, organización, dirección técnica propia, administración, prestaciones sociales y laborales a su personal, y todos los gastos que se originen como consecuencia del convenio; es decir, la Secretaría de Salud entrega los recursos federales a la empresa para que se responsabilice de surtir los medicamentos señalados en recetas que le presenten los afiliados al Seguro Popular (con el lema: Propiedad del Sector Salud, prohibida su venta) en las localidades con centros de salud, consultorios populares, hospitales regionales, nosocomios de primer contacto y hospitales civiles distribuidos en 13 redes logísticas en Jalisco. Sin embargo, no existe un precedente en el sentido de que el servicio que presta la empresa es más eficiente y ahorra recursos por la compra, distribución y entrega de medicamentos en beneficio de la Secretaría de Salud estatal.

Al término del segundo contrato, la dependencia estatal continuó con los servicios de Lomedic. Ahora extendió una licitación pública nacional (43068001-004-08) hasta por 100 millones de pesos en el periodo del primero de abril al 31 de diciembre del presente año, convenio que continuó con el sistema en servicios de subrogación de medicamento a través de recetas para afiliados al Seguro Popular: medicamentos a sobreprecio con los argumentos antes descritos.
De manera general, en 2008 la Secretaría de Salud firmó dos contratos por 126 millones de pesos con Lomedic, de los cuales se pagaron 63 millones 167 mil 314.72 de pesos en el primer semestre, de acuerdo con información del Seguro Popular. Sin embargo, hay incongruencias en la información proporcionada por la Secretaría de Salud Jalisco. De acuerdo con los movimientos auxiliares del catálogo comprendido entre el primero de marzo de 2007 y el 31 de agosto de 2008, confirmó vía Ley de Transparencia abonos por 190 millones 008 mil 078.10 pesos a la empresa Lomedic, con cuenta 21203-00-001-0066, para la venta de medicamentos para el Seguro Popular. Si los tres contratos señalados anteriormente suman una cantidad de 127 millones 349 mil 499.6 pesos, la información revela que existe una diferencia de 62 millones 658 mil 578.5 pesos que no fue explicada en la solicitud por transparencia. Incluso, faltaría agregar otros abonos que la dependencia estatal realice entre septiembre y diciembre del presente año, por lo que la cifra podría aumentar. En la firma de licitaciones, en ocasiones las autoridades conceden asignaciones directas a empresas ganadoras de hasta 30% de la cantidad total asignada, pero la incongruencia en referencia se sustenta en que la Secretaría de Salud mantuvo opacidad, si éste fuera el caso, para ampliar el pago a Lomedic hasta por 190 millones de pesos, cuando únicamente contestó por ley de transparencia la firma de tres contratos en la presente administración estatal por un monto de 127 millones 349 mil 499.6 pesos.

Los contratos a favor de empresa han sido por “ser la mejor propuesta de acuerdo con condiciones legales, técnicas y económicas requeridas”, pero no hay referencia de la autoridad sobre el cumplimiento de la empresa en las cláusulas de los convenios. La compañía vende 245 diferentes tipos de medicamentos a Jalisco.

El hecho de que Lomedic, junto con las empresas Productos Farmacéuticos Collins y Laboratorios Willmar, fuera incorporada a una “lista negra” por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por su presunta vinculación al narcotráfico, así como su relación con la organización criminal de los Amezcua Contreras, no es problema para que la compañía sea proveedor potencial del Gobierno de Jalisco encabezado por Emilio González Márquez. La empresa niega relación con el narco, mientras se fortalece en el mercado expandiéndose en otras entidades.

Nuevo modelo

La iniciativa para incorporar a las farmacias privadas al programa de surtimiento de recetas fue anunciada desde 2005 por el ex secretario de Salud, Julio Frenk, en la administración federal de Vicente Fox. La planteó como una alternativa para garantizar y mejorar el abasto de medicamentos, toda vez que los servicios de salud de los estados no habían tenido la responsabilidad de proporcionar los fármacos a los pacientes. Desde ese año, miembros de la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex) denunciaron que no tuvieron participación en la distribución de puntos de venta que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) adquirió en 2006 en una licitación que de acuerdo con la denuncia interpuesta por Assa Cristina Laurel, secretaria de salud del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, ocasionó un daño patrimonial al Gobierno federal por más de 360 millones de pesos.

En 2006 el Gobierno federal reconoció que durante los próximos cuatro años, el valor del mercado de medicamentos del sector público triplicará su valor actual al pasar de dos mil millones a seis mil millones de dólares. La cobertura de servicios del Seguro Popular a cinco millones de familias será el factor que detone el crecimiento.

El proyecto pretende que las dependencias federales y estatales eviten gastos de almacenamiento y distribución ineficaces para satisfacer la demanda del paciente, a costa del sobreprecio ante la falta de un sistema de compras consolidadas en el ámbito nacional.

Proyecciones de la Secretaría de Salud destacan que en 2010 el Seguro Popular contará con un presupuesto de 58 mil millones de pesos, de los cuales 45 mil millones se destinarán a la compra de medicamentos para garantizar el abasto a los derechohabientes. Sin embargo, 98% de los 309 fármacos incluidos en el cuadro básico del referido seguro, son genéricos intercambiables y el resto es de patente, prescritos para el tratamiento de 64 enfermedades crónicos-degenerativas --oncológico, cardiovasculares, diabetes, insuficiencia renal, cuidados intensivos y rehabilitación, entre otras áreas--, establecidas en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Aunque para tener acceso al cuadro básico del Seguro Popular, las empresas farmacéuticas se pronunciaron dispuestas a reducir el margen de utilidad a cambio de un mayor volumen de venta, los sobreprecios están a la orden del día a nivel nacional.

Durante una comparecencia ante diputados de la Comisión de Salud, el secretario del ramo, José Ángel Córdova, fue criticado por legisladores. Coincidieron en que es urgente realizar una revisión integral del Seguro Popular, ya que para el proyecto de presupuesto de 2009 se contempla un crecimiento considerable, pues superará los 49 mil millones de pesos, en comparación con los 37 mil millones del presente año. Incluso se consideró la posibilidad de que en los estados se designe a un delegado federal del Seguro Popular, toda vez que, aunque se ha incrementado la afiliación, la atención “desafortunadamente” ha sido deficiente. En respuesta a las preguntas de los legisladores en torno a la revisión del Seguro Popular, José Ángel Córdova indicó que se ha firmado un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México para hacer una evaluación a dicho seguro.


¿Qué es el Seguro Popular?

Según el registro del censo de población y vivienda de 2000, 57.8% del total de la población del país no está asegurada por alguna institución de seguridad social (IMSS e ISSSTE, por ejemplo), por lo cual en la mayoría de los casos posterga e incluso deja de atenderse por el alto costo que el tratamiento involucra y el limitado patrimonio del que disponen. Este amplio sector de no asegurados se encuentra en mayor riesgo de empobrecimiento por gastos catastróficos en salud.

El Gobierno federal puso en marcha en 2001 un programa piloto llamado Salud para Todos, el cual se llevó a cabo en cinco entidades federativas: Aguascalientes, Campeche, Colima, Jalisco y Tabasco; para 2002, 14 entidades más habían aceptado ofrecer servicios de salud bajo este programa, teniendo una afiliación de 295 mil 513 familias. Con la Reforma a la Ley General de Salud el Seguro Popular dejó de ser un programa gubernamental y se convirtió en ley. Al concluir 2005, la cifra de beneficiarios aumentó a tres millones 555 mil 977 familias. Al cierre de 2006, el Seguro Popular cubría cinco millones 100 mil familias en todo país. En 2010 se espera cubrir a toda la población sin seguridad en materia de salud en nuestro país con el Seguro Popular y ahora también a través del Seguro Médico para una Nueva Generación.

El Seguro Popular opera bajo un esquema de financiamiento público conformado por una cuota social proveniente de las aportaciones solidarias federal y estatal, así como una cuota familiar, la cual se determina mediante la evaluación socioeconómica que se aplica a las familias interesadas en incorporarse al sistema.

La operación y estimación de costos fue regulada en un inicio por el Catálogo de Beneficios Médicos que establecía el servicio para 78 intervenciones diferentes, seleccionadas con base en su importancia epidemiológica, la demanda de atención y la capacidad instalada para proporcionar estos servicios. Para 2004 fue sustituido por el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud, que incrementó a 91 intervenciones el servicio médico del Seguro Popular; con ello se estimó una cobertura de 90% de la atención médica registrada anualmente. En 2005 aumentó el número de intervenciones, pasando de 91 a 154. En el caso del listado de claves de medicamentos, asociados a estas intervenciones, se aumentó de 168 en 2004 a 172 en 2005. Para 2006, el programa fue sustituido por el Catálogo Universal de Servicios de Salud, que actualmente cubre 255 intervenciones médicas y 285 claves de medicamentos.


Las irregularidades… Mañana, segunda parte

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