¿Impuesto o extorsión?

Hay cosas que no tienen sentido; una de ellas es cobrar impuestos al Macrobús por circular en carril exclusivo. Aquí ya no se trata de quién está a favor del BRT o quién del Tren Ligero, es simplemente una aberración.

Hay dos formas de ver el tema. Una de ellas es que el BRT hace un uso eficiente del espacio público y al ser masivo, lleva prioridad sobre el auto particular, y otra es, como la ve tesorero del municipio tapatío, Hugo Alberto Michel Uribe: como el Macrobús usa en exclusiva espacio público, entonces hay que cobrarle un peso por metro cuadrado (pelos más, pelos menos, 160 mil pesos diarios a la Línea 1 y otro tanto, si se construye, a la Línea 2). Con esa lógica de tratar a un sistema masivo de transporte como si fuera tianguis, el tesorero de Guadalajara no va a llegar muy lejos. Porque de ser así, el señor tendría que cobrarle a todos los coches que se estacionan en la calle, incluyendo a los del Ayuntamiento, que lo hacen de manera ilegal sobre Hidalgo (siempre hay dos o tres carros del Ayuntamiento estacionados en línea amarilla sobre esta calle, entre Santa Mónica y Alcalde). Con esa misma lógica, habría también que cobrarles a todos los camiones que circulan en Guadalajara, por los menos a los que pasan por el eje Alcalde-16 de Septiembre que agandayan, fuera de norma, dos carriles.

Pretender un impuesto municipal al transporte público es tan absurdo como cobrarle derecho de vía a los taxis o a las calandrias. El impuesto para todo automóvil se llamaba tenencia, pero los populistas del PAN, PRI y PRD presionaron para se aboliera este pago de derechos, y ahora quieren cargarle la mano al sistema de transporte masivo. Felicidades, eso es ir en contra de lo mínimamente sustentable en la ciudad. Un cangrejo no lo habría hecho mejor.

Lo que quiere el Ayuntamiento de Guadalajara es ponerle precio al Macrobús. Si el Gobierno del Estado insiste en hacer la Línea 2, entonces el municipio de Guadalajara tiene que tener una contraprestación, un dinero extra para gastar en algo que beneficie, electoralmente, al alcalde tapatío. Es lo más cercano a una extorsión, pero aplicada de poder a poder. El problema es que si el Gobierno del Estado, a través de Siteur, sede al chantaje, sólo hay dos opciones: o le sube un peso al pasaje (el Ayuntamiento pretende más o menos 160 mil pesos diarios, mismo número de usuarios del corredor de Calzada Independencia al día) o el Estado le transfiere al municipio por concepto de “chantaje por aprobación de obra” la cantidad de 60 millones de pesos anuales por la Línea 1 y otro tanto por la Línea 2.

Guadalajara ya le puso precio al Macrobús. Curiosamente una cifra cercana al riguroso 10 por ciento.