Hasta 12 años de prisión para Rodolfo Ocampo

GUADALAJARA, JALISCO (08/JUN/2013).- Constitucionalmente el ex dirigente del Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Rodolfo Ocampo Velázquez, tendría que estar preso, según explicó el investigador de la UdeG, Jesús Morales Hernández: "El delito grave que le están imputando es el de peculado, de acuerdo al monto (de malversación de fondos mil 200 MDP) no va a tener derecho a fianza, la penalidad viene en el monto y le corresponderían de dos a 12 años de prisión".

Después de que elementos de la Fiscalía del Estado detuvieran ayer por el delito citado a Ocampo Velázquez, el investigador de la UdeG dijo que la resolución del juez responsable del caso, en 72 horas, marcará un parteaguas de aplicación de la norma o de ajustes de cuentas políticos.

"Va a quedar muy clarito con la resolución, si de verdad se quiere aplicar la norma o es un ajuste de cuentas político", dijo el académico, quien abonó que el ajuste consistiría, tras la detención del presunto, tener un acuerdo donde "se arreglarían las fracciones parlamentarias y los partidos políticos" para la posterior libertad del mismo.

El especializado jurista dijo que existe una corrupción que "corresponde a miles de órdenes de aprehensión detenidas, esa era una de ellas, la de Rodolfo Ocampo, desde cuando la tenían (sin ejecutarla en Fiscalía)".

Morales Hernández recordó el antecedente del ex funcionario de la operadora de agua, quien dijo que "tenía ese asunto pendiente (Ocampo Velázquez), desde que salió ese problema de los mil 200 MDP (supuesta malversación de fondos), préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, no se hizo nada (de obra pública con el recurso) y ese dinero empezó a desaparecer".

Cuentas parejas

Para el académico, si será remitido a prisión Rodolfo Ocampo por el delito de peculado, sería justo que llamaran a cuentas al ex gobernador Emilio González Márquez, "principal beneficiario" del recurso malversado.

"Se me hace raro, también en las legislaciones de los diputados, la pasada y antepasada, no pasó nada y ha sido muy escandaloso también el fraude, el peculado, todo lo que implique haberse robado esos centavos", agregó.

Telón de fondo

En mayo de 2011, el Consejo de Administración del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) resolvió presentar una serie de denuncias penales en detrimento de al menos tres ex servidores públicos de primer nivel, quienes representaban a esa instancia metropolitana en la pasada administración.
 
El ex titular del SIAPA, Rodolfo Ocampo Velázquez, su tesorera, Diana Julieta Rodríguez, y el entonces gerente de Finanzas, Mario Alberto Juárez, fueron fichados a petición de la administración de José Luis Hernández Amaya ante la Procuraduría General de la República (PGR), toda vez que se les relacionó en un desvío de recursos que deparó en la pérdida de 348 millones de pesos.
 
Héctor Vielma Ordóñez, entonces presidente de Zapopan y del Consejo de Administración del SIAPA, confirmó que el desfalco se hizo de un empréstito de mil 200 millones de pesos que concedió en 2008 a Jalisco el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
 
"El consejo de administración ha decidido respaldarme para presentar las denuncias penales que convengan a la institución, para defender los recursos del SIAPA y para deslindar responsabilidades; que quien sea responsable pague el precio", dijo en su momento Vielma Ordoñez.
 
De acuerdo con el área jurídica del SIAPA de la administración pasada, del capital internacional solicitado para el fallido programa "Todos con Agua", únicamente fue posible corroborar que 704 millones de pesos se direccionaron a obras públicas.
 
De los fondos para dotar de agua a las colonias  metropolitanas, 20 millones de pesos fueron invertidos (y perdidos) en la Bolsa Mexicana de Valores. Al respecto, el abogado de Ocampo, Marco Antonio Cuevas Contreras (quien también asistiera al ex alcalde de Tonalá, Jorge Vizcarra Mayorga, durante su estadía y eventual salida del penal de Puente Grande, y quien también titula actualmente el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses), declaró que Ocampo "actuó dentro del marco legal" al permitir el desvío que detonó las irregularidades.
 
Su testimonio inicial fue el Artículo 6 de la Ley de Deuda Pública, que permite "redireccionar los recursos cuando se trata de situaciones de contingencia o emergencia".
 
En ese entonces, Ocampo defendió su inocencia, e incluso se presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) para  dar su testimonio. Informó que presentaría su renuncia a la coordinación de asesores del anterior gobernador, Emilio González Márquez, para hacer frente a la denuncia presentada en su contra, por abuso de autoridad y desvío de recursos públicos.

EL INFORMADOR / EVERARDO MELCHOR / ISAACK DE LOZA