Habrá más recursos para el Congreso: González Romero

GUADALAJARA, JALISCO (10/DIC/2011).- Un día después que el Congreso del Estado aprobara la nueva Ley de Información Pública, el secretario General de Gobierno, Víctor Manuel González Romero, reveló ayer que la administración de Emilio González Márquez apoyará con recursos económicos al Poder Legislativo. La entrega podría tener lugar la próxima semana.

El funcionario estatal recién nombrado en el cargo no reveló el monto de lo que podría entregarse al Congreso local, que durante las últimas semanas se quedó sin fondos para pagar el salario de sus más de mil trabajadores.

González Romero indicó que ya están platicando con los coordinadores de las fracciones parlamentarias, con los cuales se reunió, para analizar cómo resolver el problema del pago de los sueldos y aguinaldos.

“Ya dio instrucciones el gobernador al secretario de Finanzas para que realice esta tarea, y esperemos en unos cuantos días ya tener una solución”, indicó el secretario general de Gobierno.

Puntualizó que de parte del Gobierno estatal sí existe la voluntad para apoyar a los legisladores, “y de alguna manera tenemos que resolver esto para los trabajadores”.

El Congreso del Estado aprobó gestionar a finales de octubre la solicitud de un crédito por 200 millones de pesos con la banca comercial para solventar su gasto corriente, cantidad que es la que podría entregar el Gobierno estatal.

González Romero negó que la sorpresiva aprobación de la nueva Ley de Información Pública de Jalisco y sus Municipios por parte de los diputados, el pasado jueves, se deba a una negociación o “moneda de cambio” del Poder Ejecutivo para otorgar  más recursos al Congreso.

Contrario a ello, y sin tener conocimiento en su totalidad de cuáles fueron las adecuaciones que se hicieron a la ley, el funcionario estatal afirmó que los cambios servirán para que la transparencia en Jalisco avance.

Para saber
¿Qué dice la ley?

Artículo 44. Información confidencial - Catálogo

1. Es información confidencial:

 I. Los datos personales de una persona física identificada o identificable relativos a:

a) Origen étnico o racial;

b) Características físicas, morales o emocionales;

c) Vida afectiva o familiar;

d) Domicilio;

e) Número telefónico y correo electrónico;

f) Patrimonio;

g) Ideología, opinión política y creencia o convicción religiosa y filosófica;

h) Estado de salud física y mental e historial médico;

i) Preferencia sexual, y

j) Otras análogas que afecten su intimidad;

 II. La entregada con tal carácter por los particulares, siempre que:

a) Se precisen los medios en que se contiene; y

b) No se lesionen derechos de terceros o se contravengan disposiciones de orden público;

 III. La considerada como confidencial por disposición legal expresa.

“Las reformas son un retroceso en materia de transparencia”
Especialistas critican procedimiento de aprobación

La nueva Ley de Información Pública de Jalisco y sus Municipios aprobada “fast track” por los legisladores locales el jueves pasado, causó controversia entre especialistas, ya que evitó un proceso más profundo de deliberación y debate público.

“Considero que es lamentable que la ley se haga de un día para otro, sin incluir a instancias especializadas en la materia. Creo que la ley es regresiva y el procedimiento es muy extraño”, señaló Cristina Romo, maestra de Comunicación, actualmente jubilada, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

En el mismo tenor, Alfonso Hernández Valdez, quien se ha especializado en políticas públicas y transparencia, y es académico del mismo ITESO, también coincide en que el proceso legislativo que llevó a la aprobación de esta ley es sumamente debatible.

“Es muy extraña la manera en que se aprueba la nueva ley, que sea tan rápido; siendo una ley tan importante, ni siquiera fuimos capaces de discutirla como se debe; no estoy diciendo que la ley sea negativa en sí, sino que tendríamos que estar enterados de su deliberación. Lo que me gustaría preguntarle a los diputados es ¿en qué tipo de régimen político creen que estamos viviendo? Es muy grave que una ley de transparencia se apruebe vulnerando la representatividad y la deliberación que son sustantivas al Congreso”. 

De la misma manera, Cristina Romo fue firme al señalar que la desaparición del concepto de transparencia de la nueva ley, es un retroceso: “Es verdaderamente lamentable que desaparezca el término transparencia de la ley, a pesar de estar mal usado y mal empleado, transparencia ilustra lo que buscamos, que son gobiernos transparentes, no sólo es información pública, sino más allá”.

En términos de extensión y profundidad de la ley, tanto Romo, como Hernández, creen que se avanza en incluir más sujetos obligados. Específicamente, el investigador opina que “hay una ganancia en la amplitud de los temas que son susceptibles de ser informados, creo que eso es positivo. También se incluye a partidos políticos y a otras instancias como sujetos obligados, eso es un avance”.

Por último, Cristina Romo y Alfonso Hernández disienten en la importancia de que el patrimonio de los funcionarios públicos sea catalogado como información pública de primera mano. Mientras Romo argumenta que la declaración patrimonial debe ser publicada y difundida por las vías necesarias para que sea una información fácilmente identificable por los ciudadanos, Hernández considera que el grado de publicidad de la información patrimonial es “debatible”, por lo que la ley no marca un retroceso claro en la materia.

TELÓN DE FONDO
“Fast track”

El pasado jueves, diputados aprobaron de manera sorpresiva reformas en materia de rendición de cuentas. Aunque la mayoría desconoce el contenido, “fast track” derogaron la Ley de Transparencia y aprobaron la Ley de Información Pública de Jalisco y sus Municipios. Incluso, eliminan el concepto de prórroga, por lo que las autoridades deben entregar la información solicitada en cinco días hábiles.

El nuevo documento, que entra en vigor en abril próximo, se conforma de 15 iniciativas planteadas por ex diputados y el propio gobernador Emilio González.

De manera general, amplían de 27 a 64 los temas considerados como información fundamental obligatoria para los sujetos obligados (quienes ejercen recursos públicos).

En cuanto a las infracciones para funcionarios opacos, se incrementan de cinco a 40 las conductas que ameritan sanciones administrativas. Pero destaca que ya se considera el delito por incumplimiento en resoluciones del Instituto de Información Pública (Itei), falta que se sancionará hasta con cinco años de cárcel.