Guadalajara erogará 48 millones para burócratas que saldrán de la alcaldía

GUADALAJARA, JALISCO (29/JUN/2015).- Los funcionarios públicos de primer y segundo nivel (de confianza) que entraron en esta administración dejarán sus cargos para que el siguiente Gobierno “entre con un equipo de ellos y tengan gobernabilidad”, adelanta el director de Recursos Humanos, Felipe López García. Los funcionarios cuentan con un contrato vigente hasta el 30 de septiembre, al igual que los trabajadores operativos que “entraron con ellos”. A éstos se agregarán “supernumerarios que deberán irse paulatinamente para no dejar las áreas descubiertas, y la siguiente administración decidirá si los recontrata”.

La ley establece que, en caso de ser empleados por tres años y medio consecutivos, se les otorgará nombramiento definitivo. De allí la trascendencia de que sean recontratados o no.

Si no son ratificados sólo recibirán sus partes proporcionales de aguinaldo y prima vacacional, dice el director de Recursos Humanos, porque no tienen ningún derecho a una indemnización. El pago estaba previamente presupuestado y suman 48 millones de pesos.

Por su parte, el presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiro, descarta que se les conceda algún finiquito a los empleados que se irán del Ayuntamiento al término de la administración. Se consultó a la Dirección de Comunicación Social si tenían previsto cuánto se gastaría en otorgar las prestaciones correspondientes para esos trabajadores, pero respondieron que aún “no se sabe cuántos empleados (exactamente) saldrán ni cuánto erogará el municipio”.

EL DATO

Los trabajadores que se van

Tipo	Guadalajara	Zapopan	Tlaquepaque	Tonalá	Tlajomulco	Total
Confianza	5,196	3,529	Sin datos*	Sin datos	1,436	10,161
Interinos	Sin datos*	704	Sin datos*	Sin datos*	Sin datos*	704
Supernumerarios	785	1,358	306	406	751	3,606
Total	5,981	5,591	306	406	2,187	14,471

*Los Ayuntamientos no concedieron los datos y no se transparentan en su página web.

Fuente: Ley de Transparencia.

TRABAJADORES COMPARTEN TEMOR

Alan Rosas está casi resignado a perder su empleo al término de la administración de Ramiro Hernández en Guadalajara. Entró como trabajador supernumerario a la Coordinación de Tecnologías de la Información, al mismo tiempo que el actual alcalde, pero ahora planea buscar trabajo en empresas de subcontratación o de albañil con tal de no quedarse sin dinero.

“Espero seguir laborando en el Ayuntamiento el primero de octubre, pero no hay manera de que alguien te diga que estás seguro. Los gastos no paran y uno no puede alzar la voz porque ya no está en las propias manos conservar el trabajo”.

Los días siguen pasando, pero hasta ahora Alan no ha buscado empleo en otros lugares y ve complicado el panorama: “Causa pánico esta situación, pero uno como trabajador no tiene voz ni voto ni nada, sólo se acabó tu trabajo. Me asusto en pensarlo nada más. Pagar hipotecas, tarjetas, luz, agua, todos los gastos”.

Por ello espera que sea recontratado por la nueva administración.

Un panorama más alentador lo tiene Guillermo Hernández, quien tiene un puesto de confianza en la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, pero labora desde 1998 en el Ayuntamiento. Espera que se respeten sus derechos. Sin embargo, pasó por cuatro años administraciones complicadas en las cuales sobrellevó un juicio administrativo contra la alcaldía, que lo cesó en 2010, pero regresó en 2014 al ganar el laudo: “Mi nombramiento es definitivo y no tiene una vigencia como tal”.

A pesar de la confianza que le dio este hecho, confiesa que siente temor por el cambio de administración y de grupo político: “Tenemos una sucesión donde nos han informado que el presidente entrante no va a venir a hacer corredero de servidores públicos. Que él apoyará a las personas que realicen bien su trabajo”.

A eso se atiene, pero prevé la realidad: “Cambios habrá muchísimos”.

Oportunidad para bajar nómina

Las renuncias masivas de funcionarios y servidores públicos podrían ser una oportunidad para reducir la nómina de los ayuntamientos. Por ejemplo, la actual administración zapopana, inició con siete mil 643 empleados y ahora cuenta con ocho mil 218. Pero el Ayuntamiento de Guadalajara tiene casi tres mil empleados de más, ya que debería operar con ocho mil 500 empleados, y no con los más de 11 mil que tiene, según el municipio.

“La reducción de la nómina será parte de la visión de la siguiente administración. La gente desempeña un servicio público, pero alguna función la podrán hacer cuatro personas en lugar de cinco. Otros dirán que se pueden atender los servicios mediante una empresa, aunque eso dependerá de las decisiones de la próxima administración”, dice el titular de la Dirección de Recursos Humanos en Guadalajara, Felipe López García.

La oportunidad se aclara debido a la concentración de personal supernumerario en áreas de atención a servicios públicos, como en el caso de la capital del Estado, donde los trabajadores se dedican a tareas como bacheo o limpieza de calles.  López García explica que para la próxima administración podría cambiarse, por ejemplo, una cuadrilla de 100 empleados por la contratación de una empresa. “Así me quito la responsabilidad de tener empleados. Pero dependerá de la visión del gobernante en turno. De acuerdo con su bolsa decidirá si la dedica a la contratación de personal o no la usa”.

Sobre la oportunidad de disminuir la cantidad de trabajadores dentro del Ayuntamiento ante el cese obligado, el oficial mayor administrativo de Tlajomulco, Omar Bernal Hernández, menciona que, como las necesidades en el municipio han crecido, se requiere de más empleados. Dar más atención a la ciudadanía: “Creemos que desde 2010 (cuando comenzó a gobernar el Partido Movimiento Ciudadano), hemos tratado de hacer más eficiente el desempeño de los empleados. Logramos que con menos personas podamos hacer más cosas”.

Mientras, los alcaldes electos de Zapopan y Tlaquepaque, Pablo Lemus y María Elena Limón, respectivamente, prometieron reducir 10% la nómina; y Enrique Alfaro, próximo presidente municipal de Guadalajara, señaló que investigará y despedirá a los funcionarios que hayan incurrido en actos de corrupción.

SINDICATOS BUSCARÁN ACUERDOS CON ALFARO

El secretario del Sindicato de Servidores Públicos de Guadalajara, Fernando Jaime Gaytán, pedirá al alcalde tapatío Ramiro Hernández que no despida a todos los trabajadores de confianza, los cuales, por ley, deben renunciar. Pero en total, en el Ayuntamiento hay cinco mil 981 bajo este estatus. Este lunes se reunirá con él para que los integrantes del grupo “tengan tranquilidad”.

Señala que la reforma a la Ley de Servidores Públicos en la materia incrementó hasta en un 40% la cantidad de trabajadores de confianza, al incluir a empleados operativos como cajeros o inspectores que antes eran basificados: “Antes, los inspectores eran sindicalizados, y los trabajadores de esas áreas pasan a ser de confianza por la ley. Sólo los inspectores son 400”. Afirma que la reforma le quitó el título de sindicalizado a cerca de tres mil trabajadores.

Ante este problema, Jaime Gaytán pide tranquilidad a los agremiados del Sindicato ya que buscará darles certeza de sus empleos, como en cada cambio de administración, a través de la negociación con el actual alcalde y el electo Enrique Alfaro.

Una de las opciones para el secretario es que se evalúe a los trabajadores actuales para saber quiénes se pueden quedar: “Estoy de acuerdo (con que renuncien) los funcionarios de jefaturas para arriba, pero todos los demás deben quedarse. Que se evalúen de acuerdo con su función”.

SE AFERRAN 1,800 FUNCIONARIOS

Trabajadores confían en la continuidad

Ya tuvieron pláticas con el alcalde electo Enrique Alfaro, quien les aseguró que los trabajadores que se dedican de lleno a su trabajo y no cometen irregularidades se quedarían. En eso confía la Asociación de Servidores Públicos de Confianza de Guadalajara, en voz de su presidente Rodrigo Torres Plascencia.

El grupo tiene afiliados a mil 800 trabajadores de áreas como supervisión, inspección, cajeros o almacenistas, y tuvieron un acercamiento con Alfaro previo a las elecciones, a quien le mostraron su preocupación ante el proceso de entrega-recepción.

“Tenemos la capacidad, experiencia y profesionalización para emprender cualquier cambio que venga, pero la ley es determinante. Nosotros la respetaremos y nos vamos a defender si corren a diestra y siniestra o sin causa. Allí intervendremos”.

Aclara que los trabajadores de confianza se encuentran en dos supuestos distintos: los que laboran antes de 2007, cuando se dio la reforma a la Ley de Servidores Públicos que estableció la salida de empleados de confianza y supernumerarios, quienes podrían pelear por conservar su puesto en caso de no cometer ninguna irregularidad; en cambio, los que entraron en el Gobierno de Ramiro Hernández tendrán que irse, junto a los que se les haya detectado alguna acción ilícita durante sus labores.

ENTREGA-RECEPCIÓN MUNICIPAL

Garantizan prestación de servicios públicos

Para evitar riesgos dentro de la administración municipal y la atención a la ciudadanía se concretó la reforma a la Ley de Servidores Públicos, asegura el director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, Felipe López García: “No hay riesgo. La ley prevé que habrá una comisión de entrega y recepción. Ha sido cuidada para que prevalezca un orden y no se afecte la prestación de los servicios públicos”.

Esto debido a que los trabajadores supernumerarios que se irán al término de la administración, según establece la ley, se concentran principalmente en la Secretaría de Servicios Públicos, en la Dirección de Parques y Jardines y en Casas de Salud: “La mayoría son operativos. Otra parte está en las estancias infantiles de la Secretaría Desarrollo Social y en la prestación de servicios médicos. Pero los trabajadores están en la calidad de temporal”.

En Tlajomulco pasan por el mismo problema, ya que en la atención de servicios públicos tienen dominancia los trabajadores supernumerarios (779), señala el oficial mayor administrativo, Omar Bernal Hernández.

Comenta que el esquema de trabajo no se verá afectado, salvo por los cambios que se vayan a dar en los altos mandos, pero no en las operaciones de las dependencias: “Será inmediatamente al día siguiente cuando los estén contratando”.

Mientras, en Zapopan ya realizaron un simulacro de entrega de la administración, informó el primer edil Héctor Robles Peiro, sobre todo para revisar cuáles formatos o documentos había que agregar o depurar; de hecho, espera reunirse a la brevedad con el alcalde electo Pablo Lemus: “Me comprometí a darle un proceso de transición con toda la apertura y transparencia, llena de diálogo para que le vaya bien al municipio. Me comprometí a no dejar problemas y pagar las deudas a corto plazo”.

En Tlajomulco apostarán por la ratificación

En Tlajomulco el cese de personal por el cambio de administración involucrará a 797 personas, informa el oficial mayor administrativo, Omar Bernal Hernández, que corresponde a los trabajadores supernumerarios y los de elección popular. Aunque apunta la posibilidad de que sean ratificados por ser parte de “la misma administración”, ante el triunfo de nueva cuenta del Partido Movimiento Ciudadano: “Debemos mandarle información de la plantilla a la siguiente administración y se buscará la continuidad”.

Sin embargo, en total hay dos mil 187 burócratas de confianza y supernumerarios.

Especifica que en el caso de los supernumerarios (que laboran en puestos operativos) está condicionada su continuidad por el presupuesto que existe en el Ayuntamiento para contratación de personal, y los de confianza esperarían la valoración de la administración que será liderada por Alberto Uribe.

El oficial mayor notifica que no tienen un cálculo de cuánto se le dará a los empleados que saldrán de la administración, ya que no han entrado en la definición de quiénes se van y quiénes se quedan.

TELÓN DE FONDO

Evaden Servicio Civil de Carrera

Los gobiernos estatal y municipales de Jalisco incumplen con el Servicio Civil de Carrera, proceso necesario para consolidar la “eficiencia y eficacia” de la administración pública a través de la selección, incorporación y desarrollo profesional de servidores públicos.

“Este Servicio ha fracasado porque la clase política no lo permite. En cada elección llegan personas que estuvieron apostándole a la campaña, en lugar de optar por la gente más preparada”, lamentó Alberto Aziz Nassif, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores (CIESAS).

El Gobierno de Jalisco, con una plantilla central de 20 mil burócratas, contesta: “Se carece de los elementos jurídicos para ejercer el Servicio Civil de Carrera, motivo que ha impedido su implementación, a excepción del sector educativo, de salud y de seguridad pública, que se rigen por su propia normatividad”, responden la Contraloría y la Secretaría de Administración. “Es de interés de la presente administración que se cuente con los elementos que permitan la ejecución del Servicio, buscando el desarrollo de los servidores públicos… se está desarrollando el proyecto basado en las adecuaciones en la Ley de Servidores Públicos de Jalisco y sus Municipios, a fin de presentarlo a la instancia correspondiente para su autorización”.

Los ayuntamientos metropolitanos están en la misma situación y suman 30 mil burócratas sin perfiles avalados por el Servicio. En los organismos públicos descentralizados del Estado y de los ayuntamientos se repite la historia: más de 100 mil empleados laboran sin bases profesionales.

El fundamento legal del Servicio Civil de Carrera está en la Ley de Servidores Públicos de Jalisco desde 2007, pero deja excluidos a los ganadores de elecciones, al titular de la entidad pública y a los burócratas designados y que dependan directamente de él; es decir, los principales mandos son asignados de forma discrecional.

Por eso el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) relega a Jalisco en la posición 22 en su medición “Gobierno eficiente y eficaz”, mientras Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila lideran la tabla. También subraya que los ayuntamientos son una institución diseñada para el fracaso por factores como el bajo nivel de profesionalización de sus empleados.

LA VOZ DEL EXPERTO

Profesionalización de burócratas eliminaría compromisos políticos

Guillermo Camberos Quezada, (académico del ITESO)

Los puestos que dejan los burócratas de administraciones salientes son un botín político y de compadrazgos para los que llegan, dice el experto en administración pública, Guillermo Camberos Quezada. Pero la receta para aliviar el diagnóstico está en la profesionalización de los puestos en los ayuntamientos, dice el también académico del ITESO.

“Los trabajadores causan daño al buen funcionamiento y los usos de los recursos… y no existe un régimen jurídico de carrera en la función pública que permita profesionalizar y evitar los movimientos políticos cada tres años”.

El investigador apunta que el incremento del conocimiento y habilidades de los empleados podría realizarse a través de un concurso de aptitudes entre los mismos trabajadores, pero cada tres años se cortaría el plan de mejoramiento de la ciudad.

Refiere que en el caso específico de los supernumerarios y de confianza evitan la continuidad. Contextualiza que en otros países no existe el primer grupo de trabajadores, y los de confianza están en puestos claves. Por ello aquí el problema es grave porque los puestos se dan por amistades y compadrazgos.

A mediano y largo plazos prevé que desde el Gobierno del Estado o el Congreso obliguen por medio de una ley a los ayuntamientos para que profesionalicen a sus empleados con el fin de que estén capacitados para ejercer sus actividades: “Eso pondría fin a los improvisados”.

A corto plazo, reconoce, es complejo tener cambios sobre todo porque el Gobierno responde a muchos compromisos políticos, y faltaría una gran voluntad para que las nuevas autoridades demostraran algo diferente, por ejemplo, que no recontrataran a nuevo personal: “Lo ideal sería que los que ya están, como conocen cómo funcionan las cosas, analizaran perfiles de personas que estén capacitadas para entrar al Ayuntamiento sin inmiscuirlos en las cuestiones de ideologías partidistas”.  

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