Guadalajara atiende problemas legales en puente de Ávila Camacho

GUADALAJARA, JALISCO (17/AGO/2011).- La construcción del puente vehicular que se desarrolla en la confluencia de las avenidas Ávila Camacho y Circunvalación, continúa gracias a la suspensión legal que obtuvo el Ayuntamiento de Guadalajara para impugnar una orden emitida por la Secretaría de la Función Pública ( SFP) que implica la detención del proyecto.

Informado primero por el regidor Jorge Salinas Osornio, del PAN, y confirmado por el síndico de Guadalajara, Héctor Pizano Ramos, se reveló que los avances de esta obra vial dependen enteramente de esta suspensión legal que el Tribunal Fiscal de la Federación le concedió al Ayuntamiento tapatío.

Según Pizano Ramos, hace aproximadamente 45 días la SFP del Gobierno federal decretó la nulidad de la licitación del proyecto, luego de que la empresa Fazort se inconformara por el procedimiento que en este sentido siguió la Comisión de Adjudicación de Obra Pública de Guadalajara.

A decir del abogado del Ayuntamiento, la declaración de nulidad de la SFP tiene que ver con “cuestiones de forma”, pues al parecer se cuestiona la validez legal de documentación firmada por el quien titular de la Secretaría de Obras Públicas de Guadalajara, Juan Carlos Uranga García, en dicho procedimiento de adjudicación. Pizano Ramos afirma, por lo tanto, que estos actos son válidos, pues el hoy ex secretario todavía permanecía en sus funciones al momento de plasmar su signatura (Uranga García saldría del Gobierno municipal por presuntos actos de corrupción).

La suspensión que obtuvo la Sindicatura de Guadalajara del Tribunal Fiscal de la Federación es definitiva, afirma el síndico, y no provisional, por lo que se mantendrá hasta que se resuelva el fondo del asunto, y por lo tanto, aúna, deberá ser suficiente para concluir con la obra,  que lleva 75% de avance.

El recurso legal que protege a la obra vial se concedió hace aproximadamente 12 días, sin embargo, Pizano Ramos rechaza que haya habido alguna violación o desacato a la instrucción de la dependencia federal con la marcha del proyecto, pues la suspensión fue conseguida por la Sindicatura dentro del plazo de cumplimiento marcado por la misma Secretaría de la Función Pública.