Gobernación defiende a Emilio: el megadonativo no fue ilegal

La Secretaría de Gobernación (Segob) sostiene que el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, no violó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público al otorgar en marzo pasado 30 millones de pesos provenientes del erario público para la Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos.

En un documento recibido en la Cámara de Diputados, y publicado en la Gaceta Parlamentaria, la dependencia federal también indicó a los legisladores que carece de facultades para investigar asociaciones civiles o funcionarios públicos.

Se destaca que en el punto de acuerdo signado por las diputadas Ruth Zavaleta y María del Carmen Salvatori, se pide a la Segob investigar la donación de 30 millones de pesos al organismo por parte de González Márquez, provenientes de recursos públicos y determinar si hubo violaciones a la citada ley.

En el oficio de la dependencia se citan las infracciones previstas en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y se aclara que no existe ninguno de los supuestos contenidos en el acuerdo legislativo y que tampoco se puede sancionar a asociaciones civiles y funcionarios públicos.

“De la información que es del dominio público, la transferencia de recursos efectuada por el Gobierno de Jalisco no fue hecha en favor de una asociación religiosa, sino a una asociación civil”, argumentó el director general de Asociaciones Religiosas de la Segob, Salvador Beltrán del Río.

Indicó que no es factible aseverar la existencia de un trato desigual en favor de una asociación religiosa, ni sostener la competencia de la Segob para investigar hechos de ese tipo porque la dependencia carece de atribuciones para conformar una comisión que los investigue.

Telón de fondo

Aunque el megadonativo otorgado por el gobernador Emilio González para la construcción del Santuario de los Mártires fue reintegrado con intereses a las arcas estatales, las acciones de protesta continuarán, y continúa pendiente la declaración del cardenal Juan Sandoval.

Mediante dos cheques, uno por 30 millones de pesos, y otro por 563 mil 553 pesos -por concepto de intereses- a la Secretaría de Finanzas, la Fundación Pro Construcción del Santuario regresó el polémico donativo; no obstante, el Movimiento en Defensa del Dinero Público y el Estado Laico mantendrá protestas contra el mandatario.

“La devolución del dinero no borra el abuso y la ilegalidad que cometieron tanto el gobernador como el cardenal” subrayan miembros del Movimiento. Por su parte, la agrupación Conciencia Cívica, acusa al juez tercero en materia administrativa, Héctor Martínez Flores, de dejarse presionar y violar la ley al permitir que Juan Sandoval no acudiera personalmente a declarar sobre el asunto.

La Segob sostiene que el mandatario no violó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y declara que carece de facultades para formar una comisión que sancione asociaciones civiles o funcionarios públicos