Gastan mil 274 millones al año en autos oficiales

GUADALAJARA, JALISCO (24/MAY/2016).- Las herramientas de participación y empoderamiento ciudadano existen para ser utilizadas. Y por eso, la iniciativa que sugirió el ciudadano Guillermo Carrillo para tratar de mantener controlado el buen uso de las casi 13 mil unidades oficiales en Jalisco, tiene el visto bueno del diputado independiente, Pedro Kumamoto, quien la impulsará como iniciativa de ley.

En esencia, la propuesta consiste en rotular los vehículos oficiales, a fin de que la dependencia a la cual pertenecen sea fácilmente identificable por los ciudadanos, y que además muestren el uso que debe dárseles. También ve porque tengan un número visible de denuncia, a fin de incentivar que los funcionarios y servidores públicos que los conducen les den un buen uso.

De acuerdo con el Manual de Políticas Administrativas del Poder Ejecutivo, los vehículos que pertenecen a la autoridad estatal “sólo podrán ser utilizados por servidores públicos y para servicios relacionados con las funciones propias del Gobierno del Estado”.

Además, detalla que los vehículos utilitarios “no deberán ser utilizados los fines de semana” a menos que se trate de algún asunto oficial; lo mismo para los periodos vacacionales.  Y establece que deberán “concentrarse en los estacionamientos destinados para éstos después de concluir las labores cotidianas”, a menos de que se trate de vehículos de emergencia.

En ese sentido, el legislador apunta que el interés de esta iniciativa ciudadana va por lograr que los funcionarios dejen de realizar sus diligencias personales en los vehículos que les fueron asignados para trabajar. Y, a la distancia, establecer políticas de austeridad para reducir el gasto erogado, que en 2015 ascendió a mil 274 millones de pesos para los casi 13 mil vehículos utilitarios.

“Si lo centralizamos, podemos ver cuál es el municipio que más rendimiento por kilómetro da a los litros por gasolina. Esto es solamente la punta del iceberg de una agenda general que hemos acordado tener con aliados de la sociedad civil”, dice el diputado independiente.

El fin último, agrega el promotor de la iniciativa, Guillermo Carrillo, es evitar la corrupción. “Que casos como el de la Secretaría de Medio Ambiente —la funcionaria que fue sancionada por ir a la playa en una camioneta de la dependencia—, que fue uno de muchos casos que quizás no son ventilados, no ocurran más”.

Pedro Kumamoto considera que la iniciativa tendrá el visto bueno del resto de los diputados de Jalisco, toda vez que se trata de una idea emanada de la sociedad civil que ve por optimizar el gasto del dinero público y, sobre todo, por la transparencia.

“Todos estamos en la misma tónica. Este es un tema que tiene que ver con la rendición de cuentas, la transparencia, el empoderamiento de la sociedad, la utilización de los recursos públicos eficientes y un impulso, digamos, a la honestidad dentro del servicio público”.

La propuesta, agrega Guillermo, va por el control en el gasto de gasolina, refacciones, mantenimiento y hasta seguros, toda vez que actualmente “el servidor público no tiene identificadores claros en el vehículo que permitan el monitoreo ciudadano, con objeto de reforzar su comportamiento ejemplar”.  

Considera, también, que con el mínimo de ahorro podría haber gran diferencia. “En la medida que, identificando el coche, podamos desincentivar al servidor público que lo tiene asignado en su mal uso, podremos generar un ahorro indirecto para todas nuestras entidades de Gobierno. Si le quieres asignar un 5% de desincentivo a ese gasto de mil 200 millones, ya estás hablando de un ahorro de más de 50 millones de pesos”.

LOS QUE MÁS GASTAN

Gasto global en combustible, refacciones y mantenimiento

Gobierno del Estado	522’543,543
Zapopan	145’114,340
Guadalajara	123’591,376
Tlaquepaque	80’479,442
Tlajomulco	41’246,045
Tonalá	35’394,998

"ES SÓLO EL PRIMER PASO"

Esta vez se busca la mejora en el uso de los vehículos utilitarios, pero a partir de esta iniciativa de corte ciudadano, se espera que haya más aristas cubiertas para mejorar el buen uso de los recursos públicos. Es la opinión de Alejandra Vargas, presidenta de la Comisión de Jóvenes Empresarios Coparmex Jalisco.

A ella es a quien se acercó primero el impulsor de esta iniciativa, Guillermo Carrillo, para tocar base y saber cómo aterrizar el proyecto. La experiencia previa con la iniciativa Tres de Tres, y el éxito obtenido en la recaudación de firmas, lo motivaron para nutrir su proyecto en Coparmex.

“Esta vez lo hicimos diferente”, cuenta Alejandra. “No quisimos repetir las firmas para no desgastar ese ejercicio, y por eso hablamos con Pedro Kumamoto, quien se interesó y prometió llevar al pleno del Congreso esta discusión. Para desligarlo de intereses partidistas decidimos hablar con el diputado independiente”.

Advierte que después de esta iniciativa de corte ciudadano, se espera que haya más actores de la sociedad civil interesados en aportar a la construcción de un mejor gobierno con propuestas propias, pues “eso es lo que necesitamos”.

“Hoy, por lo pronto, iniciamos con el ordenamiento de vehículos. Y es algo curioso: cuando lo planteamos muchos nos preguntaban si no existían filtros para darle orden al uso de vehículos del Estado. Y pues aunque pareciera algo esencial, la verdad es que no”.

CLAVES

Radiografía

Gasto. 80 de los 125 municipios de Jalisco, el Gobierno del Estado y el Poder Legislativo consumieron exactamente mil 274 millones 380 mil 229 pesos en 2015, en rubros como combustible, mantenimiento y refacciones para sus vehículos. Seis de cada 10 de esos pesos se fueron directamente al gasto en combustible.

Total. Hay 12 mil 947 vehículos utilitarios en la Entidad. Eso significa que el mantenimiento, gasolina y refacciones de cada uno significó un gasto promedio de 98 mil 430 pesos.

Uso. El mantenimiento de todos los vehículos requirió 373.1 millones;  las refacciones, 96.1 millones, y el combustible, 805 millones de pesos.

Parcial. Ese es el gasto total conocido, pero no el global, pues 45 de los 125 municipios no respondieron a la solicitud de transparencia. Entre ellos, Zapotlán el Grande, Ixtlahuacán de los Membrillos, Lagos de Moreno y Mazamitla.

Legislativo. El reporte del Congreso del Estado es de únicamente 514 mil pesos gastados. El Gobierno del Estado transparenta 522.5 millones en esos conceptos.

Economía. De acuerdo con el oficio 1276 que responde la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, hay instancias como el Centro Estatal de Investigación de la Vialidad y el Transporte, que reportan tener solamente un vehículo asignado. En esa misma tónica está el reporte de la Comisión Estatal del Agua, pese a que en su página de Internet reporta sólo en su dirección general dos automóviles, y en la de Comunicación Institucional, tres más.

Otras. La respuesta también dice que sólo hay un vehículo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el Consejo de la Judicatura Federal, el Parque Solidaridad y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El Poder Judicial de Jalisco reporta únicamente ocho unidades, el Hospital Civil de Guadalajara cinco y el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, sólo 10.

NUMERALIA

Costo a detalle

1,274’380,229 pesos gastados en 2015 en mantenimiento, refacciones y combustible de vehículos del Gobierno del Estado, de los Ayuntamientos y del Congreso del Estado.

2,110 vehículos hay en la flotilla estatal centralizada (sin contar los organismos públicos), de acuerdo con la Unidad de Transparencia de la Sepaf.

10,837 vehículos oficiales en los 125 ayuntamientos de Jalisco.

GUÍA

¿En qué consiste la iniciativa?

Se propone una ley que fortalezca el uso “responsable y austero” de bienes públicos. Específicamente de vehículos. Sería la primera ley ciudadana en el Estado.

La propuesta busca que los automotores oficiales tengan identificadores claros y visibles de la institución de Gobierno a la que pertenecen, el tipo de uso que debe dárseles y un número telefónico de denuncia.

De esta manera, se busca evitar que esas unidades sean utilizadas para usos personales, partidistas y desincentiva, además, el robo de estas unidades, así como un uso ejemplar por parte del funcionario que lo tiene asignado.

¿Y el rótulo?

Todos los vehículos públicos deberán estar rotulados (se estima que cada uno costaría 20 pesos), de manera visible y tanto en sus costados como en la parte trasera. Cada imagen deberá contar con lo siguiente:

Logo del Gobierno.

Horario de uso entre semana y fines de semana.

Leyenda: “Favor de reportar la conducta inadecuada” y enseguida el número de denuncia para cada dependencia o ayuntamiento.

Considera excepciones para vehículos de emergencia o seguridad, debido a la naturaleza de sus funciones.

¿Qué se debe transparentar?

Cada autoridad deberá publicar el número de vehículos con el que cuenta, placas, modelo, funcionario al que se le ha asignado, rubro de segmentación y hasta kilometraje.

Los servidores públicos que tengan asignado un automóvil del Estado o Ayuntamiento deberán comprometerse a prestarle un buen uso, y reportar de manera interna el buen estado del vehículo que le fue asignado.

Alcaldías con más vehículos

Guadalajara	3,013
Zapopan	1,989
Tlaquepaque	595
Tonalá	588
Tlajomulco	494
Tepatitlán	323
Lagos de Moreno	216
Ocotlán	161
Zapotlán el Grande	160
Zapotlanejo	147

BUENAS PRÁCTICAS

Recomiendan vigilancia satelital para control vehicular

Si existe tecnología para llevar comida al domicilio o establecer contacto con amigos vía redes sociales a través de un teléfono inteligente, también la hay para controlar el uso que se da a los vehículos oficiales, incluso para regular el combustible que consumen por día.

Alejandro Guerrero, director de una empresa dedicada a los servicios de localización y rastreo satelital, expone que al adaptar los vehículos utilitarios con tecnología GPS no sólo se conocerían sus trayectos sino el combustible que consumen cuando el auto está encendido. Eso, afirma, permitiría a las autoridades regular de manera precisa el monto que invertirán a la semana o mes.

“Y no sólo eso, todos notarían que los tiempos perdidos por el clásico ‘estaba atorado en el tráfico’ no son más un pretexto, pues por ejemplo, nuestra plataforma está empatada con el sistema de Google, que ubica las zonas más conflictivas y envía rutas secundarias”.

La función pública no ha considerado aún habilitar sistemas GPS en sus unidades. El diputado Pedro Kumamoto también destaca que la iniciativa que eventualmente se estará presentando en el Congreso del Estado no va por la habilitación de tecnologías remotas para los vehículos. Sin embargo, las bondades de considerarlo serían grandes, dice Alejandro Guerrero. “Nuestro sistema cuesta cinco mil 950 pesos por dos años, y está garantizado. Imagínate cuánto no ahorrarían al año por tener un control de gastos y recorridos”.

De hecho, su empresa ofreció una instalación gratuita en algunas patrullas de la Policía de Guadalajara. “Sin compromiso: sólo para que probaran el sistema. Lo hicimos para que eventualmente lo consideraran, y ahora sí lanzaran una licitación”. Pero el Ayuntamiento nunca respondió.

Actualmente son solo las empresas privadas las que contratan los servicios de firmas dedicadas a la localización satelital. De acuerdo con el ingeniero, éstas “sí tienen interés de cuidar sus recursos”.

La instalación incluye no sólo el localizador satelital y la plataforma móvil para vigilarlo a todas horas, sino cámaras de videovigilancia en el interior de la unidad y un botón de pánico para emergencias. Además de un sensor de combustible que revela cuántos litros ingresan y cuántos se gastan en el recorrido diario.

“Por ejemplo: un auto que asignaron a Pedro. Entonces el sistema se liga con la unidad y vamos a ver la foto de Pedro, sus generales, tipo de sangre, teléfono de contacto en casos de emergencia. Además se pueden hacer los mantenimientos preventivos de las unidades de manera automática. Cada tres meses o 10 mil kilómetros el sistema te indica que ya les toca el servicio. Rotación de llantas, cambio de aceite, etcétera”, concluye.

LA VOZ DEL EXPERTO

Sanciones ejemplares para eliminar uso discrecional

Francisco Jiménez Reynoso (de la División de Estudios Jurídicos de la UdeG).

El “despilfarro” de recursos públicos debe tener consecuencias. Y éstas deben ser ejemplares para que quienes traten de incurrir en esta práctica lo piensen mejor antes de hacerlo.

“Claro que debe haber mecanismos para saber cuánto se gasta, cómo se gasta, quién trae el vehículo y en dónde se encuentra. Y que quienes no lo hagan bien, que sean sancionados desde el punto de vista económico, laboral o, incluso, si la falta fue muy grave, hasta penalmente”.

En la opinión del experto, es necesario aprovechar la coyuntura de transparencia y rendición de cuentas para lograr que no exista un uso discrecional de vehículos públicos. La presión social, agrega, es vital para que la clase política establezca medidas de control.

Detalla que el factor tecnológico sí debe ser tomado en cuenta, pues si existen formas de aprovechar plataformas de control, éstas deben por lo menos ser consideradas.

“Por las mismas condiciones: el que la tecnología es cada vez más económica y está al alcance de más personas, sí es una opción viable. Más cuando se contrata por flotillas o por un gran número de vehículos. Se pueden incrustar chips en las unidades con el fin de tomar las mediciones específicas: saber a dónde van y detectar en tiempo real si se hace un mal uso”.

Agrega que la clase gobernante debe tener en consideración que el dinero que administran “no es de ellos”, sino de los contribuyentes. Por eso necesitan tomar conciencia sobre el tema.

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