Firme, la inversión en Chalacatepec: García Manzano

GUADALAJARA, JALISCO.- No hay nada que “eche abajo” la inversión en el “ nuevo Cancún”, ni siquiera si se modifica la Ley del Instituto de Pensiones aprobada el año pasado, aseguró el titular del Instituto, Óscar García Manzano, pues dijo que ya está conformado un fideicomiso con la empresa “Rasaland” y “no se puede desintegrar”.

Dijo desconocer la comisión especial del Congreso del Estado que se aprobó crear para revisar este caso, y desestimó que pueda afectar el proyecto.

Aceptó que desde marzo de 2009 comenzó el acercamiento con la empresa “Rasaland”, pero que la aprobación de la nueva Ley de Pensiones a finales del año, fue sólo para asegurarle al desarrollador que los recursos de los trabajadores del Estado no se irían a la quiebra en 2012.

“La ley anterior ya nos permitía la inversión en tierra y es una de las tres patas que tenemos para diversificar la inversión”.

García Manzano compareció ayer en la tarde en el Congreso del Estado, ante los integrantes de la Comisión de Turismo. El diputado perredista Raúl Vargas se quedó insatisfecho e insistió en que la inversión en el “nuevo Cancún” es una especulación.

Pero García Manzano continúa en su postura, y no dará a conocer el proyecto, porque es “propiedad industrial”, a pesar de que el dinero que está manejando es de los trabajadores estatales.

Por su parte, el gobernador Emilio González Márquez, en un evento distinto, respaldó a García Manzano: “No es una información clasificada, simplemente es un proyecto de particulares. Este proyecto de Chalacatepec no es un proyecto del Gobierno del Estado, no es un proyecto en donde participe un centavo del pueblo de Jalisco”.

Pero el Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei) de Jalisco insiste en que se debe transparentar el proyecto, de acuerdo con lo que marca la Constitución Política del país y la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.

Resalta que reservar esta información es “inadecuado”, en la medida que al revelarla no se atenta contra el interés público, ni se genera un daño o perjuicio mayor al interés público de conocerla.

“La misma suerte corre el argumento de confidencialidad derivado de un convenio celebrado con una persona jurídica privada, dado que la voluntad de ésta no puede estar por encima del derecho de terceros (derecho de acceso a la información pública) y contravenir disposiciones de orden público”.

Con lo anterior, la conclusión es que el Instituto de Pensiones debe hacer pública la información tanto de la inversión millonaria, como lo relacionado con los datos del inmueble, la forma de contratación y contratos relativos, la autorización de otras instancias de Gobierno, los estudios sobre la factibilidad de la inversión, montos y calendarización.