Fiesta en la cárcel de Puente Grande

GUADALAJARA, JALISCO (20/JUL/2015).- Norteña, corridos y música moderna. La gala vespertina, ocasionalmente nocturna, de música elegida para aderezar el oído es amplia. Cruza celdas, torres y retenes de vigilancia. Viaja por cientos de metros. Llega a quienes habitan cerca.

Pero no es una fiesta improvisada en las calles de la ciudad. Sucede en el interior del complejo penitenciario de Puente Grande con cierta recurrencia.

En el Día de las Madres, durante la Navidad o el 14 de febrero es más seguro, pero no exclusivo de esas fechas.

El sonido del acordeón sale de los penales que son vecinos de las instalaciones que Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, burló hace 14 años, y que repitió la semana pasada en otro penal.

Vanessa López tiene nueve años viviendo en las proximidades del sitio y Graciela García ya ajustó la década a menos de un kilómetro de las bardas perimetrales del penal preventivo de Puente Grande. Ambas han escuchado las piezas musicales; a veces por las noches. Pero no sólo eso.

“También se oye que juegan futbol y se oyen desmanes muy fuertes. Hasta sirenas”, comparte la primera. “Los sábados se oye como que hacen fiesta. Tiran balazos, pero no sé a qué se deba todo eso. Hay horas en que se oyen balaceras allí; no sé si (los custodios) tiran al ‘blanco’. Me imagino que sí, ¿verdad?”, agrega la segunda.

Son aproximadamente 500 metros de un terreno baldío los que dividen la Colonia Lomas del Salto del núcleo carcelario estatal. Un espacio que recorren, con sus respectivas limitantes, ciertos jóvenes del lugar con un fin que se advierte sospechoso. Las vecinas miran a quienes se internan entre la vegetación y revelan una de sus muy probables intenciones: inhalar solventes.

Por la Colonia San Miguel La Punta, más próxima al Centro de Readaptación Social (el penal para los sentenciados), ocurre algo similar. Allí, algunos niños han optado por usar el terreno verde como campo de juego… pero también son reprendidos por los oficiales que vigilan día y noche el lugar, según expone Lluvia Alejandra Rentería, una vecina.

Si bien un grupo de soldados resguarda permanentemente el ingreso de la prisión federal aledaña, y otros tantos uniformados del Estado hacen lo propio en los reclusorios estatales, la seguridad en los puntos próximos al Cefereso de Puente Grande es mínima. La Policía Municipal de El Salto falla desmesuradamente, de acuerdo con los vecinos que deben ser protegidos por esa corporación.

“Pésima”, es la palabra que elige Ismael Vázquez Flores para definir el actuar de su autoridad. Asegura que tiene razones de sobra para sostener tal discurso, pues durante la década que ha vivido a metros de Puente Grande, lo único que ha visto es que se reinstale la electricidad en un poste de su cuadra. Ninguna gestión para atender las deficiencias en el transporte público ni en la calidad del pavimento.

Una realidad que contrasta con la excesiva vigilancia de la prisión.

Instalaciones que, además, colindan con un hotel de 12 habitaciones diseñado específicamente para atender a los familiares de los prisioneros del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso), por precios que van de los 380 hasta 630 pesos, y con cuotas adicionales de 200 y 150 pesos para la compra de camisas amarillas y sandalias: la única indumentaria permitida para entrar al penal que, anteriormente, evadió el líder del Cartel del Pacífico en 2001.

TOLERAN CASAS EN ZONA PROHIBIDA

Fraccionamientos colindantes con cárceles

• Lomas de San Miguel II, a 80 metros del penal
federal.

• Lomas de El Salto, 200 metros del penal federal.

• Rincones de San Agustín, a 200 metros.

• Fraccionamiento Colinas de Tonalá, a 800 metros.

VOCES

Viven a metros de la cárcel

"Es difícil la falta de servicios en lo general. Tenemos un pésimo servicio de transporte, de (abasto de) agua… tampoco en pavimentación se ha hecho algo".

Ismael Vázquez Flores, vecino de Puente Grande.

"Sí es medio tenebroso esto. Sí te da miedo que se vayan a salir o que exista algún desorden…o que llegue gente como suelen llegar: con los bloqueos".

Vanessa López, vecina de Puente Grande.

"Yo trabajé hace dos años, hacía la limpieza. Cuando entras y sales casi te encueran. Te checan para que no traigas nada (…) Debíamos ir vestidas de un tono de mezclilla con camiseta blanca".
 
Graciela García, vecina de Puente Grande.

"La música es muy seguido. Cada fin de semana. Pero de ahí en más está tranquilo. Yo oigo que ponen norteño y moderna y todo eso adentro del penal. Luego cuando juegan se oye para acá el eco: no está muy lejos".

Gabriel Ramírez, trabajador de un comercio aledaño.

GUÍA

Penitenciarías carecen de zonas de amortiguamiento

—¿Qué dice el Código Urbano del Estado?

—Cuando se trate de un nuevo centro penitenciario, se requiere la elaboración de un Plan Parcial de Desarrollo Urbano, el cual deberá incluir disposiciones que garanticen la existencia de zonas de amortiguamiento con una distancia perimetral mínima de mil metros de los centros de población. En la zona de amortiguamiento no podrán construirse inmuebles, salvo los que sean propiedad del Estado destinados a la seguridad pública y al sistema penitenciario.

—¿Qué dice el Programa de  Desarrollo Urbano de Tonalá?

—Establece un radio aproximado de 700 metros a partir de las instalaciones del Cefereso (reclusorio federal), en el cual las áreas que incidan en este radio quedarán restringidas en su utilización para cualquier tipo de urbanización.

—¿Qué dice el Programa de El Salto?

—Los centros de readaptación social deberán respetar las normas, limitaciones y restricciones a la utilización del suelo de los Centros Federales de Readaptación Social y los propios del Estado.

Todo lo anterior se incumple.

NÚCLEO ESTATAL

No se monitorean todas las áreas

El Centro de Reinserción Social de Puente Grande, a cargo del Gobierno del Estado, cuenta con una red de 550 cámaras. Como parte del esquema de seguridad, el sistema de videovigilancia realiza labores de monitoreo las 24 horas del día en puntos de revisión, ingreso, aduanas y otras áreas.  

“Tenemos un circuito cerrado de cámaras donde estamos monitoreando no todas las áreas, pero sí algunas áreas: tenemos la revisión y registro de toda la gente que ingresa a los reclusorios, las revisiones diarias tanto al exterior e interior de dormitorios”, detalla la fiscal de Reinserción Social, Marisela Gómez Cobos.

“También tenemos aparatos de rayos X. Se revisan los alimentos y el ingreso de los internos a juzgados, revisamos los protocolos para el traslado de los internos a hospitales. Es lo que hacemos todos los días”.

En el exterior del Centro se hacen rondines permanentes en los que supervisan las construcciones, los caminos y negocios, “entramos de forma permanente a los terrenos con las unidades, es algo que tenemos que cuidar muchísimo”.

El problema es que la tecnología de punta está ausente en Puente Grande. Esta situación y los sistemas de monitoreo son los que hacen la diferencia en un penal de máxima seguridad.

No se tiene, por ejemplo, un sistema de sensores para detectar cualquier movimiento anormal en los terrenos, tanto en la superficie como en el subsuelo.

“Estos equipos son costosos”, justifica Gómez Cobos: “Los reclusorios datan de 34 años atrás, son centros antiguos cuyos sistemas son muy diferentes”.

CLAVES

Estándares. internacionales y buenas prácticas

Peligrosos. De acuerdo con los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, los internos en penales deberán repartirse en distintas secciones dentro de dichos establecimientos, según su sexo, edad, la razón de su privación de libertad, la necesidad de protección de su vida e integridad.

Límites. Los presos tendrán derecho a recibir y enviar correspondencia y a mantener contacto personal y directo, mediante visitas periódicas, con sus familiares, representantes legales, y con otras personas, especialmente con sus padres, hijos e hijas, y con sus respectivas parejas.

Informados. Tendrán derecho a estar informados sobre los acontecimientos del mundo exterior por los medios de comunicación social.

Comportamiento. La autoridad deberá ajustarse al respeto de los derechos humanos de los internos. El personal deberá ser seleccionado cuidadosamente, teniendo en cuenta su integridad ética y moral, capacidad profesional y responsabilidad. Las normas prohíben que la policía o fuerzas armadas ejerzan funciones de custodia en los penales.

Emergencias. Dentro de los penales se deben separar las diferentes categorías de personas; asegurando la capacitación y formación continua y apropiada del personal; incrementando el personal destinado a la seguridad y vigilancia interior; evitando el ingreso de armas, drogas, alcohol y de otras sustancias u objetos prohibidos; evitando y combatiendo todo tipo de abusos de autoridad y actos de corrupción.

Corrupción. De acuerdo con un manual de los sistemas penitenciarios de la Organización de las Naciones Unidas, la corrupción entre el personal y los reclusos está presente en casi todas las prisiones y es una práctica extendida en muchas de ellas; ésta condiciona el respeto a los derechos de los presos y se satisfacen sus necesidades más elementales.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Bomba de tiempo”

Javier Clausen Silva (investigador del ITESO)

Los centros de reinserción en Puente Grande están rodeados de casas tipo colmena que terminan siendo abandonadas, dice el investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Javier Clausen Silva. El problema, explica, es que se explota inmobiliariamente esa área ante la debilidad de la ley, a pesar de estar cerca de los penales y de un basurero metropolitano (Los Laureles).

“Las decisiones sobre el territorio a largo plazo tiene que ver con el seguimiento que se le dé a un relleno sanitario colapsado y a las viviendas que están pegadas al penal. Son bombas de tiempo”.

Describe que los terrenos en ese lugar son baratos y debido a ello se construyen viviendas que son ingobernables. A esto se agrega la nula información sobre el subsuelo que comparten las empresas inmobiliarias, mismas que no son obligadas a transparentar información. Esto, dice, permitiría tener certeza sobre la posibilidad de excavar túneles, como el que usó Joaquín “El Chapo” Guzmán, para salir del penal del Altiplano. Y “¿Cómo sabes de cuál sótano y cuál casa sale un túnel?”.

El profesor explica que en zonas cercanas a Puente Grande existe roca volcánica, que es difícil de perforar, pero sí se podría hacer un túnel.
“Nadie tiene información fidedigna y habría que avanzar para saber qué hay alrededor y hacerlo público”.

Una opción para abrir y transparentar datos sobre las características del subsuelo es que se consideren en los planes parciales de desarrollo o que se sistematicen en una plataforma, como ocurre en Europa y Sudamérica: “En el resto del mundo se decide de antemano, con expertos y sociedad, los puntos importantes y se hacen evaluaciones de impacto de los planes parciales”.

Asegura que sistematizar y trasparentar los datos no es nada complicado ni caro, ya que los programas electrónicos existen y los estándares ya se utilizan en otros países.

Explica que la evaluación del impacto que las viviendas hacen a esta área debería considerar el lado ambiental, social y de seguridad.

LA VOZ DEL EXPERTO

Zonas prohibidas

Alfredo Rodríguez García (criminólogo).

Dentro de la política criminal, el rubro que se queda siempre al final, el olvidado, es el que incumbe a los sistemas penitenciarios, dice el criminólogo, Alfredo Rodríguez García. De hecho, agrega que la infraestructura de los centros de reinserción no es el problema, sino el perfil de la gente que labora allí y el que los vigila, ya que los puestos se han entregado basados en compadrazgos o por “deudas políticas”.

“Hace falta un mejor trabajo de inteligencia. El diseño de los centros y la infraestructura pueden ser favorables, pero no quienes cumplen con los protocolos de seguridad, debido a los niveles de corrupción que existen”.

Expone que lo ideal sería establecer los perfiles necesarios para cubrir cada puesto dentro de los penales y se sometan a rigurosos controles y evaluaciones. Además, los sistemas de vigilancia tendrían que fortalecerse hasta revisar y modificar las medidas establecidas por la Comisión de Derechos Humanos.

“Con todo y los derechos humanos, debe haber esquemas específicos para que los controles y el manejo de los internos sea diferente”.

Los esquemas de planeación, según Rodríguez García, fallan al permitir que se establezcan comunidades cerca de los centros penitenciarios, como sucedió en el penal del Altiplano o en Puente Grande: “En todos los reclusorios hay gente que vive cerca. Lo ideal sería que desde el diseño y planeación de este tipo de esquemas se previnieran. O en su caso se den operativos periféricos para mantener la vigilancia”.

Esto pudo haber identificado la construcción del túnel por el cual se escapó “El Chapo Guzmán”. De hecho, expone que tampoco existe coordinación para la vigilancia de las zonas periféricas, ni hay controles establecidos por los tres niveles de Gobierno.

“Tenemos el antecedente en Jalisco, cuando ‘El Chapo’, salió por la puerta principal. Falló la parte humana ante la infraestructura del penal, una de las cosas más importantes”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Los riesgos de la sobrepoblación

Guillermo Zepeda Lecuona (experto en temas de seguridad).

El doctor Guillermo Zepeda Lecuona, del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), coincide en que las autoridades han descuidado los centros penitenciarios, sobre todo en el tema de la sobrepoblación de los centros carcelarios que han llegado hasta 180% de su capacidad (como el de Tamaulipas), lo que los expone a motines y autogobierno exacerbado.

Comenta que la fuga de “El Chapo” en el penal del Altiplano, en el Estado de México, fue la muestra de la vulnerabilidad de los centros de reinserción social, a pesar de que durante el último año del ex Presidente Felipe Calderón al frente del Gobierno Federal se invirtieron 20 mil millones de pesos.

“Los estándares de seguridad eran altos y ahora han quedado exhibidos en su vulnerabilidad por exceso de confianza o un acto de corrupción”.
Señala que la exposición de los penales provocará que haya un cambio en los esquemas de vigilancia o sancionarán a los jefes que incurran en las irregularidades: “Deben ser revaloradas las inspecciones de seguridad, la operación, blindaje y monitoreo de los servidores públicos”.

RECLUSORIO FEDERAL

Los vecinos más peligrosos

• Vicente “El Viceroy” Carrillo Fuentes.

Hermano del “Señor de los cielos”. Es jefe del cártel de Juárez, que desató la violencia en Ciudad Juárez. El saldo: cientos de muertos por la disputa del territorio con el cártel de Sinaloa, que lidera “El Chapo”.

• Ismael Zambada Imperial.

Hijo del líder del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, que también lidera “El Chapo”. Ismael fue trasladado a Puente Grande a finales de 2014.

• Daniel “El Pacorro” Yeme Gómez.

Era el líder de la célula de sicarios del cártel del Milenio. Se le acusa de haber participado en el homicidio de 50 personas, así como el asesinato de otras siete (de 26 cuerpos hallados) en el caso de los Arcos del Milenio.

• José de Jesús “El Chango” Méndez Vargas.

Trasladado a Puente Grande en septiembre de 2011 acusado por los delitos de delincuencia organizada, portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; es uno de los fundadores de La Familia.

• Martín Alejandro “El Águila” Beltrán Coronel.

Supuesto sucesor de Ignacio “Nacho” Coronel, abatido en julio de 2010.

• Marco “El Chabelo” Garza de León Quiroga.

Señalado como operador de Los Zetas en Nuevo León.

• Fernando “El Z-16” Martínez Magaña.

Jefe de zona del grupo criminal de Los Zetas en Nuevo Laredo.

• Diego “El Cocinero” Raymundo Guerrero Gómez.

Apresado por delitos de delincuencia organizada, portación de arma de uso exclusivo del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es presunto administrador financiero del grupo criminal de los Arellano Félix.