Falta transparencia en procesos de adquisiciones en Jalisco: CCIJ

GUADALAJARA, JALISCO.- A los representantes de las cámaras empresariales se les oculta información indispensable en los procesos de adjudicación en las compras gubernamentales. La falta de transparencia es evidente, afirmó el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Javier Gutiérrez Treviño.

La semana anterior el dirigente de los industriales manifestó su molestia por las irregularidades que se cometen para elegir a los proveedores ganadores en las adquisiciones, y adelantó que enviaría un documento a las autoridades correspondientes para que sus quejas sean escuchadas.

En dicho escrito, el CCIJ expone: “Los organismo del Gobierno impiden que los representantes del empresariado tengan real participación al emitirse las bases de los concursos y licitaciones para adquirir bienes y servicios con cargo al erario estatal”.

Añade que el esquema de funcionamiento de las comisiones y comités de adquisiciones implica que la asignación de contratos a la proveeduría del Gobierno se produzca por mayoría de votos con los que se pretende atemperar que el gasto público se ejerza manera eficaz.

“Se favorece a proveedores de otros estados por no tomar en cuenta a la opinión del sector productivo de Jalisco. La participación del sector privado termina con la asignación de los contratos sin que tenga participación para comprobar que los bienes y servicios se están entregando en la forma requerida”.

Por ello, se reduce la posibilidad de que detecten anomalías en el cumplimiento de sus obligaciones. Incluso, revela que éstas existen desde la redacción de los requisitos para las bases del concurso y licitación, relegándose a la comisión y a los comités de adquisiciones del Estado, cuando éstos sólo se limitan a elegir al proveedor que ofrezca los precios más bajos, dejando a un lado criterios como calidad, financiamiento, oportunidad y otros factores determinantes.

Además, destaca que los requisitos se establecen unilateralmente por los organismos gubernamentales sin considerar al resto de los integrantes de las comisiones y comités de adquisiciones, favoreciendo así “gran parte” del presupuesto.

“Una vez asignado un contrato por la comisión y los comités de adquisiciones, la entrega de los bienes y servicios pasa a ser de la exclusiva responsabilidad de los organismos públicos, por lo que los representantes de la iniciativa privada se ven impedidos para verificar que lo adquirido reúne la calidad y cantidades solicitadas”.