Fallan en difundir beneficios del fondo para las víctimas

GUADALAJARA, JALISCO (29/MAR/2016).- Entre 2015 y los primeros dos meses de 2016, sólo 168 personas se han acercado a la Comisión ejecutiva de atención a víctimas de Jalisco para tratar de compensar el daño que sufrieron, por considerarse afectadas de un delito o de una violación a sus derechos humanos. Sin embargo, la cifra es mínima si se compara con los más de 110 mil delitos del fuero común registrados en el mismo periodo, de acuerdo con datos de la Fiscalía General.

El número de reclamantes tampoco es representativo frente a las más de 18 mil quejas presentadas en ese lapso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Esto demuestra que la población desconoce que hay una instancia a la cual es posible acercarse para tratar de reparar integralmente el daño provocado a las víctimas, reconocen tanto la Comisión ejecutiva estatal de atención a víctimas como la Primera Visitaduría de la CEDHJ.

“La difusión es algo complicado”, acepta Kristyan Felipe Luis Navarro, secretario de la Comisión de atención a víctimas. “Estamos trabajando en redes, boletines… en mucha comunicación con otras dependencias y entidades”.

Además, la gente que acude a esa oficina no lo hace porque sabe que existe, sino porque es canalizada por parte de otras dependencias a las que sí se acercan para denunciar su caso. Según Kristyan Felipe, se prepara una estrategia con más elementos de difusión, como spots publicitarios, pretenden “trabajar para que la gente se entere más de esto”.    

Aunque el fondo para víctimas tiene un presupuesto acumulado de 26 millones de pesos, el funcionario asegura que no serán utilizados en la estrategia de difusión. “Van a ser usados únicamente para las víctimas más vulneradas”.

NUMERALIA

Muchos números; ningún beneficiado

168	13	95,329	16,189	15,329
Solicitantes de apoyo a través de la Ley de víctimas (144 en 2015 y 24 en 2016).	Peticionarios que “no fueron víctimas” de delito o violación a sus derechos humanos.	Delitos del fuero común durante 2015 en el Estado.	Delitos del fuero común durante enero y febrero de 2016.	Quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 2015.
3,509	1 millón	25 millones	0
Quejas presentadas ante la CEDHJ entre enero y febrero de 2016.	De pesos para el Fondo de atención a víctimas en 2015.	De pesos para el fondo en 2016.	Pesos entregados a solicitantes de la compensación de daños.

POSTURA DE DERECHOS HUMANOS

Alertan por doble victimización

Si existe un problema de burocratización para que el Fondo de atención a víctimas llegue a las personas que reclaman una compensación del daño, la Comisión ejecutora debe resolverlo. En la opinión del primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Javier Perlasca Chávez, esa condición podría concluir en que los solicitantes padezcan una “doble victimización”, pues además de ser víctimas de un delito o de una violación a sus derechos humanos, tendrán qué convencer a una nueva instancia de que realmente lo fueron.

Para que el procedimiento sea más ágil, las víctimas deben entregar a la Comisión una sentencia emitida por un Juzgado o una recomendación por parte de una Comisión de Derechos Humanos. Y aunque hay 131 peticionarios que demostraron su condición (77 en el primer caso; 54 en el segundo), un año después no se ha resarcido el daño a ninguno.

“Por ahí está el problema: si se está burocratizando o se están poniendo muchas trabas para acceder a esto. El solo hecho de que se le reconozca la calidad de víctima le da el derecho inmediato a toda la atención y protección”.

El apartado décimo tercero del Artículo 5 de la Ley de atención a víctimas establece el principio de “victimización secundaria”, el cual expone que “las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad”, de tal forma que las autoridades “tampoco podrán exigir procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos, ni la expongan a un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos”.

Reconoce que hay dos aristas para analizar esta condición, pues por un lado los fondos presupuestales que se asignan y no son utilizados tienden a reducir en cantidad (lo cual podría ocurrir el siguiente año). Y “eso no es lo que pretende la ley: doble victimizar o hacer poco accesible (el fondo)”.

No obstante, el otro ángulo es que el uso de los fondos públicos debe estar justificado, y disponer indebidamente de ellos también constituye un delito. Pero “está el principio pro persona y ahí es donde debemos echar ingenio e inteligencia… y no esperar a que los trámites obstaculicen porque entonces es negatorio esto”.

Concluye que también es necesario dar más difusión a la existencia del Fondo.

CLAVES

Legislación en papel

Creación. El 26 de febrero de 2014, tras una discusión que rebasó las dos horas, el Congreso del Estado aprobó la Ley de víctimas. El nuevo estatuto desapareció el fideicomiso que estaba destinado para la indemnización de afectados y obligó a crear una partida presupuestal anual para un fondo especial. Además, se restó facultades de defensa hacia las víctimas a la Procuraduría Social, asumiéndolas el Sistema estatal de víctimas.

El Partido Movimiento Ciudadano refutó, sin éxito, que fuera la Fiscalía del Estado la instancia que contabilice el registro estatal de afectados. El argumento que se expuso entonces fue que “se corre el riesgo de convertir la Comisión en un apéndice del Ejecutivo y se limita el funcionamiento de la asesoría jurídica”.

Consejeras. El 27 de mayo de 2015, el secretario general de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, instaló la Comisión ejecutiva estatal de atención a víctimas, en la cual integraron a tres ciudadanas: Laura Beatriz Chávez, Alma Araceli Chávez y Martha Ceciliana Navarro.

Un día antes, el gobernador Aristóteles Sandoval presentó el Sistema estatal de atención a víctimas, cuya función es determinar en qué casos se aplicará la reparación integral a víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos. El primer acuerdo de la Comisión que siguió a este Sistema fue organizarla, estructurarla, trabajar en su normativa interna y designar una sede para atender a la ciudadanía.

GUÍA

¿Qué dice la ley?

El objetivo de la Ley de atención a víctimas de Jalisco es “reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en la Constitución”.

Pretende “establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades Estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral”.

El Artículo 9 de la ley establece que, entre los derechos de las víctimas del delito, está la reparación del daño de forma “expedita, proporcional y justa”.

Por su parte, el Artículo 18 señala que las víctimas “tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado, o de las violaciones de derechos humanos (…) comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y de no repetición”.

¿Qué alcances tiene la Comisión ejecutora?

Aunque hay pendientes en la compensación económica del daño para las víctimas de delitos o violación a los derechos humanos en Jalisco, la función de la Comisión ejecutiva no queda allí. Su enfoque principal es la “reparación integral” del daño, con medidas de atención inmediata y de protección para que el hecho por el cual se precisa la atención no ocurra de nuevo.

La otra cara de la Comisión es fungir como defensoría de oficio para las víctimas dentro del nuevo sistema de justicia penal.

¿Quiénes son víctimas?

Según la ley, todas las personas que sufrieron (de manera directa o indirecta) un daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier riesgo o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución, son víctimas.

Lo mismo va para los grupos, comunidades u organizaciones sociales que fueron afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos. Y la calidad de víctima se mantiene no obstante que el responsable del delito o violación a derechos humanos sea identificado, detenido o consignado.

GOBIERNO FEDERAL

Transforman a la Procuraduría

El 9 de enero de 2013 se publicó la Ley General de Víctimas en el Diario Oficial de la Federación, aunque se reformó mediante un decreto el 3 de mayo de ese mismo año. Fue una de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, en la meta “México en Paz”, que buscaba “garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación”.

Un año después (8 de enero de 2014) fue publicado el decreto por el cual se transformó a la Procuraduría social de atención a víctimas de delitos (Províctima), y convirtió a esa instancia en la Comisión ejecutiva de atención a víctimas, a la que se dotó de personalidad jurídica y patrimonio propios.

El Sistema nacional de atención a víctimas, también emanado de esa ley, se creó con el fin de “proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, así como las demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal”.

EL DATO

Lento proceso nacional

En todo el país hay 11 Comisiones estatales de atención a víctimas del delito instaladas, pero sólo siete están funcionando. En su momento, Jalisco fue la tercera Comisión instalada y funcional.

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