Exponen puntos de vista en foro sobre tortura en el ITESO

GUADALAJARA, JALISCO (15/ABR/2016).- Representantes de la sociedad civil, el Senado de la República y la Fiscalía de Derechos Humanos de Jalisco, expusieron sus puntos de vista en el Foro de Análisis "La iniciativa de Ley General contra la Tortura, transformación institucional o encubrimiento", organizado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
 
Por parte de la sociedad civil acudió César Pérez Verónica, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (Cepad), quien puso sobre la mesa la necesidad de que la iniciativa de Ley tenga un contenido de los más altos estándares en la materia, como protocolos internacionales y un reconocimiento a los marcos legales.
 
"Lo que estamos requiriendo es que salga un dictamen que recoja las observaciones de las organizaciones de la sociedad civil, y que el Senado lo apruebe de manera inmediata; ahora ya hay un pre dictamen que incluye el 90% de las observaciones; esperamos que se convierta en dictamen y sea aprobado por el Pleno del Senado".
 
Añadió que la ley deberá ser retroactiva, en el sentido de castigar a los funcionarios que han sido partícipes de tortura, o que durante sus gestiones gubernamentales se hicieron actos de este tipo.
 
Durante su intervención, el Senador panista, José María Martínez Martínez, resaltó que la Ley General debe contar con puntos fundamentales como la prohibición a la tortura, así como que se tenga conocimiento, persecución, procesamiento, investigación, castigo y prevención de los actos de tortura en todos los ámbitos.
 
"Ninguna prueba obtenida a través de tortura debe tener efectos jurídicos o validez, y por interpretación análoga, entonces que el Estado tenga la obligación de comprobar ante un juez, que las pruebas no fueron obtenidas a través de tortura o haber negado alguna garantía procesal a un detenido".
 
Una de las aristas que hay que tomar en cuenta, mencionó el Senador, es que la tortura tiene una discusión no menor en la sociedad, pues por un lado, está el derecho a la no tortura. Sin embargo, la otra arista social es que muchas veces se ve a estos actos como un uso necesario de la fuerza en el combate de los criminales.
 
"En ocasiones, la propia sociedad tiende a justificarlo porque se trata de un delincuente en potencia, y me parece que es algo que debiéramos analizar".
 
Por su parte, el Fiscal de Derechos Humanos de Jalisco, Dante Haro Reyes, destacó que hay que pensarse, más que en una Ley General, en una reforma constitucional donde se establezca de manera clara y precisa, la postura en derechos humanos en torno a la tortura.
 
Que la tortura no se trate sólo en cuestión de actos directos, sino también se le tome en cuenta cuando en actos de omisión que finalmente lleva a una violación de los derechos humanos.
 
Enumeró algunos puntos que, según su punto de vista, deben venir en la ley que próximamente será aprobada.
 
"Es necesaria la creación de unidades especializadas independientes; buscar esa parte de autonomía para que hagan el trabajo y no sean juez y parte, y que no ser presionados; también es indispensable el registro nacional de los delitos de tortura, no solamente por las dependencias, sino de otro mecanismo autónomo que pueda surtir el banco de información; hay muchas organizaciones que pudieran ayudar a vigilar".
 
El pre dictamen de la ley se aprobó ayer, jueves, y la aprobación final de la Ley deberá darse en el presente periodo ordinario, que vence el 30 de abril, en el Senado de la República.
 
EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR