Exigen procurador de Desarrollo Urbano “probo y profesional”

GUADALAJARA, JALISCO (12/SEP/2011).- La asociación del Parlamento de Colonias se pronunció hoy porque la elección del próximo titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco ( Prodeur), por parte del Congreso del Estado, se dé priorizando los intereses ciudadanos antes que los de las fuerzas políticas ahí representadas.

La Prodeur es actualmente encabezada por Aarón Vázquez Huerta, y es una institución que tiene como objetivo principal velar por la debida aplicación de la normatividad urbana en el Estado, y representar jurídicamente a los ciudadanos que se consideran afectados en sus derechos por una acción o intervención urbanística, es pues, un ombudsman en esta materia.  

Lo que advierte el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa, es que los “dados están cargados” para elegir a Gabriel Ibarra Félix como titular de la Prodeur, a quien no consideran un buen candidato debido a su participación en el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, en 2002, durante una administración que fue muy cuestionada por las autorizaciones que expidió para la construcción de fraccionamientos, los que estuvieron muy lejos de tener como directrices las de un desarrollo urbano sustentable.

Hay en estos momentos nueve candidatos registrados en la terna para la elección sobre la que decidirá el Congreso del Estado, entre estos está el propio procurador actual, Vázquez Huerta, y otro integrante de la Prodeur, Gilberto Hernández; para el Parlamento de Colonias, sin embargo, lo mejor sería que los diputados se decantaran por Carlos Aldana Ortiz, el abogado que ha llevado jurídicamente las causas de esa asociación civil, por ejemplo, contra la Villa Panamericana, que consideran dañina para El Bajío y la recarga de los mantos acuíferos.

En el discurso del Parlamento de Colonias es una constante el concepto de la crisis de representación política en Jalisco, es decir, parten de la convicción de que los intereses de los ciudadanos no rigen las decisiones de sus autoridades, tampoco las de los diputados, que responden primero a las posturas y pactos de sus partidos que al llamado de la sociedad.

Esta premisa –una brecha entre lo que quiere la sociedad y su representación política- se encuentra en la exigencia que hace Jaime Eloy Ruiz Barajas, miembro de la misma asociación cuando habla así: “Por lo menos ésta, que nos la dejen a nosotros”, refiriéndose a otras elecciones de cargos que ha hecho el Congreso, y que han sido criticadas en su legitimidad, como es el reciente caso de los magistrados y antes, la Presidencia del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (Itei).

Se destacó la importancia de la Prodeur para buscar un crecimiento en la ciudad que sea respetuoso con el medio ambiente y promueva la calidad de vida de sus habitantes.

El costo de los juicios
 
El Parlamento de Colonias asevera que el costo que implica la defensa jurídica de una causa urbanística en la vía judicial, juega muchas veces en contra de este tipo de asociaciones ciudadanas que no cuentan con los recursos necesarios para continuar con el proceso, también recuerda que deberían tener precisamente en la Prodeur a un representante que los guíe y apoye en este camino legal.

Por ejemplo, expuso Cárdenas Ochoa, en su juicio contra la Villa Panamericana ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado ( TAE), que llegó a causar una suspensión en sus trabajos, han tenido que invertir más de 700 mil pesos, pues cada dictamen pericial llega a costarles hasta 50 mil pesos, más otros gastos, como el pago que debieron hacer por copias certificadas a la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable de Jalisco (Semades) por 46 mil pesos.

Los juicios, concluye Cárdenas Ochoa, “son caros”, y eso los vuelve difícil de ganar para las organizaciones no gubernamentales.   

 
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA