Ex secretario de Tatengo libra cargos millonarios

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUN/2013).- El Congreso del Estado tuvo que modificar su decreto del 29 de noviembre de 2011, cuando rechazó la cuenta pública del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga de 2009, al hallar irregularidades sobre el ejercicio de 169 millones 450 mil 068 pesos.

Los legisladores habían determinado originalmente como responsables de los hechos al entonces alcalde, Antonio Tatengo Ureña, y a sus tesorero y secretario general, Carlos Romero Chávez y Armando Álvarez Chávez, respectivamente, y por eso fue a ellos a quien fincó cargos por ese mismo monto millonario.  

Sin embargo, un amparo concedido a Álvarez Chávez, el ex secretario general, por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en Jalisco, ha obligado al Poder Legislativo a librarle de dicha responsabilidad, pero sólo a él, así que el señalamiento sigue siendo válido para el ex alcalde y su tesorero.

Como sucedió con el otro decreto legislativo que acaba de quedar sin validez y que rechazaba la cuenta pública de 2009 de Tonalá, cuando Jorge Vizcarra Mayorga terminó su gestión como alcalde,  la justicia federal volvió a confirmar inconsistencias en el proceso de fiscalización llevado por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ),  y en este caso en particular, también por los mismos legisladores estatales.

Lo que concluyó el juzgador federal es que ni la ASEJ ni los diputados de la Comisión de Vigilancia tomaron en cuenta y valoraron los alegatos que presentó en su defensa el ex secretario general de Tlajomulco, y donde argumentó, por ejemplo, que era un servidor público que "carece de poder, imperio y facultad de decisión de los actos administrativos que fueron observados”, además de que "se negó a firmar el informe final que en su momento se emitió (por parte del Ayuntamiento) a la Auditoría Superior, pues no estuvo de acuerdo con los resultados arrojados al final del ejercicio 2009".  

El juzgador federal determina que el dictamen de la Comisión de Vigilancia del Congreso, y el propio decreto del pleno, que rechaza la cuenta pública 2009 de Tlajomulco, “carece de la debida fundamentación y motivación en razón de que  en su emisión, no tomaron en cuenta los argumentos hechos valer por el quejoso, al pretender solventar las observaciones que se formularon en su contra, lo que trastoca lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución”, donde se consagra el derecho a la legalidad.

Por todo ello, el 25 de mayo pasado se publicó un nuevo decreto del Congreso (24408) que reforma el de 2011 (23901), y donde se señala en su artículo único que se "dejan insubsistentes las responsabilidades atribuidas en el dictamen y decreto número 23901/LIX/11, por lo que ve exclusivamente al ciudadano Armando Álvarez Chávez”.

Para saber

El Congreso estatal también rechazó la cuenta pública de Tlajomulco de 2008, fincando un crédito fiscal por 177 millones de pesos; el ex alcalde Tatengo Ureña aseguraría el 8 de diciembre de 2011 que un juez federal lo había absuelto de los cargos.

EL INFORMADOR/ LUIS HERRERA