Evitan recursos de revisión para beneficiar a ciudadanos y eliminar red de corrupción

ZAPOPAN, JALISCO.-  La titular de la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias de Zapopan, Guadalupe Castillo Novoa, estuvo al tanto, por lo menos en uno de los casos, de la emisión de dictámenes procedentes para la instalación de comercios en zonas habitacionales, que contravienen el plan parcial de desarrollo urbano y sin la tramitación de un recurso de revisión previo.

El Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal de Zapopan, en su artículo 114, establece las facultades que le corresponden a esa dependencia, entre ellas: “Llevar el control fiscal y la expedición, en los términos de las leyes y reglamentos aplicables, de licencias y permisos para el funcionamiento de giros, respetando estrictamente los planes y el Programa de Desarrollo Urbano”.

A pesar de esto, la funcionaria dice que su Departamento de Dictaminación de Giros Comerciales está facultado para reconsiderar por sí mismo la autorización de comercios en zonas habitacionales; sin embargo, la Procuraduría de Desarrollo Urbano en Jalisco desmiente esta atribución de la dependencia municipal: “Mi conclusión, después del análisis de estos cinco expedientes (que documentó este diario el pasado lunes), es que quien propicia, o se enoja, o le molesta que ya no haya recursos de revisión, son los que cobraban por esos recursos, los que tenían el negocio y obtenían dinero por hacer… ese atorar los trámites a los ciudadanos y después liberárselos”.

La funcionaria mostró que en el expediente de la licencia comercial 1006041055 en una zona habitacional de Jardines de Guadalupe, ella dejó una nota para el director de Licencias, Alberto Williams, y el jefe del Departamento de Dictaminación, Ramón Melgoza, en la que señala que no tiene inconveniente para que se autorice el giro.

Según Castillo Novoa, que el departamento emitiera un dictamen procedente desde el inicio –aunque contradiga el plan parcial–, evitándole al particular que tramite un recurso de revisión contra una resolución improcedente, golpea a una red de corrupción en el Ayuntamiento y fuera de él: “Era un negocio bien establecido por unos cuantos particulares y servidores públicos corruptos que se acabó”.

Se le cuestionó que en los expedientes se encuentran reconsideraciones realizadas por la Dirección de Obras Públicas, pero luego de haber emitido un dictamen negativo que se revisó en una segunda instancia, por un recurso del particular, a lo que contestó: “Sí, lo que hacen es obligarlo (al ciudadano) a contratar un abogado para que genere un gasto el particular, y le pide a la autoridad que emita un dictamen al revés, y el negocio de los abogados es el que ya no se está haciendo”.

Ante el comentario de que están violando planes parciales con carácter de ley, respondió: “Esa es una forma de ver o de querer ver a favor de un negocio de unos particulares, pero esa no es la realidad. La realidad es que estamos haciendo el apego a la ley (sic) y el favor del ciudadano, nada más”.

Con respecto al caso de la licencia 1006040742, en que la Oficialía autorizó una granja acuícola y un restaurante, pese a que el dictamen de trazos, usos y destinos específicos de Obras Públicas había permitido sólo el segundo, apuntó: “El jefe de Dictaminación resuelve que le otorga la explotación de esas piletas (de la granja) porque si la autoridad competente (según dice, la Semarnat) no le dice nada, pues él qué le va a decir”.