Espera Congreso que Segob explique “incompetencia” para auditar el donativo

Aunque la Secretaría de Gobernación ( Segob) se declaró “incompetente” para revisar si el donativo otorgado por el Ejecutivo para la edificación del Santuario de los Mártires viola el Estado laico, el Congreso no ha recibido el comunicado oficial que explique las razones, por lo que espera que tal postura tenga sustento.
El diputado federal por Jalisco, Antonio Muñoz Serrano refirió que la Segob “tiene que hacer llegar por escrito los motivos (…) al Congreso, y si los diputados tienen otro cuestionamiento, irá de regreso la Segob para determinar quién tiene competencia para seguir con el caso”.

Cabe recordar que Ana Teresa Aranda, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, sólo dio acuse de recibo del punto de acuerdo que le remitió en días pasados la Cámara de Diputados, luego de que el pleno aprobara por mayoría que la Segob y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indagaran si hubo irregularidades en la entrega inicial de 30 millones de pesos, y el compromiso de 60 millones más a la Fundación Pro Santuario de los Mártires, que coordina la construcción del templo en el Cerro del Tesoro.

Muñoz Serrano dijo que en aproximadamente 90 días, la ASF determinará el procedimiento para fiscalizar los 30 millones de pesos que el gobernador Emilio González Márquez entregó el pasado 24 de marzo a la Fundación Pro Santuario de los Mártires, aunque adelantó que la ASF bien podría solicitar a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco ( ASEJ) que sea ésta la responsable de concretar la revisión, y pedirle que realice una fiscalización especial y extemporánea del recurso.

El legislador panista atribuyó a las “variadas ocupaciones” de la ASF, la imposibilidad de dicho órgano para auditar el recurso comprometido por el Gobierno estatal: “La ASF tiene una agenda que está atendiendo, y para no distraer su agenda que es aprobada por los diputados federales, le pide a la ASEJ que atienda esos temas”, explicó, y agregó confiando en una auditoría que “quien recibe recursos públicos se convierte en sujeto obligado, y quienes han recibido recurso tendrán la obligación de informar en qué lo están utilizando; la ASEJ, a través de los convenios que tiene con la ASF determinará si es recurso federal o estatal”.

 
La frase

“Si le corresponde a otra dependencia del Gobierno federal (revisar la posible violación al Estado laico), haremos la solicitud (…) que ningún jalisciense ni diputado federal tenga dudas del recurso que se ejerce en Jalisco”.
Antonio Muñoz Serrano, diputado federal por Jalisco (PAN)