Ensayo, error y justicia

Llevamos varios años ya que los medios de comunicación del país se ocupan de lleno en el gran vacío que tenemos los mexicanos en términos de justicia.

Por décadas ya, se ha estimado que de cada 15 delitos que se cometen, solamente uno se denuncia formalmente ante las autoridades. De ellos, 14 quedan perdidos en el temor o la desidia. Además, se ha comunicado que solamente 2% de las denuncias efectivamente realizadas encuentran una resolución final satisfactoria. ¡De mil 500 delitos cometidos y de cada 100 procedimientos que entran al proceso judicial, sólo dos encuentran salida acertada! Los restantes se pierden en el abismo etéreo de la esterilidad judicial.

Más que nunca, ahora requerimos gobernantes que sean capaces de atender las necesidades para lograr una buena administración de la justicia. Sin embargo, al parecer toda la clase política está distraída y perdida en las propias aspiraciones personales de poder.

Culpar, por el aumento de inseguridad pública, del crimen y del desorden social a la falta de respeto entre ciudadanos podría estimular el debate sobre las causas profundas del crimen y tendría la ventaja de atraer la atención hacía los problemas sociales que no pueden ser fácilmente superados y resueltos, como la pobreza o el desorden urbano. También traería la atención sobre la falla del Gobierno de enfocarse a las medidas más básicas necesarias para mantener la seguridad, como proveer a los ciudadanos de servicios públicos decentes y espacios de convivencia sana.

Es comúnmente aceptado en las democracias modernas que todas las relaciones humanas entre adultos deberían ser voluntarias. Las únicas acciones obligadamente prohibidas por las leyes serían aquellas que involucran el uso de fuerza en contra de quienes mismos no han usado la fuerza. Acciones tales como el homicidio, violación, robo, secuestro y fraude.

Para mantener la paz doméstica, quienes promulgan la libertad prefieren un sistema de Gobierno democrático por ser el más prometedor para ella. La democracia, por tanto, no es una institución revolucionaria como algunos pretenden hacer creer. Al contrario, es justamente el medio para prevenir las revoluciones y las guerras civiles. Supuestamente, provee un método pacificador para ajustar al Gobierno a la voluntad de la mayoría.

No obstante, se nos informa a diario que estamos en una guerra contra el narco organizado, de la que no sabemos a dónde nos lleva. La cantidad abrumadora de notas rojas periodísticas no se cansan de advertir que la mayor amenaza del Estado mexicano es la fragmentación institucional ocasionada por la inseguridad y la impunidad del crimen, el delito y la corrupción debido a la ausencia de una justicia eficaz, por un lado, y una complicidad generalizada de la sociedad por el otro.

Ahora que está de moda reformar al Estado, sería bueno también tomar en cuenta y revisar las causas de la ineficacia judicial. En otras, por ejemplo, a la famosa reforma electoral podría incluirse que los jueces y los ministros de justicia lo fueran por elección popular y reelegibles, si su trabajo brindara mejores resultados de los que ahora dan. Si no, pues a cambiarlos por los que sí funcionan. Pues en esto de la democracia, parece que el método de aprendizaje que los mexicanos hemos escogido es el ensayo y el error.