En La Huerta, 33 de 36 playas están privatizadas

LA HUERTA, JALISCO (23/JUL/2012).- Hay playas tan exclusivas en Jalisco que están listas hasta para recibir extraterrestres —en el cerro El Salatillo hay una escalera hacia el cielo, con botellas de vino para recibirlos—, pero donde la entrada a muchas personas está restringida. En el municipio de La Huerta hay 36 playas y sólo quedan tres con acceso público (La Manzanilla, Arroyo Seco y Bahía de Punta Pérula, que a la vez son las únicas que siguen en manos de ejidos). Al resto no se puede ingresar, ya que los propietarios de los predios que colindan con las zonas federales marítimo-terrestres han bloqueado todos los accesos para convertirlas en zonas exclusivas.

La privatización de las playas de La Huerta —como en el resto del país— comenzó ya hace varias décadas, pero sigue avanzando como un cáncer que deja poblaciones despojadas, campesinos sin tierra y pescadores sin acceso a su fuente de trabajo.

La mayoría de los predios aparecen a nombre de fideicomisos de bancos (hay más de 300, ya que esta figura permite que extranjeros sean propietarios), algunas familias y empresas como Imagen y Espectáculos de Lujo, Axolotl Inmobiliaria, Desarrollo de la Costa del Pacífico, Costa Chamela Corp y Pez Globo.

“Este paraíso es para puros millonetas; los magnates están apoderados de las mejores playas”, reflexiona indignado un pescador de la cooperativa de Punta Pérula, uno de los afectados por el cierre parcial del acceso a playa Careyitos desde el pasado 4 de julio.

Hay lugares que tienen tantos años privatizados que ni siquiera la población de La Huerta las conoce. Del Paraíso se cuentan maravillas. “Es la mejor”, prometen, alucinan, recuerdan unos cuantos viejos que pudieron disfrutarla en su infancia y otros que la contemplan a lo lejos desde sus lanchas.

El bloqueo parcial de Careyitos se suma al cierre reciente de la bahía de Tenacatita por parte de la empresa Rodenas (el 4 de agosto de 2010), que, a pesar de haber perdido la concesión de la zona federal marítimo-terrestre, sigue restringiendo el paso con apoyo de policías estatales.

Otro caso fue el desalojo de los habitantes de Chamela por parte de la Operadora Chamela, para avanzar con el proyecto Zafiro que en 2010 consiguió la autorización ambiental. La empresa presionó a 10 poseedores de fincas para que las dejaran a cambio de 300 mil pesos. Después de aquellos sucesos, Juan Valdovinos, uno de los opositores, pasó un año en la cárcel acusado de despojo, en Cihuatlán. Salió a finales de 2011. Lo declararon libre de cargos.

No obstante, no pudo regresar a Chamela —además de que le derrumbaron su vivienda y le quitaron todo su equipo para pescar, le impiden el acceso—, así que empezó de nuevo en la playa Careyitos. Pidió préstamos para comprar lancha y equipo de pesca. Todavía no termina de pagar, y ahora teme que el acceso quede totalmente bloqueado y se quede sin una sola playa en la que pueda trabajar, aunque constitucionalmente no se puede privatizar el litoral.

Los hechos, sin duda, demuestran la complacencia de las autoridades.

Bloquear el paso a Careyitos es despojo: La Huerta

Antes de que salga el Sol, los pescadores de Punta Careyes cruzan a pie el portón que colocó la empresa Imágenes y Espectáculos de Lujo (IEL) para restringir el acceso en vehículo a la playa Careyitos. Ellos, en short y chanclas, avanzan uno tras otro con baldes, equipo para bucear y bidones de 20 litros de gasolina apoyados en la cabeza o en el hombro.

Cuando terminan de pescar, ocho horas después de estar bajo el agua, tienen que guardar fuerzas para dar tres o cuatro vueltas para sacar baldes con el pulpo que obtuvieron en el día y subirlo a las camionetas que se quedan al ras de la carretera 200. Lo grave, explica “El Mere”, es que bucear a 15 o 20 metros bajo el agua genera cápsulas de aire en el cuerpo, y si hay una regla en el buceo es que está prohibido hacer fuerza después de salir: tienen que esperar a que el cuerpo se readapte a la presión de la atmósfera.

Para el director jurídico del Ayuntamiento de La Huerta, Iván Zárate, el bloqueo a este acceso puede configurarse como despojo y los pescadores pueden demandar en el fuero común.

El funcionario —quien ya había trabajado en dos administraciones anteriores— asegura que la vía más adecuada para resolver este conflicto es que el ayuntamiento de La Huerta solicite que se le entregue la concesión del litoral de Careyitos, de manera que se le revoque a la empresa el título de 2009 y que se traslapa en 20 metros cuadrados con la concesión que tiene la cooperativa desde 2005.

Hace 11 años, la empresa ya había colocado una pluma para restringir el acceso a la playa (incluso sin tener la concesión), pero el entonces alcalde perredista la retiró y los obligó a firmar un convenio en el que se comprometían a no bloquear la servidumbre de paso.

Iván Zárate considera que también debe presentarse una demanda civil para que se realice la declaratoria de la servidumbre.

“En principio hay un delito de despojo y en el fuero federal se viola la Ley General de Bienes Nacionales y el Reglamento de Zonas Federales Marítimo Terrestres al bloquear el acceso; entonces, también le pedimos a la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) que haga la declaratoria de ese libre acceso a la playa”.

La Huerta interpuso el 12 de julio pasado una denuncia ante esta procuraduría porque IEL colocó una puerta de madera a un costado de la carretera federal Barra de Navidad-Puerto Vallarta, sin espacio para que los vehículos puedan estacionarse en la carretera, por lo que privan a los visitantes de acceder “a esta hermosa playa”. Además —argumentan—, la empresa elige a quién deja ingresar, por lo que se viola el artículo 11 constitucional relativo al derecho de libre tránsito.

El viernes 22, empleados de la empresa El Tamarindo (también del ex banquero Roberto Hernández) colocaron junto al portón una lona que dice: “No te dejes engañar, nadie está privatizando esta playa, este portón se colocó para evitar que se construya ilegalmente una pescadería en propiedad privada (…) La playa es un dominio público”.

Este diario solicitó una entrevista con el teniente Martín Ortiz Quintero, ex alcalde de Cihuatlán (2004-2006) y representante legal de la empresa Imágenes y Espectáculos de Lujo. Al cierre de esta edición, no se había comunicado.

El título de concesión de los pescadores se otorgó el 16 de junio de 2005 sobre cuatro mil 160 metros cuadrados para restaurante, bodega de productos pesqueros, y varar y desvarar lanchas. Este año comenzaron a construir en zona federal —no en propiedad privada, como argumenta la empresa— una lonja pesquera con cinco millones de pesos que les otorgó la Secretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca (Sagarpa), pero la Profepa los clausuró porque en el permiso ambiental no se incluía la ampliación.

En cambio, IEL construyó hace un par de años un restaurante, aunque su título es sólo para uso de ornato. En este caso, no hubo clausura ni sanciones por parte de las autoridades ambientales.

Actualmente existe un juicio en el que los pescadores podrían perder la concesión, ya que nunca presentaron pruebas pues, en los días que tenían que ser entregadas, fue asesinado su representante legal, Aureliano Sánchez Ruiz.

Por ello es que el alcalde panista Carlos Román afirma que solicitarán a la Semarnat que la concesión se entregue al municipio de La Huerta: “Aunque reabrieran el portón, existe la posibilidad de que lo vuelvan a cerrar. Así que necesitamos una declaratoria que reconozca la servidumbre de paso y también que se revoque el título a la empresa”.

Iván Zárate resalta que los inversionistas ya tienen la “mala costumbre” de comprar terrenos que dan a la zona federal marítimo terrestre “y cerrar nuestras playas, no estamos de acuerdo”.

PARA SABER
Propietarios

Los que poseen mayor extensión de tierras en el litoral de La Huerta son empresas como Imágenes y Espectáculos de Lujo, la Operadora Chamela SA de CV, Costa Chamela Corp, Axolotl inmobiliaria, Pez Globo, Inmobiliaria Rodenas e Impulsora de Chamela.

Asimismo, de acuerdo a documentos obtenidos a través de la Ley de Información Pública del Estado, hay 380 propiedades a nombre de fideicomisos; la mitad son de Banco Nacional de México y el resto de BBVA Bancomer, Banco Azteca, Banco Nacional de México, Banco Mercantil del Norte, Blou Holdings, Banco BCH, entre otros. Es imposible conocer quiénes son los propietarios, muchos de ellos extranjeros.

PARA SABER
Concesiones para municipios

Para la Semarnat, los municipios son los responsables de no obligar a los propietarios de los predios colindantes con el litoral a que dejen vías de acceso. Los ayuntamientos, a la vez, dicen que le toca al Gobierno federal por ser responsable de concesiones federales.

Más allá de las omisiones en los tres niveles de Gobierno, las autoridades de La Huerta consideran que los municipios pueden ir recuperando las playas solicitando ser los titulares de las concesiones.

Este ayuntamiento ya logró revocar la de la empresa Rodenas y tener bajo su administración la de Tenacatita (aunque actualmente la empresa está dando la última batalla legal para recuperarla) y planea solicitar la de Careyitos.

El director jurídico de La Huerta, Iván Zárate, señala que administraciones anteriores lograban acuerdos de cabildo para obligar a los propietarios a abrir las playas, pero “nunca hicieron la gestión ante la Semarnat. Y eso es lo que ahora tiene que hacerse: cada que hay conflicto entre dos partes y perjuicio para la ciudadanía, el ayuntamiento tendrá la preferencia de uso destino”.

El funcionario enfatiza que éste es el camino legal para reabrir el paso a la costa. De acuerdo con un diario local, hay mil 238 usuarios en 280 kilómetros del litoral, 82% de la costa jalisciense.

CRÓNICA
“A dónde vamos a parar...”

La gente de la Costa es brava. Pero este monstruo es “muy peligroso”, se escucha entre las 200 familias que fueron desalojadas de la bahía de Tenacatita el 4 de agosto de 2010 por 150 policías estatales, que de un día para otro lo perdieron todo.

“Todos andan batallándole con el hambre”, dice Francisco Alvarado Garibaldi, “Ticho”, uno de los pocos que ha podido con su ingenio tener nuevos negocios para subsistir. Él tiene una concesión en la zona bloqueada y ni siquiera puede regresar por sus lanchas y su equipo para deportes acuáticos, porque no sabe cuáles son los alcances de las amenazas.

Para entrar a la bahía hay que cruzar una puerta de madera electrificada, en la que hay alrededor de 10 policías estatales, quienes piden identificación oficial y revisan todo el vehículo como si fuera un retén militar.

También se puede entrar por lancha. Pero para ello hay vigías acuartelados en las zonas altas de los cerros, quienes, con binoculares y armas largas, advierten al resto de elementos de seguridad que han ingresado “extraños”. Al intentar entrar por el mar, los vigías preparan sus armas en alerta y por tierra se acercan policías a advertir que no se pueden tomar fotos del lugar. “¿Pues qué estamos en Vietman?”, les cuestiona el activista Salvador Magaña, uno de los principales defensores de la apertura de las playas. Otro elemento se baja de la patrulla 3217 (placas JR74670) y presiona para que todos salgan de esta playa, en la que sólo quedan ruinas de lo que fue un asentamiento de más de 50 años y el sustento de vida de cientos de personas.

En todas las poblaciones de La Huerta se preguntan por qué el Gobierno del Estado apoya a una inmobiliaria y a qué responde tanta vigilancia y control de estos territorios…

Un integrante de la Cooperativa de Pescadores Punta Chamela observa desde su lancha la infinidad de mansiones y por cada una recuerda anécdotas de príncipes, de romances, de rincones paradisiacos para hacerse “garras”, actores, políticos, condesas, aeropistas privadas, casas rentadas para producir reality shows de la televisión y místicos que perforan cerros para convertirlos en tumba o que tienen hasta infraestructura para que aterricen extraterrestres…

También cuenta cómo van de playa en playa buscando el sustento, “porque de esto vivimos: nos sacan de una playa, de otra… nos quieren despojar de todo, quieren que nos muramos de hambre, cierran las playas para evitar a los curiosos, como ora nosotros… no les gusta mezclarse”.

“Yo conozco a muchos”, sigue contando. “Hay algunos, como los Goldsmith, que han sido generosos, pero la pura verdad es que a la mayoría de europeos no les gusta mezclarse con los mexicanos”.

Tan no les gusta, afirman los pobladores, que recibirían con gusto a ovnis, pero impiden que los turistas y la gente local acceda a estos parajes de Careyes y Cuitzmala.

En la Costa de Jalisco antes había muchos ultramillonarios; “ahora llegan puros largos”. ¿Son peligrosos? “¡Aaaah, sí, cómo no!”. El pescador pregunta si se dará su nombre, porque luego todos se van y los dejan con la brasa ardiendo. Calla unos segundos y piensa en voz alta: “A dónde vamos a parar, como dice El Buki, ‘a dónde vaaamos a paararr’”, tararea con la alegría que mantiene a estos costeños en resistencia.

DATOS
El perfil de La Huerta

23 mil personas, según el Censo de 2010.

Sólo 15 mil tienen acceso a la salud.

Hay dos bibliotecas.

Mil 176 tienen estudios a nivel profesional y 68 tienen posgrado. El promedio de escolaridad de la población de 15 y más años es de 6.9.