En Corto

CUENTAS CLARAS

En la sala regional del Tribunal Federal Electoral ya llegó el pago de las dos multas que le impusieron al presidente del Partido Nueva Alianza, Carlos Salazar Machado, por haber presentado sendos recursos en contra del alcalde de Zapotlanejo y diputado electo panista, Héctor Álvarez, en forma conjunta, con los partidos del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD) para evitar que llegara a la próxima legislatura, en donde aparecieron firmas falsas. Las multas ascendieron a casi 22 mil pesos, las cuales fueron finiquitadas como crédito a la Secretaría de Hacienda, y además se envió el expediente a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para la investigación de los documentos apócrifos, mismos que se adjuntaron certificados de parte de la Secretaría General del tribunal, para que no hubiera problemas en la investigación.

CON QUÉ VAN A CONTAR

El día de ayer estuvo por estas tierras el coordinador de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Rojas. La visita fue muy discreta, en un salón del hotel que se encuentra en la Minerva. Se reunió primero pasado el medio día con el comité estatal, y horas después por la tarde con los alcaldes electos, Héctor Vielma y Miguel Castro, ya que Antonio Mateos anda por la Madre Patria y Aristóteles Sandoval no alcanzó a llegar. De los temas que se trataron fueron el Presupuesto de Egresos de la Federación y cómo pedirían los recursos.

AL CABO HAY PARA TODOS...

En el caso de los tres magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que tienen que ser reintegrados a sus cargos al ganar su juicio de amparo en contra del Congreso, se les va a complicar a los diputados; resulta que para poder cesarlos, se modificó la Constitución, para que el pleno lo integraran sólo 35 magistrados y con la orden federal quedarían 39 y no se podría. Por lo que ahora, de nueva cuenta tendrán que reformar lo reformado y dejar abierta la cantidad de integrantes para darles chamba a los que regresan y a los que ya estaban. La medida que se tomará obedece a que los magistrados que recién ingresaron, dos son afines al regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Chema Martínez, y uno más al coordinador perredista Samuel Romero, por lo que las presiones son que se reforme la ley y así no desproteger a su gente.

LA COSA ES QUE CAIGA LA LANA

Entre la fracción priista en Tonalá están analizando la amenaza de los panistas de hacer que la regidora Gladys López se desista de los recursos de amparo que impiden el préstamo por 130 millones de pesos, ya que fue una decisión del cabildo. Dicen que en caso de que se niegue, incurrirá en un desacato y se le podría iniciar un proceso administrativo, incluso que el mismo síndico podría desistirse en su nombre como representante legal del Ayuntamiento, ya que ella lo presentó en su carácter de regidora. Total, todo un embrollo.