En 2016, nueva sede de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

GUADALAJARA, JALISCO (16/NOV/2015).- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje estrenará nuevas instalaciones durante el primer semestre de 2016.
 
A reserva de que el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval anuncie los detalles de ubicación e inversión del proyecto, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (StyPS), Héctor Pizano Ramos adelantó que tiene cuatro opciones para mudar la sede de la Junta Local a un inmueble ubicado en la zona Centro o a construir otro espacio.

El funcionario resaltó que este proyecto es una deuda pendiente con la ciudadanía, ya que desde hace más de dos décadas se prometió cambiar las instalaciones a un lugar más grande y digno para los usuarios.
 
"Creo que es muy importante, porque es una promesa de hace 25 años que no se cumplió y que el gobernador se ha empeñado en que en esta administración se logre este esfuerzo, y pueda darse un espacio digno a quienes trabajan aquí, así como para abogados o demandados".
 
Las actuales oficinas de la Junta Local, ubicadas en Humboldt 132 en la Colonia Centro, serán destinadas al Proyecto de Ciudad Creativa Digital.
 
A la par del cambio de sede, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social trabaja en realizar una reestructuración completa al sistema de operación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para eliminar prácticas de corrupción y agilizar los trámites recibidos.
 
Pizano Ramos informó que se realizó una depuración en la plantilla laboral, por lo que se despidieron a 10 personas y se rotó a algunos presidentes de juntas locales y a trabajadores.
 
Con estos cambios, se ha detectado un déficit de cien personas para la operación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por lo que en una segunda etapa se reforzarán las contrataciones.
 
Respecto al combate a la corrupción, el secretario del Trabajo destacó que permanecen alertas ante la aparición de los denominados abogados ''talibanes''.
 
A pesar de que hace un par de meses se tipificó como delito dichas malas prácticas, el funcionario indicó que no han acumulado suficientes argumentos para castigar a quien incurra en inconsistencias.
 
"Nosotros no podemos prejuzgar y es por eso que no podemos llevar a cabo denuncias por lo que presuntamente conozcamos, sino que los afectados son los que tienen que acudir a la Fiscalía", puntualizó Héctor Pizano.
 
Del 2012 al 2015 se han registrado 40 denuncias en contra de abogados talibanes y ocho funcionarios fueron separados del cargo.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ