Elisa Ayón, productividad sin relevancia

GUADALAJARA, JALISCO (15/NOV/2013).- La regidora con licencia del ayuntamiento tapatío, Elisa Ayón Hernández, fue maestra y directora de escuelas primarias. Luego diputada plurinominal y buscó la candidatura a la alcaldía de Guadalajara. Terminó descubierta en un audio afirmando que sería la gobernadora de Jalisco, al tiempo que orquestaba presuntos actos de corrupción.

Y conforme su vida política caminaba, sus sueldos aumentaban. De los cerca de siete mil pesos mensuales que ganaba como docente, hasta casi el millón y medio de pesos que se alcanzó a embolsar como integrante del cabildo tapatío en apenas un año de servicio.

Sin embargo, su trabajo no se caracterizó por ser relevante.

En la LIX Legislatura, la entonces diputada, quien presidía la Comisión de Desarrollo Humano, señaló que presentó ante el pleno del Congreso 95 iniciativas, 48 son iniciativas de ley, 31 acuerdos legislativos y 16 iniciativas de decreto.

Sus temas principales fueron las propuestas de cambios al Código Penal y sus intervenciones en materia de un reparto más equitativo en los programas sociales. Sin embargo, en la propuesta del presupuesto 2013,  obvió que no se haya destinado un solo peso a la compra de despensas.

Esta casa editorial publicó que cinco de los ocho exintegrantes de la Comisión de Educación, en la pasada Legislatura, dobleteaban en el sector educativo. Entre ellos estaba la entonces líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Elisa Ayón Hernández.

De acuerdo con la nómina de la Secretaría de Educación Jalisco, la ex diputada Ayón percibió hasta agosto de este año más de 10 mil pesos por dos plazas como directora de escuelas primarias.

En ese mismo año se dio a conocer que había trabajadores supernumerarios que tenían que entregarle la décima parte de su salario a la diputada.

En su paso por el Ayuntamiento tapatío, Elisa Ayón presidió la Comisión de Desarrollo Humano, Social y Participación Ciudadana. En su informe de actividades, fechado en agosto de este año, se da cuenta de 10 sesiones, entre las que están la instalación y la presentación del plan de trabajo.

En el primer año de actividades se dictaminaron 48 asuntos, 40 correspondían a la pasada administración y sólo ocho a la presente. De ellos, Ayón Hernández hizo dos iniciativas propias: la primera tenía como fin exhortar al director del DIF Guadalajara para que entregara información sobre programas sociales; y la segunda fue instruir a la Secretaría de Desarrollo Económico que separaran bolsas de dinero para dar empleo a personas mayores de 40 años.

• RESPONDE A SOLICITUD DEL PAN

Indagar a todo el pleno, una “vacilada”: alcalde

La solicitud que hizo la fracción del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara, para que la investigación de la Fiscalía General contra la regidora Elisa Ayón Hernández se amplíe hacia el resto de los ediles tapatíos, le suena más bien a “vacilada” al presidente municipal, Ramiro Hernández García.

El munícipe parte de que el Ministerio Público (MP) no puede andar por ahí emprendiendo indagatorias sin un hecho que lo justifique.

“Siempre debe de haber una razón para que haya una investigación. Nadie está por encima de la ley ni a salvo de una investigación cuando haya señalamientos y argumentos que así lo amerite, (pero) no hay por qué, tampoco hay señalamientos, pareciera  que se hubiera vuelto una moda pedir que se investigue a todos, esto, en un momento dado, suena a vacilada, creo que hay que darle seriedad y formalidad a los casos que verdaderamente ameriten una investigación”.

Luego, agregó: “En lo que corresponde al Ayuntamiento, como presidente municipal, les expreso que hay la determinación firme para que cualquier señalamiento que se haga de incumplimiento de la ley sea investigado y sancionado”.

El planteamiento que hizo el PAN para que la Fiscalía indague a todo el cuerpo edilicio, considera, además, que la coordinadora del PRI, Verónica Flores Pérez, solicite licencia a su cargo —como lo hizo Elisa Ayón Hernández—, por el audio que reveló la fracción del Movimiento Ciudadano, y con el que pretende involucrarla en la venta de quioscos para el Centro Histórico que ha generado ya denuncias penales por fraude, algo de lo que se ha deslindado la líder del grupo tricolor.

Con respecto a la permanencia del ambulantaje en zonas comerciales como Obregón, y a cuyos vendedores formales la regidora Ayón Hernández les solicitó dádivas  a cambio de activar los operativos para retirarlos, dijo el alcalde que intervendrán, y que no habrá tolerancia hacia su actividad, ni nuevos permisos para la informalidad en la época navideña.

“Lo deseable sería efectivamente ordenar la zona, que es parte del compromiso que tenemos y nos hemos propuesto, desde luego que redoblaremos la vigilancia y las acciones para cuidar el orden; sé que hay comerciantes que tienen años ahí y que evidentemente algunos tienen permiso, otros lo hacen de manera indebida, buscaremos corregir las irregularidades que existan y obviamente no habrá comerciantes que no tengan permisos. No habrá tolerancia para nada que se aparte de la ley y del reglamento municipal”.

• COMERCIO AMBULANTE

Defraudados del Centro denuncian penalmente

Comerciantes del Centro Histórico de Guadalajara que fueron defraudados con la compra de quioscos que, supuestamente, serían autorizados por el Ayuntamiento tapatío, presentaron desde el 12 de noviembre una denuncia penal en contra de una asociación de ambulantes y de servidores públicos municipales.

El coordinador del Movimiento Ciudadano (MC), Salvador Caro Cabrera, dio a conocer que 14 comerciantes decidieron denunciar el fraude que le atribuyen a la Unión de Comerciantes Ambulantes de la Zona Centro de Guadalajara A.C., —un grupo ligado y protegido por el PRI en el Centro Histórico, según el edil—, así como al ex secretario general, Tomás Vázquez Vigil, y al funcionario Alberto Morales de esa misma dependencia municipal.

Lo que Caro Cabrera sostiene es que esa Unión de Comerciantes se coludió con los servidores públicos para ofrecer quioscos a un costo de 80 mil pesos; el pacto habría considerado que los segundos se encargaran de gestionar y lograr al interior del Ayuntamiento la autorización de los módulos.

Vázquez Vigil niega la acusación y el presidente municipal tapatío, Ramiro Hernández García, asegura que la venta de quioscos sí fue un fraude, pero en el que no participaron servidores públicos. Ahora 14 ciudadanos que pagaron por tener uno de esos módulos están esperando que el Ministerio Público (MP) persiga a los autores de este delito.

El esquema completo, según la fracción del MC, pudo haber superado los cinco millones de pesos de ganancias, pues consistía en 70 quioscos. El actual secretario general, Jesús Lomelí, ha reconocido que existe un proyecto de reforma reglamentaria para autorizar la venta en el espacio público del Centro Histórico, lo que hoy en día está prohibido.

Ayer por la mañana el ex secretario general, Vázquez Vigil, acusado por el regidor Caro Cabrera de haber recibido un millón 360 mil pesos por esta venta de quioscos, denunció penalmente al edil, y le solicita al Ministerio Público que lo cite a declarar para que pruebe sus dichos, o de lo contrario estaría ocultando un ilícito.

Cuando Caro Cabrera expuso este caso, mostró un audio en el que, dice, habla el líder de comerciantes Antonio Santos, a quien se le escucha decir que Tomás Vázquez Vigil había recibido tal cantidad millonaria. Todo esto es negado categóricamente por el ex secretario general del Ayuntamiento tapatío.