El motor y los adornos

Además del “puente”, la Constitución del 17 nos dio estabilidad social, que no es poca cosa. Fue una Constitución que, a diferencia de la mayoría, no buscaba fundar o refundar un país sino pacificarlo, y en ese sentido su espíritu está construido por voluntades más que por principios. Es decir, como fue el resultado de un conflicto, en ella se incluyeron los deseos, las demandas y las exigencias de las partes, lo cual es extraordinario, en tanto que representa una verdadera síntesis de la voluntad nacional y gracias a ello se pudo construir a lo largo del siglo XX un país que fue de raíz incluyente. El problema es que cuando tenemos una Constitución construida a partir de deseos y no de principios su aplicación se vuelve compleja, si no imposible; garantiza tantas cosas que termina por no ser garante real de nada.

Los principios de una nación, una asociación o una empresa son aquellos elementos intocables que le dan estabilidad a largo plazo. Imaginemos la asociación más simple, un club deportivo, que cambie sus estatutos cada año. El resultado sería caótico, pues los socios nunca sabrían bien a bien a qué atenerse, unos conocerían unos principios y el resto otros, cada quien pelearía por generar los cambios que le sean convenientes y la estabilidad del club sería nula. Eso que nadie desea en su club o asociación civil es lo que le sucede a nuestro país. Cada presidente, cada legislatura, cada bancada quiere hacer modificaciones a la estructura institucional del país, con lo que hemos logrado un monstruo poco aplicable. Qué tiene que ver, por citar un ejemplo, el derecho a la libertad de expresión con la protección de que los bienes de los talleres de impresión no serán confiscables (“en ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito”), como lo establece el artículo séptimo. El principio a defender es la libertad de expresión, los derechos laborales y de propiedad del taller, no es que sean menos importantes sino que simplemente no son materia de una Constitución y, sin embargo, ahí está. Como ése hay decenas de ejemplos, que lejos de facilitar la aplicación de la ley la hacen confusa y difusa.

El problema fundamental de este país es la impunidad, que tiene mucho que ver con la forma en que construimos la estructura del Estado. Cuando los principios constitucionales son negociables, porque se saben imposibles, la certeza jurídica se vuelve un concepto gelatinoso, y la aplicación de la ley una negociación permanente. Dicen los juristas, con mucha razón, que no se requiere una nueva Constitución sino aplicar la que tenemos. El problema es que manejar el Estado con la que tenemos se vuelve sumamente complejo, es como conducir un torton lleno de adornos, con la exigencia de que no se caiga ninguno y la obligación de cuidar por igual el motor, las llantas y el adorno del espejo. De que se puede se puede, pero la velocidad es otra. Una nueva Constitución no es indispensable, pero de que nos haría a todos la vida más fácil y la aplicación de la ley más efectiva no tengo duda. Eso sí, el “puente” lo podemos respetar.