''El caso que detonó…''

Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial de Hermosillo, desapareció el 2 de abril de 2005, cuando tenía 26 años de edad. Investigaba sobre las organizaciones criminales en el Norte del país, particularmente sobre los vínculos entre el grupo de los hermanos Beltrán Leyva y los capos del cártel de Sinaloa, encabezados por Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada e Ignacio “El Nacho” Coronel, y de todos ellos con autoridades locales y federales.

Tras la desaparición de Alfredo, y la presunción fundada de que había sido asesinado, a finales de enero de 2006, editores de 40 diarios mexicanos y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dieron a conocer un equipo de periodistas que integraban el “Proyecto Fénix”, y que tenía como misión investigar y profundizar en los casos y los trabajos que realizaban ocho reporteros asesinados o desaparecidos por aquellas fechas en México.

El grupo de reporteros abordaría en primer lugar el propio caso de la desaparición de Jiménez Mota, el avance de las pesquisas federales y los datos recabados en torno a los principales sospechosos, entre quienes, se presumía, estaban no sólo líderes del crimen organizado sino poderosos funcionarios y ex funcionarios de distintos órdenes de Gobierno. Este trabajo se publicó simultáneamente en abril de 2006 en más de un centenar de periódicos de México y diarios del Sur de Estados Unidos, como una forma de enfrentar al crimen organizado y la autocensura.

El acuerdo para la realización de aquellas publicaciones formaba parte de la denominada “Declaración de Hermosillo”, suscrita el 30 de agosto de 2005, cuando los editores de los 40 periódicos firmaron un pacto para fortalecer la protección de periodistas.

De la desaparición de Jiménez Mota se ha escrito mucho en los últimos cinco años y cuatro meses, y no parece haber duda que culminó en un brutal asesinato en una finca de las llamadas “de seguridad” que habilitan los grupos delincuenciales para actuar a placer a la sombra o con el consentimiento de las autoridades que deberían perseguirlos. Marcó un parteaguas en las tomas de posición de periodistas y directivos de medios de comunicación sobre los riesgos que se corren en México para desempeñar el oficio periodístico.

El ¡Ya basta! que se levantó en 2005 en amplias porciones del periodismo mexicano ha derivado, como consecuencia del trabajo concertado de comunicadores y académicos, en un puntual recuento de los hechos violentos con los que se ha pretendido acallar a los periodistas que no son sino vehículos para establecer relación con la sociedad que tiene derecho a saber. Este recuento ofrece un panorama desolador: en una década se han acumulado 64 asesinatos y 11 desapariciones de comunicadores, la mayoría de los cuales, muy probablemente, han estado asociados a la acción del crimen organizado.

Las voces de protesta, lejos de irse silenciando, se multiplican. El secuestro de varios comunicadores en la región lagunera, en el contexto de un grave clima de violencia e impunidad, ha hecho que se registren nuevas manifestaciones como la del sábado pasado en la capital del país y siete entidades más. Debe quedar claro, para los delincuentes y las autoridades, que no habrá silencio impuesto por el terror.