El caso Miguel Ángel: buenos pasos y tareas pendientes

GUADALAJARA, JALISCO.- Ahora que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace pública la recomendación 12/2010 dirigida al titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege, queda ver si la acepta, y aunque no señale a ninguna autoridad estatal y municipal como involucrado en la muerte de Miguel Ángel López Rocha, fallecido en 2008 por ingesta de arsénico del río Santiago, la CNDH sí presentará una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República e integrará una averiguación previa contra los funcionarios de la CNA que resulten involucrados. Y dado que la Comisión Estatal del Agua, a cargo de César Coll, participa estrechamente con la CNA, lo que es público y notorio, y han tomado en conjunto decisiones cruciales que afectan a Jalisco, se esperaría que la PGR incluya en su investigación a funcionarios de este organismo descentralizado entre los que determine culpables.

Es de lamentar que ambas comisiones omitieran los nombres de funcionarios que, claramente, son corresponsables de la muerte del pequeño: el gobernador Emilio González Márquez, el titular de la CEA César Coll, el ex secretario de Salud Alfonso Gutiérrez y el actual, Alfonso Petersen. Son cómplices los ex presidentes municipales de El Salto y los regidores que cambiaron el uso de suelo de industrial a mixto y autorizaron licencias para construir viviendas en zonas de alto riesgo, como en La Azucena, donde vivía Miguelito. Desolado, un amigo me compartió su sentir: “Aquí no se vive: se existe y se muere”.

Depende del desenlace de la recomendación de la CNDH para poder valorarla como un parteaguas. Por lo pronto, considero se han dado buenos pasos: se terminaron los tiempos de la negación oficial y de una parte de la opinión pública; se establece la relación contaminación-enfermedad y muerte; se diagnostica el problema; se declara asunto de salud pública que afecta a una población en 14 municipios; señala como obligación advertir a la población de los riesgos que corren por vivir en las cercanías e inmediaciones del río y se cae por los suelos la encuesta de percepción de la secretaría de Salud.

Y es que Petersen lleva una pesada carga en este asunto: cuando fue titular de Salud durante la administración de Ramírez Acuña, luego como fallido presidente municipal y de vuelta al cargo en Salud, se ha dedicado, con vehemencia, a negar la realidad. Petersen dice que nunca negó la intoxicación por arsénico de Miguel Ángel, pero no lo afirmó públicamente y no respaldó a su colega, el doctor Mario Rivas Souza.

Ha quedado como ignorante o mentiroso y sigue sin atender las necesidades apremiantes de la población en El Salto. Se niega a construir un hospital de primer nivel como le solicitan, ya que sólo cuentan con una clínica-dispensario que a veces abre y otras, pues no. Petersen insiste en que sean los afectados de El Salto los que vengan a la capital a ser atendidos. No comprende que eso resulta difícil: apenas alcanza para los medicamentos que el sistema no surte, menos se cuenta con recursos para un transporte adecuado o para los gastos de un familiar que los acompañe. A veces se necesita una ambulancia para trasladar al enfermo. Gestionarla a través de una institución toma días y se convierte en un lujo a pagar.

Sin la presa de Arcediano, el daño ecológico, el dispendio de recursos por parte de Coll y Luege, la destrucción del pueblo de Arcediano y del antiguo puente colgante, me intriga: ¿Cómo piensa Coll remediar la devastación en ambos márgenes del Santiago? Es increíble se le facilitaran a Coll mil millones de pesos para puros estudios y obras de destrucción masiva en un proyecto condenado de antemano, mientras ni media gota del río ha sido saneada. ¿En dónde está resguardado el puente y cuándo lo van a reconstruir “piedra por piedra" en su sitio original? La CEA contrata seguridad privada, en este caso, La Guardia Pretoriana –de veras- y viola el derecho de libre tránsito a cualquiera. No se ha podido documentar lo que sucede en las entrañas de la Barranca de Huentitán, uno de los ecosistemas vitales para la viabilidad de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que no es propiedad privada para hacer y deshacer por quienes están temporalmente sirviendo en las instituciones públicas.

Repasemos como reaccionaron los medios cuando Miguel Ángel agonizaba. La mayoría, con sus pocas excepciones, abrieron sus estaciones, noticieros y primeras planas a una exclusiva pasarela de funcionarios, y de la cúpula de industriales, para justificar su indolencia, alardeando frivolidad y un sin fin de infamias contra los padres del niño -los acusaron de parricidio-, también contra los ambientalistas y, para el caso, contra cualquiera que los cuestionara. Y fue en mucho gracias a la sociedad organizada y medios que nos acompañaron, salieran las recomendaciones de ambas comisiones. Hoy, todos aquellos que tomaron postura oficial sin dejar espacio a los agraviados o a terceros para desmentir los dichos de los funcionarios, guardan un vergonzante silencio. Incluso, un editorial del diario Mural, estableció el concepto de la duda razonable, así dejaron tranquilas a las buenas consciencias durante dos años, duda fruto de la conveniencia o la ignorancia. Sigue siendo decepcionante ver que a los más prestigiados editorialistas locales el tema no les merezca la menor importancia.

Y si el saneamiento giró siempre en torno a la hipotética presa de Arcediano, tanto que Francisco Ramírez Acuña llegó a declarar que si no había presa, no habría saneamiento ¿es eso lo que se pretende? Se ve que un grupo político local está bien arropado, pues el único señalado en la recomendación es un secretario de Estado, quien podría acabar como chivo expiatorio (o ni eso), dejando intactos a funcionarios de menor rango. Hay denuncias penales contra Luege y contra las constructoras y una demanda por indemnización por parte de los padres del niño. Es de sospechar que la CEDHJ, no hiciera mención de los funcionarios estatales y municipales involucrados ni haya hecho uso de sus facultades para presentar denuncias penales. Hasta ver bajo qué términos Luege acepta o no la recomendación, quedarían dos recursos a seguCir: la atracción del caso por la Suprema Corte y recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿A qué hora vamos a escuchar a los involucrados en la muerte de Miguel Ángel desdecirse, arrepentirse de su desdén y presenten su renuncia? Mintieron e injuriaron para seguir manejando el millonario presupuesto y gozar de impunidad.

El Gobierno del Estado tiene la obligación moral de pedir disculpas y desagraviar a la familia López Rocha. Debe, también, reivindicar la trayectoria del doctor Mario Rivas Souza, a quien el Gobierno Estatal le calló la boca con una autopsia a modo. Los académicos, científicos, técnicos y abogados; los periodistas, los activistas ambientales; los defensores de derechos humanos y todos los que estamos involucrados desde el inicio en el caso, y lo estaremos hasta que se haga justicia, no necesitamos disculpas ni reivindicación alguna: la razón siempre estuvo de nuestro lado y lo digo no sin un dejo de amargura.

¿No que no existía la sociedad civil organizada?

Mónica Pérez Taylor es activista ambiental.