El alcalde tapatío delinque por retraso en obras: comerciantes

GUADALAJARA, JALISCO.- Miembros de la asociación civil denominada Consejo Estatal de Comerciantes Establecidos y Prestadores de Servidores de Servicios de Jalisco, encabezados por José Luis Romero Chávez, interrumpieron este día una conferencia de prensa del diputado priista Jaime Prieto Pérez, para entregarle copia de una solicitud de juicio político contra el alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, después que el Gobierno municipal reconoció que los trabajos de remodelación del Centro Histórico se retrasarán una vez más.

Romero Chávez se dirigió al diputado del PRI y le anunció que dejarían la solicitud en las instalaciones de Oficialía de Partes del Congreso estatal. “Todo está documentado, respaldado legalmente. Los comerciantes del Centro Histórico son personas honorables y no es posible continuar con este daño que se está provocando”, indicó el dirigente de la asociación, quien acudió al lugar acompañado por otros miembros del consejo.

Prieto Pérez les respondió con una felicitación pública por “su compromiso social” y aseguró que aunque él no es miembro de la Comisión legislativa de Responsabilidades, que deberá conocer la solicitud de juicio político, cuentan con el respaldo de la fracción de diputados del PRI.

José Luis Romero, Guillermo Ruiz Sandoval y José Vázquez Villaseñor, rubrican la solicitud de juicio político, en la que argumentan: “... consideramos que ha incurrido en la comisión de diversos ilícitos de carácter penal, tipificados en el Código Penal del Estado de Jalisco, derivados de diversas acciones y omisiones, que han incidido en daños y perjuicios, lucro cesante, lesiones ocasionadas a comerciantes del Centro Histórico de esta ciudad y prestadores de servicios”.

Los quejosos recuerdan en el expedientes que ya han presentado quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ( CEDHJ), mismas que en su momento serán ofrecidas como prueba y anotan, en otra parte del escrito entregado en el Congreso: “... descubrimos que la autoridad municipal no tenía entre sus planes, consensar esta obra con sus gobernados, como es su obligación, siendo que así lo contempla el artículo 115 Constitucional y la Ley Orgánica Municipal, que no tenían proyecto ejecutivo, porque nunca nos lo quisieron mostrar (y) mucho menos, una coordinación estrecha con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Procuraduría del Medio Ambiente, con el SIAPA, la Comisión Federal de Electricidad, Telmex, Megacable, etc.”.

EL INFORMADOR / JORGE OCTAVIO NAVARRO